El Gobierno de Guatemala pudo evacuar la zona del Volcán de Fuego antes del desastre, pero creyó que no era necesario: ya hay 69 muertos

La respuesta del gobierno de Jimmy Morales ante la catástrofe ocasionada por la erupción del Volcán de Fuego el pasado domingo, ha generado fuertes críticas.

Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la erupción ha dejado un saldo de 69 muertos, de los cuales solo 17 han sido identificados. Dado el alto número de personas desaparecidas, es muy probable que el saldo final de víctimas sea mucho mayor.

El domingo en la noche, horas después de la segunda erupción del Volcán de Fuego, que se produjo ese día y que arrojó un río de lava candente que devastó las aldeas de San Miguel Los Lotes y El Rodeo, en el departamento de Escuintla, Morales dio una conferencia de prensa en la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en la cual aseguró que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de emergencias.

"Me da vergüenza volver a decirlo, pero según nuestra ley de presupuesto, no podemos contar ni con un solo centavo. La ley de presupuesto no contempla que el Estado pueda gastar un centavo en emergencias", aseguró el presidente Morales.

Los medios de comunicación no tardaron en señalar que la aseveración de Morales era falsa, ya que el artículo 101 de la Ley de Presupuesto sí establece un protocolo por seguir para acceder rápidamente a los fondos necesarios para responder a una emergencia nacional.

Según la ley vigente, en caso de un desastre natural, el Gobierno debe decretar un Estado de Calamidad Pública, lo cual le permitirá crear un fondo emergente para mitigar los daños sufridos por las comunidades afectadas.

De hecho, ese fue el mecanismo que se siguió, ya que el domingo en la noche el Gabinete de Gobierno decretó un estado de calamidad pública en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, los más afectados por la erupción, el cual fue ratificado por el Congreso el lunes por la tarde con 112 votos a favor. El estado de calamidad tendrá una vigencia de 30 días.

Tras la ratificación del estado de calamidad por parte del Legislativo, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, dijo que con esta medida el Gobierno contaría con 315 millones de quetzales (USD 42 millones) para hacer frente al desastre.

"[Morales] recurrentemente ha dicho que la Ley de Transparencia es un obstáculo al actuar gubernamental cuando la ley no limita la acción de la presidencia", asegura el politólogo Renzo Rosal. "Decir eso [que el Estado no dispone de fondos para enfrentar un desastre] fue deshumanizante, está diciendo que le importa poco la naturaleza de la emergencia".

Los diputados de la oposición en el Congreso condicionaron su voto a una modificación en la que se incluye que todas las compras deben de registrarse en el sistema de Guatecompras para garantizar la transparencia.

Morales, un actor con escasa experiencia política, fue el candidato sorpresa que ganó las elecciones de 2015 con el lema "Ni corrupto ni ladrón", tras la crisis política que generó la remoción de su antecesor, Otto Pérez Molina, quien enfrenta un juicio por corrupción junto con la ex vicepresidente, Roxana Baldetti.

Pero a los pocos meses de asumir el poder, en enero de 2016, Morales ya se veía envuelto en una serie de escándalos de corrupción que le han restado credibilidad a su administración. Entre los señalamientos más graves se encuentra una investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –el ente investigador de Naciones Unidas que destapó el caso de corrupción que obligó a Pérez Molina a dimitir– la cual reveló que el partido de Morales, FCN-Nación, no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q15 millones (USD 2 millones) que gastó durante la campaña de 2015.

El escándalo llevó a Morales a declarar persona non grata al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y a cabildear infructuosamente a favor de su remoción.

El hecho de que Morales – el presidente mejor pagado de Latinoamérica con un sueldo mensual de USD 19.640 –disponga de 100 mil quetzales mensuales (USD 13.401) para gastos personales como masajes, ropa, flores y licores también ha causado indignación y repudio entre la opinión pública.

Una evacuación tardía

El actuar de la Conred tampoco ha estado exento de señalamientos, ya que después de producirse la primera erupción volcánica el domingo por la mañana, dijo que por el momento no era necesario evacuar las comunidades ubicadas en las faldas del volcán.

La segunda erupción, con una intensidad mucho mayor, dejó al menos dos aldeas enterradas bajo las cenizas y un creciente saldo de muertos y heridos. A pocas horas de haber ocurrido la tragedia, Conred eliminó de sus redes sociales, la afirmación inicial de que una evacuación no era necesaria.

Previo a la aprobación del estado de calamidad en el Congreso, diputados opositores aseguraron que investigarían a las autoridades responsables de evacuar a la población para establecer si hubo negligencia.

Jean-Roch Lebeau, ex asesor de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en temas de ordenamiento territorial, afirma que "Conred sí ha avanzado en sus sistemas de alerta temprana", pero se vio desbordada por la magnitud del desastre.

Entre las mejoras implementadas por la Conred, Lebeau destaca una mayor coordinación con los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes) –comités locales que buscan impulsar proyectos de desarrollo económico y social– con el propósito de crear protocolos claros de organización y evacuación a nivel comunitario.

En septiembre de 2017, la Conred también presentó al Congreso una iniciativa de ley que pretende fortalecer la institución, mejorar los preparativos para la emergencia, y regular la forma en que se edifica la infraestructura de uso público para reducir riesgos, entre otras medidas. Sin embargo, la iniciativa todavía no ha sido discutida en el pleno.

Lebeau agregó que desastres como la erupción del Volcán de Fuego evidencian un problema estructural de fondo: la ausencia de una política efectiva de ordenamiento territorial por parte del Estado y la existencia de inequidades sociales que obligan a los más pobres a asentarse en lugares de alto riesgo como las faldas de los volcanes o laderas y barrancos donde los deslaves son frecuentes en época de lluvias.

"Hay que plantearse un ordenamiento territorial vinculado con la reubicación de la población, algo que tiene un costo muy grande. Con las aldeas ubicadas en las faldas del volcán sucede lo mismo que con las personas que viven en asentamientos precarios y no aceptan ser reubicados por la desconfianza que le tienen al Estado", afirma Lebeau.

Según la clasificación de Piensa en Peligro, una herramienta desarrollada por el Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y la Recuperación (GFDRR, en inglés), debido a su ubicación geográfica, Guatemala vive la amenaza de cuatro tipos de desastres: las inundaciones, con 10 departamentos en alto riesgo; los sismos o terremotos, que mantienen en alto riesgo a 20 departamentos; los huracanes o tormentas, y las erupciones volcánicas, ya que de los 33 volcanes que existen en el país, tres se encuentran activos. Estas amenazas se ven intensificadas por el hecho de que Guatemala, según Naciones Unidas, es el cuarto país con mayor vulnerabilidad al cambio climático.

El lunes, durante una conferencia de prensa en el municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, donde ocho de las personas que perecieron durante la erupción eran veladas por sus familiares, el presidente Morales dejó entrever que las comunidades que viven en alto riesgo eran responsables de su suerte.

"Aprovechamos para plantearles a todas las personas que viven en zonas de riesgo que por favor nos ayuden a poder prevenir este tipo de situaciones, hay muchas viviendas cercanas a ríos, cercanas a barrancos, en laderas, necesitamos el apoyo de todos", dijo el mandatario.

Rosal califica la afirmación como "fuera de lugar", ya que no toma en cuenta la pobreza extrema que obliga miles de familias guatemaltecas a construir viviendas en zonas de alto riesgo.

El lunes por la tarde, Faustino Pachac, de 53 años, un jornalero que trabaja en los ingenios azucareros de la costa, y su esposa Carmen Corado, de 52 años, regresaron a la aldea de San Miguel Los Lotes, en las inmediaciones del volcán, después de la evacuación, temerosos de que su vivienda hubiera sido saqueada mientras ellos se encontraban en uno de los albergues habilitados para las víctimas del desastre.

"Si no hay ayuda, uno se tiene que quedar ahí donde está. Si no, ¿dónde vamos a ir?" respondió Corado con aire de resignación cuando se le preguntó si regresaría a la aldea.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 59,3 por ciento de los guatemaltecos vive en pobreza y pobreza extrema y un estudio publicado por  Hábitat para la Humanidad y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds, por sus siglas en inglés) del INCAE Business School señala que Guatemala tiene el mayor déficit de calidad de vivienda en Centroamérica.

"Hemos creado patrones de riesgo donde los pobres se asientan donde les es más asequible, como en las faldas del volcán o en las pendientes y barrancos, y el precio lo pagamos todos como sociedad", sentencia Lebeau.

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