Nicaragua iniciará mañana un diálogo nacional con el que se pretende solucionar la crisis actual del país, cuyo gobierno enfrenta protestas que se han extendido a casi todo territorio nacional y que han dejado más de 50 muertos. Hay tranques en al menos 20 puntos que han afectado sensiblemente el transporte público a nivel nacional y han paralizado por completo el transporte de carga. Se estima que las pérdidas económicas superan los 150 millones de dólares, según datos de las cámaras de turismo, comercio y transporte.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) convocaron al diálogo el lunes, luego que ese mismo día el gobierno presidido por Daniel Ortega aceptó la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue la muerte de 53 personas ocurridas durante las manifestaciones que han sido reprimidas por fuerzas policiales y grupos de choque. El ingreso de una misión de la CIDH fue una de las condiciones establecidas por los diferentes actores nacionales y también por la Iglesia Católica.
El diálogo se realizará con la mediación de cuatro obispos y el cardenal Leopoldo Brenes. Participarán representantes de la empresa privada, universidades, estudiantes, organizaciones sociales y el Gobierno.
En su tradicional alocución de mediodía, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció este martes que ella y Ortega participarán en el diálogo, previsto a empezar este miércoles en la mañana en un seminario ubicado en Managua. La líder campesina Francisca Ramírez denunció haber sido excluida del mismo.
Pese al anuncio del diálogo, en los últimos dos días en tres de las principales ciudades del país, Masaya, Matagalpa y Estelí, han continuado los ataques de antimotines y grupos paramilitares contra los protestantes.
El diario La Prensa reportó esta tarde que en Matagalpa unas 15 personas resultaron heridas luego que esta mañana los antimotines las atacaran mientras protestaban en las afueras de la ciudad.
Eso ha provocado que muchos critiquen el inicio de las conversaciones. Ante esto, algunos miembros de la mesa de diálogo como el obispo auxiliar Silvio Báez, uno de los jerarcas más críticos al Gobierno, ha respondido que "los obispos hemos llamado al diálogo conscientes de que no hay condiciones óptimas. Había que abrir una nueva puerta de denuncia que se añada a la presión popular. No es justificar la represión ni capitular ante el terror. En el mismo diálogo hay que exigir las otras condiciones", escribió en su cuenta de Twitter.
Las protestas
Las protestas en Nicaragua iniciaron el 18 de abril y se originaron por las reformas a la seguridad social, derogadas por el Ejecutivo el 22 de abril. Desde un principio fueron brutalmente reprimidas por fuerzas de choque y fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, por lo que centenares de pobladores empezaron a salir a las calles a protestar ya no solo por las reformas sino también por la represión.
Aunque quienes empezaron las manifestaciones fueron sobre todo estudiantes, la semana pasada se unieron a los protestas otros gremios, como los taxistas, quienes reclaman por el alza de transporte, y el movimiento campesino, que ha instalado tranques en carreteras ubicadas en zonas productivas.
Durante la crisis se han registrado saqueos a comercios en distintas ciudades y también incendios. En la turística y colonial ciudad de Granada, los empresarios mostraron este lunes su gran preocupación por la situación que atraviesan debido a que se han reportado saqueos a negocios sin que la Policía actúe.
En tanto, los transportistas agrupados en la Asociación de Transportistas Nicaragüenses (ATN) indicaron ayer lunes que sus 1.700 socios, que tienen aproximadamente 17.500 cabezales, paralizaban sus operaciones debido a los tranques.
"Lo que pedimos es que se comience el diálogo lo más pronto posible. Ya tenemos casi un mes (de manifestaciones) y no hemos podido trabajar libremente, y hoy estamos parados completamente", anunció en conferencia de prensa Marvin Altamirano, tras detallar que las pérdidas a ese sector son de 50 millones de dólares.
Las condiciones
Al convocar al diálogo, la CEN expresó al Gobierno que era necesario que se cumpliera una serie de condiciones para que este se realizara. El primero era permitir el ingreso de la CIDH, que en tres ocasiones ya había solicitado al Gobierno indagar la situación de derechos humanos.
La segunda era "suprimir las fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos" y no usar a la Policía Nacional para ningún tipo de acción represiva.
Los obispos también solicitaron "asegurar la integridad física de los universitarios, los diversos miembros activos que conformarían la mesa de diálogo y de toda la ciudadanía".
Para Mauro Ampié, especialista en derechos humanos, la visita que realizará la CIDH y que se denomina "in loco" es un mecanismo que tiene la Comisión para incidir en que la situación de derechos humanos de un país mejore. Esta sería la quinta que se llevaría a cabo en Nicaragua. La primera se realizó en 1978, mientras gobernaba el dictador Anastasio Somoza Debayle, luego hubo otra en 1980, estando los sandinistas en el poder, la siguiente ocurrió en 1982 y la última en 1992.
"Los estados están obligados como miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a cumplir" con las recomendaciones que dé la CIDH, dijo Ampié a Infobae, tras agregar que Nicaragua atraviesa por "una situación crítica que requiere ser abordada por la Comisión lo más pronto posible".
En un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa, el jurista Carlos Tünnermann Bernheim, quien estará en el diálogo representando a la sociedad civil, indicó que celebran que "el gobierno haya accedido permitir la llegada de una misión de la CIDH para que investigue todas las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas después del 18 de abril pasado, pero eso no es suficiente".
En la víspera que inicie el diálogo, centenares de estudiantes, entre ellos de colegios privados y públicos de Managua, marchan en las principales calles de esta ciudad, y miles más se manifiestan en otras ciudades del país.
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