La iglesia Católica denunció este lunes nuevos ataques del régimen de Daniel Ortega en las ciudades del norte y Pacífico de Nicaragua, que dejaron como resultado un muerto y una vivienda incendiada.
Centenares de seguidores de Ortega y grupos paramilitares asediaron y agredieron a jerarcas católicos en la ciudad de Diriamba, al suroeste del país.
Los violentos irrumpieron en la Basílica de San Sebastián, donde los eclasiásticos habían llegado a apoyar a un grupo de manifestantes que se atrincheraron el domingo ante el asedio de las fuerzas del régimen.
Monseñor Báez resultó herido tras los ataques de los grupos de choque
"No queremos más tranques (bloqueos) de vías", "asesinos", "mentirosos", gritaron los partidarios del régimen sandinista a la comitiva de religiosos, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag cuando llegaron a Diriamba.
El nuncio, el cardenal y los obispos llegaron en caravana desde Managua para ayudar a liberar a las personas retenidas en la Basílica, entre ellos médicos voluntarios que habían quedado atrapados desde el domingo en la iglesia tras la violenta incursión.
Los religiosos fueron rodeados por seguidores del régimen, al llegar al templo, en cuyos alrededores había decenas de paramilitares.
"No tenemos ningún arma, el arma aquí es la oración, ellos estaban atacando desde afuera", declaró a la agencia AFP un miembro de cuerpo médico que estaba dentro de la basílica.
Cuando los sacerdotes lograron abrirse paso entre la multitud para entrar a la iglesia fueron agredidos físicamente por los paramilitares y las turbas sandinistas.
Entre las víctimas de la agresión está el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, así como periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la visita.
Báez dijo que "lo que está sufriendo nuestro pueblo" es mucho "más grave" de lo que a él le pasó y reiteró que el llamado de la Iglesia es de "un alto a la violencia".
"Tenían preparada una turba para que nos agrediera", protestó el padre Edwin Román, quien resultó lesionado en un brazo.
En el ataque del domingo a Diriamba y Jinotepe fallecieron al menos 11 personas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
"Vengan para que sean testigos del terror y la barbarie que cometen muchas personas llenas de odio, este tipo de acciones no pueden ser justificadas", señaló esta madrugada en redes sociales el sacerdote Erick Díaz, párroco de la ciudad de Matiguás, ubicada a 164 kilómetros al norte de Managua.
Díaz se refería a la vivienda del líder local del Movimiento 19 de Abril de Matiguás, que fue incendiada por las "fuerzas combinadas" del régimen -integradas por los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares-, en un ataque realizado esta madrugada en el departamento (provincia) de Matagalpa.
Horas después el Movimiento 19 de Abril de Rancho Grande, también en Matagalpa, reportó la muerte del joven Dixon Barrera, cuyo cuerpo apareció tirado en un río, con una bala en el lado izquierdo del pecho, mientras las "fuerzas combinadas" merodeaban la ciudad.
Los últimos fallecidos se suman a los 310 reportados la semana pasada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), han responsabilizado al régimen de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha señalado "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Estos ataques han ocurrido pocas horas antes del esperado reinicio, este lunes, del diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que representa a la población, con el fin de superar la crisis.
También después de Ortega dijo el sábado ante afectos que no acepta adelantar las elecciones generales, la propuesta presentada por la Alianza Cívica en la mesa de diálogo como vía para superar la crisis.
El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
Con información de EFE
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