La huelga de los camioneros continúa paralizando a Brasil este sábado, pese a que el gobierno ordenó la intervención de la policía y el ejército y al llamado de uno de los principales sindicatos a desbloquear las rutas.
En la noche del viernes, poco después del anuncio del presidente Michel Temer de que usará las "fuerzas de seguridad federales", los militares comenzaron a escoltar a camiones-cisterna en su acceso a las refinerías, principalmente en la de Duque de Caxias, cerca de Río de Janeiro.
El ministerio de Defensa indicó en la mañana del sábado que 132 de los 519 bloqueos registrados el viernes habían sido levantados.
El Secretario de gobierno Carlos Marun comunicó en una conferencia de prensa a media jornada que Temer está "muy preocupado" por la situación en los hospitales y anunció que los camiones que transporten medicamentos y material médico que participen en la huelga serán multados.
Marun, que habló luego de una reunión de gabinete, también señaló que la Policía Federal había solicitado a la justicia órdenes de arresto contra empresarios transportistas que realicen un "Lock-out", que es cuando un patrón inicia una huelga, hecho ilegal en Brasil.
Prácticamente todas las estaciones de servicio del país están desabastecidas y los productos frescos son cada vez más escasos en los comercios.
El sindicato de distribuidores de combustibles de San Pablo (Sindipetro) anunció que 99% de las gasolineras de la capital económica de Brasil ya no tienen carburante y que tomará de "5 a 7 días" volver a la normalidad, cuando termine el conflicto.
El alcalde de San Pablo, Bruno Covas, que había decretado el estado de emergencia en la ciudad el viernes, declaró a periodistas el sábado que la situación es "grave, pero bajo control".
Mientras tanto, en Brasilia la mayoría de las rutas ya fueron despejadas y algunas estaciones de servicio comienzan a ser reabastecidas, constató un fotógrafo de la AFP.
"Irresponsabilidad generalizada"
Los problemas de aprovisionamiento afectan también casi totalmente al transporte urbano.
En Río, el organismo que administra los BRT -los buses articulados introducidos durante los Juegos Olímpicos de 2016 que transitan por carriles exclusivos conectando numerosos barrios populares- anunció el sábado en Twitter que el servicio debió ser "interrumpido por tiempo indeterminado" debido a la falta de combustible.
El bloqueo obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto de Brasilia, paralizó la totalidad de las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó una disparada de precios de los carburantes y los alimentos.
La ciudad de San Pablo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar o aprehender bienes privados, como el combustible almacenado en una gasolinera.
En internet, los brasileños dan cuenta de todo tipo de penurias.
En su editorial del sábado, el cotidiano Estado de Sao Paulo asigna una "irresponsabilidad generalizada", tanto a los huelguistas como al gobierno, que actuó con "demasiada lentitud".
"Negociaciones terminadas"
A menos de cinco meses de la elección presidencial de octubre, la escasa credibilidad que le quedaba al impopular gobierno de centro-derecha continúa reduciéndose.
El viernes Temer había justificado las medidas adoptadas afirmando que "una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población", pese a un acuerdo firmado el día anterior con varios sindicatos para una "tregua de 15 días", luego de prometer la reducción de un impuesto al diesel.
"Las negociaciones terminaron, ahora, esperamos que los términos del acuerdo sean respetados", dijo el jefe de gobierno Eliseu Padilha.
Luego del anuncio de Temer, la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), que reivindica 600.000 transportistas independientes, se declaró "preocupada por la seguridad de los choferes" y solicitó en un comunicado "que las manifestaciones continuarán de forma pacífica, sin obstruir las rutas".
El viernes, varios líderes sindicales criticaron la decisión de usar al ejército "como instrumento de represión", asimilándola a "un intento de apagar un incendio con gasolina".
Amnistía Internacional consideró "inadmisible" la medida, afirmando que el papel del ejército no es "poner fin a manifestaciones o huelgas".
Louis Genot para AFP
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