Ocho personas murieron este sábado en ataques armados en Managua elevando a 178 los muertos en dos meses de violentos reclamos por la renuncia del presidente izquierdista Daniel Ortega y complicando el frágil diálogo entre el gobierno y la oposición.
Seis de los fallecidos eran miembros de una familia cuya casa del barrio Karl Marx fue incendiada por un ataque con bombas molotov de un grupo de encapuchados armados, informó la Policía en un comunicado.
Dos habitantes de la casa sobrevivieron lanzándose desde un balcón, una mujer que está en estado grave y un niño que ingresó a un hospital con quemaduras, según de vecinos.
La masacre fue repudiada por la oposición y el gobierno. Ambas partes se acusaron mutuamente de los ataques al reanudarse las deliberaciones de la mesa de diálogo instalada el viernes, con la mediación de los obispos.
"Este acto de terror es un crimen de lesa humanidad y no puede quedar impune", condenó por su parte el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en Twitter.
"Una vez más policías, parapolicías y turbas afines al gobierno fueron protagonistas de ataques", denunció Michael Healy, un vocero de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que agrupa a grupos civiles, estudiantes, empresarios y campesinos que buscan que Ortega deje el poder.
El canciller de Nicaragua Denis Moncada negó de su lado responsabilidad en el ataque y acusó a los manifestantes que están en las barricadas.
Además del incendio, dos empleados de la alcaldía de Managua fueron atacados por encapuchados cuando intentaban despejar una carretera que había sido bloqueada, según la policía.
La mesa de diálogo acordó este sábado discutir desde el lunes un calendario de reformas políticas que incluye adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, informaron los obispos católicos que median las conversaciones.
El diálogo "abre la posibilidad, al menos teóricamente, de tratar el tema de la democratización", cuyo alcance dependerá de la voluntad de Ortega de cumplir con los acuerdos, afirmó a AFP el abogado y economista Enrique Sáenz, un disidente del gobernante sandinismo.
El plan contempla trabajar en la separación de los cuatro poderes del Estado, actualmente controlados por aliados de Ortega, principalmente el Consejo Supremo Electoral.
Propone, además, que las reformas constitucionales requeridas para adelantar los comicios entren en vigencia este año y que en ellas se elimine la reelección presidencial para impedir que se vuelva a postular Ortega, en el poder desde 2007.
El mandatario ha expresado su disposición de trabajar por la democratización, pero no se pronunció sobre la eventual reducción de su mandato que expira en enero de 2022.
En las conversaciones del viernes, el gobierno aceptó además invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Unión Europea a observar la situación de violencia y represión, pese a que se había opuesto inicialmente.
"Lo que Ortega está haciendo es ganar tiempo" en la mesa de diálogo, mientras trata de cambiar la correlación de fuerzas a su favor, aumentando los niveles de represión contra los manifestantes, dijo a la AFP el sociólogo y analista Oscar René Vargas.
Para Sáenz, la visita "de organizaciones internacionales de credibilidad como la CIDH" permitirá "mostrar descarnadamente la realidad que está viviendo el pueblo nicaragüense por la represión del régimen".
Las partes también convinieron en crear este sábado una Comisión de Seguridad para analizar cómo levantar los bloqueos que los manifestantes instalaron en las principales carreteras del país para presionar por la salida de Ortega.
No obstante, la oposición advirtió que seguirán cortando las rutas con barricadas hasta que cese la represión.
"La única manera en que podemos levantar los tranques es que él se vaya, es la única garantía que tenemos nosotros en estos momentos en Nicaragua", dijo la líder campesina Francisca Ramírez en rueda de prensa.
El diálogo iniciado el viernes transcurrió en medio de constantes ataques de fuerzas policiales y paramilitares contra barrios capitalinos en donde se han levantado barricadas, aseguran sus habitantes.
Ya en la madrugada del sábado se produjeron choques en León, Tipitapa y Masaya, se la oposición.
Nicaragua vive un clima permanente de protestas desde que comenzaron las manifestaciones contra una fallida reforma de pensiones, que se extendieron por inconformidad con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Con información de AFP
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