Juan Sebastián Chamorro, líder de la oposición: "Nicaragua enfrenta una dictadura como ni siquiera en los tiempos de Somoza"

Mientras miles de manifestantes exigían la renuncia del presidente Daniel Ortega —cuya represión ha dejado 350 muertos, según estimaciones locales, en más de tres meses de protestas— en la marcha denominada "Juntos somos un volcán", el líder de la oposición Juan Sebastián Chamorro aludió a la "política estatal de exterminio" y "la barbarie y la crisis humanitaria y de violación de derechos humanos que está viviendo el pueblo de Nicaragua".

En el programa "Cada tarde", que Agustín Acosta y Carinés Moncada conducen en la radio de Miami Actualidad 1040, el miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y sobrino de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro dijo que el pueblo nicaragüense tiene la certeza de que enfrenta "una dictadura como ni siquiera en los tiempos de Somoza".

Anastasio Somoza, derrocado en 1979 por el Frente Sandinista (FSLN), se mantuvo dos periodos por la fuerza, y entre sus numerosas víctimas se halla el tío de Chamorro, el periodista Pedro Joaquín, quien denunció en el diario La Prensa la corrupción y la tortura del dictador apodado Tachito. "En tiempos de Somoza había cierta independencia de algunos jueces que fallaban en contra del régimen", comparó el dirigente. "Hoy no existe nada de eso. Estamos hablando de un poder absoluto que se ha venido consolidando en 11 años y que, cuando se da la protesta, sin duda acude a las armas de fuego".

Chamorro explicó que existe incertidumbre sobre la cantidad de muertos: "Los números pueden oscilar entre 250 y 350 muertos". La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha comprobado al menos 264 casos. "Hay, además, unos 200 desaparecidos", agregó.

En cambio, existe certeza sobre el modo de operación: una fuerza de paramilitares que dispara "con balas de alto calibre" a "la cabeza, el cuello, el tórax, la espalda". Esas "acciones premeditadas" se cometen contra "los estudiantes, la gente en los barrios, los empresarios, los sindicatos", agregó. "Estamos hablando de una revolución cívica sin precedentes en la historia de Nicaragua".

Acosta le preguntó sobre los rumores que señalan que Ortega ha hablado con diplomáticos internacionales para negociar dos cosas: "poderse quedar en el país y no ser enjuiciado y poder preservar todo su patrimonio financiero". Eso implicaría que no se lo responsabilizara por los muertos de su represión. "¿Le podemos dar crédito a eso o son rumores infundados?", preguntó el periodista cubano.

"En algún momento se dijo que Ortega habría aceptado la idea de adelantar las elecciones (no dijo cuándo), pero eso fue hace un mes", respondió Chamorro. "Siento que en el último discurso Ortega está más aferrado a la idea de mantenerse hasta el 2021. No lo dijo directamente, pero dijo que iba a respetar la Constitución (que, dicho sea de paso, violó de entrada cuando se reeligió). No siento que en este momento Ortega tenga la voluntad de desatornillarse del poder sino que más bien mantenerse mediante la fuerza parapolicial".

La periodista Moncada, de origen venezolano, comparó: "Ese casette del 2021 ya lo hemos escuchado nosotros en Venezuela y sabemos cómo ha terminado esta historia". Preguntó entonces al dirigente nicaragüense si el pueblo de su país tenía claridad de Ortega no pensaba dejar el poder "por las buenas".

"Efectivamente —respondió Chamorro—. Y por eso la solución a esto es mantener la protesta cívica en las calles". Agregó que desde la perspectiva de los países civilizados, "en un lugar donde el Estado es responsable de tantas muertes, el presidente debió haber renunciado hace rato". Sin embargo, se trata de un caso especial, detalló: "Estamos hablando de una dictadura en que, a diferencia de otras situaciones, el control es absoluto. Ortega controla la Asamblea Legislativa, el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia".

Chamorro observó que cuesta hablar de "protesta cívica y pacífica" frente a "un régimen que ametralla a los manifestantes". El pueblo de Nicaragua ha mostrado "una enorme nobleza", cree, aunque resta saber qué se puede hacer, porque "lo que no se puede hacer es la vía armada, porque es simplemente exponerse a que usen más de esa fuerza bruta en contra de la población".

—¿Considera que hay un peligro de esa vía armada? —preguntó Acosta, y recordó lo que fue llamado la Contra, con el apoyo de los Estados Unidos, cuando "había dos grupos con alto poder de fuego, enfrascados en combates casi a diario".

—Eso no lo descarto —dijo Chamorro—. Tuvimos una guerra civil.

—¿Hay armas en manos privadas?

—Por supuesto. En todo país donde hay una guerra civil quedan armas en posesión de privados. Muchos de los que lucharon en ambos lados tendrán ahora un poco más de años, unas libras de más, pero sería ingenuo pensar que en un país que tuvo una guerra civil de la magnitud de la de Nicaragua no va a haber gente armada. Estamos hablando de casi 90 días de represión con fuego de alto calibre. Esa es una preocupación que tenemos.

Nicaragua, recordó el dirigente de la ACJD, tiene una penosa historia de enfrentamientos internos. "Cada generación de los últimos 197 años, que es nuestras vida independiente, ha experimentado una guerra civil. Yo experimenté una guerra civil cuando era niño, mi hija está prácticamente experimentando condiciones similares a las de una guerra civil. El ciclo de violencia se ha vuelto a producir", dijo.

La alianza de la que participa quiere romper ese ciclo: cuando le preguntan cómo pueden ustedes participar en una mesa de diálogo frente a un gobierno responsable de tantas muertes, responde que hasta los conflictos bélicos más graves del mundo se han resuelto con negociación. "Hay 300 muertos sobre esa mesa. Lo que queremos es que en vez de 2.000, 3.000 muertos, se pueda lograr una solución dialogada", ilustró.

El ejército, destacó, se ha mantenido acuartelado. "No contribuye adicionalmente a la violencia. No se ha metido institucionalmente de un lado ni del otro", dijo, aunque sin aprobación. "Existen grupos parapoliciales que deberían ser desarmados por el ejército: por qué no lo está haciendo va a ser una gran pregunta histórica que va a quedar".

En su estimación, el nivel de apoyo de Ortega "se ha erosionado muchísimo" y no lo estima por encima "del 20% o el 15%", contra la base del "35% que el Frente Sandinista ha tenido históricamente" mientras hubo elecciones. "Después del 2007 las elecciones han sido fraudulentas. El presidente del Consejo Supremo Electoral ha recibido sanciones internacionales. Últimamente, pues, no tenemos un número exacto".

El problema, no obstante, trasciende ese apoyo: "Hay una fisura muy seria en el sandinismo, y aunque tenga sólo el 5% —y esa es la parte trágica de esto— los parapoliciales son alrededor de 3.000 o 4.000 personas, calculamos, que pueden hacer muchísimo daño, y ya lo están haciendo".

Muchos de los muertos, añadió, eran sandinistas: "Algunas universidades públicas tenían bases sandinistas, tenían profesores sandinistas, los estudiantes eran afines… El día antes de la masacre apoyaban [al sandinismo], porque les daban becas, porque sus padres habían luchado [en el FSLN en 1979]. Es interesante ver la cantidad de testimonios de padres y madres que dicen 'Yo apoyé a Daniel, y así me paga'".

Destacó "la importancia que ha tenido la iglesia católica como mediadora y testigo en este proceso de diálogo, donde se ha jugado el todo por el todo". Citó la violencia represiva que sufrieron sus representantes en la basílica de San Sebastián, en Diriamba, y "la campaña de odio" del gobierno que observó en el discurso de Ortega que culpabilizó a la iglesia de instigar a la violencia. "Son tácticas típicas de todo régimen autoritario: achacar la culpa a quien está tratando de buscar una solución dialogada".

Como vocero de la oposición en Nicaragua, el presidente ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) busca el apoyo internacional. "Vengo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde la CIDH hizo un reporte ayer y dijo que se están recrudeciendo las condiciones que ya eran deplorables. Y que la violación de los derechos humanos fue altísima". Es necesaria, solicitó, "la presión en el campo internacional".

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