En medio de la grave crisis que atraviesa Nicaragua, este miércoles el gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra tres funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
Durante una conferencia telefónica, de la que participó Infobae, funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro informaron que las medidas fueron aplicadas contra Francisco Javier Díaz Madriz, José Francisco López Centeno y Fidel Antonio Moreno Briones, quienes fueron acusados de violación contra los derechos humanos, corrupción y actividades ilícitas.
Díaz Madriz se desempeña como jefe de la Policía Nacional; López Centeno, en tanto, es presidente de la empresa petrolera estatal Petronic y vicepresidente de Albanisa, compañía que importa y vende productos petrolíferos venezolanos; y Moreno Briones es el Secretario de la Alcaldía de Managua.
Con estas sanciones, los eventuales activos que posean las tres personas en Estados Unidos quedan congelados.
Las sanciones contra los funcionarios nicaragüenses fueron aplicadas en el marco de la "Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos", aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en 2016. La misma permite al gobierno norteamericano aplicar sanciones económicas a ciudadanos extranjeros acusados de cometer abusos a los derechos humanos, así como a responsables de actos de corrupción en sus propios países.
Los funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro que estuvieron a cargo de la conferencia señalaron que el objetivo del gobierno de Trump es "proteger y promover los derechos humanos".
Durante estos meses de protestas, la represión del régimen de Ortega, a través de sus fuerzas de seguridad y de sus grupos de choque, ha dejado hasta el momento más de 220 muertos.
"Condenamos la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad y otros que han provocado la muerte de al menos 220 manifestantes y casi 1.500 heridos. Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, la respuesta violenta del gobierno nicaragüense ha incluido palizas a periodistas, ataques contra la televisión local y estaciones de radio, y agresiones a madres que lloran la muerte de sus hijos", manifestaron.
Los funcionarios norteamericanos aseguraron que con esta medida Washington busca "enviar un mensaje fuerte" a las autoridades nicaragüenses que continúan apelando a la violencia para hacer frente a las protestas de la sociedad civil.
La oposición, junto a diferentes sectores de la población, reclaman la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, y elecciones anticipadas. Los próximos comicios están previstos para 2021. Sin embargo, esos sectores, sumado a la Iglesia, que actúa como mediador, piden que se desarrollen el próximo año.
Tres personas murieron este jueves en el noroeste del país, en la ciudad de León, según informaron clérigos católicos locales.
"Atacaron para eliminar las barricadas que los manifestantes habían construido, todavía hay una presencia policial en Sutiaba, la población tiene mucho miedo, en sus casas. Hay policías con armas", manifestó el sacerdote católico local Víctor Morales a la agencia AFP.
El religioso confirmó que las víctimas son tres hombres, entre 21 y 24 años.
Tras el anuncio de las sanciones, el Departamento de Estado y el Tesoro norteamericano avisaron que la Casa Blanca está "observando muy de cerca" todo lo que ocurre día a día en Nicaragua.
¿Quién es quién?
Díaz Madriz, jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, "ha participado en graves abusos contra los derechos humanos contra el pueblo" nicaragüenses, "incluidas ejecuciones extrajudiciales", denuncian las autoridades norteamericanas.
Asimismo, la fuerza policial es acusada de respaldar a las fuerzas de choque del régimen, conocidas como turbas, para "atacar a los manifestantes antigubernamentales".
Moreno Briones también es acusado de mantener un estrecho vínculo desde hace años con los paramilitares motorizados. Además de estar implicado en "numerosos abusos contra los derechos humanos", como golpizas o ataques contra manifestantes, el alcalde sandinista también ha sido acusado de "robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN".
López Centeno, por su parte, a través de Petronic y Albanisa "ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el gobierno en forma de impuestos y multas que podría explotar, incluso para el uso personal de los líderes nicaragüenses".
"Cuando participó en proyectos de infraestructura, López desviaría fondos mediante la negociación de tarifas personales, ha colocado a numerosas personas en todo el gobierno que lo han ayudado a robar millones de dólares anualmente, y ha utilizado su posición en beneficio de él y de su familia mediante el uso de compañías que propios para ganar contratos gubernamentales", indicó el Departamento del Tesoro.
Parte de los fondos de Albanisa también fueron utilizados por altos funcionarios del régimen nicaragüense y del FSLN "para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación eléctrica y laboratorios farmacéuticos".
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