Tras la liberación de Ollanta Humala, ¿retroceso en las investigaciones del Lava Jato en Perú?

En noviembre del 2017, Rodrigo Janot, el ex procurador general de Brasil, destacaba, en un evento en Lima, los avances que los jueces y fiscales peruanos habían logrado en la investigación del caso Lava Jato, a diferencia de otros países en América Latina. Janot medía los resultados en Perú por la cantidad de líderes políticos que habían sido arrestados o el número de investigaciones que habían sido abiertas a poco más de un año de que la constructora brasileña Odebrecht reconociera que pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en el continente.

"No están nada mal", dijo Janot luego de contar con los dedos las órdenes de arresto a los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala y las investigaciones por lavado de dinero a Keiko Fujimori y Alan García, entre otros. Una cifra difícilmente igualada en otros países de la región.

Para Janot, quien fue el jefe de los fiscales brasileños cuando empezó Lava Jato, Perú se estaba posicionando como el país que avanzaba más en las investigaciones, después de Brasil.

Cinco meses después de aquella declaración, sin embargo, el capítulo peruano de Lava Jato viene presentando sus primeras rajaduras, siendo tal vez la reciente orden de excarcelación a favor del ex presidente Humala el golpe más severo que han recibido los que tienen a cargo el caso.

El jueves pasado, el Tribunal Constitucional (TC), con cuatro votos frente a tres, dispuso revocar la prisión preventiva a Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos presos desde junio del 2017 por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. El TC, en una polémica resolución, señaló que el riesgo procesal que sostenía el Poder Judicial para que Humala y Heredia continuaran en la cárcel no estaba bien fundamentado. Por tanto, resolvieron que debían enfrentar el proceso en libertad.

Para la defensa de la llamada ex pareja presidencial, los jueces constitucionales han corregido lo que consideraban un encarcelamiento arbitrario. "[El TC] ha puesto fin al abuso de la prisión preventiva que hoy existe en la justicia de Perú", dijo el abogado de Humala, César Nakasaki.

Semanas atrás, un tribunal de segunda instancia del Poder Judicial había ordenado la liberación de cinco de los representantes de las constructoras más poderosas del país. Ellos habían sido señalados por ex directivos de Odebrecht de haber participado en el pago de sobornos. De igual manera, los jueces dijeron que las prisiones preventivas no estaban bien fundamentadas.

Pero esta es la primera vez que el TC, la máxima instancia judicial en Perú, se pronuncia sobre un caso relacionado a Lava Jato y con ello, según especialistas consultados para esta nota, se marcaría un precedente sobre cómo será tratado en adelante esta investigación.

Entonces, ¿se acabaron las prisiones preventivas para los principales políticos en Perú?

Humala y Heredia son señalados de recibir USD3 millones de la constructora Odebrecht para su campaña electoral del 2011. Esta información fue confirmada por Jorge Barata, el ex jefe de la multinacional en Perú, y el propio ex CEO Marcelo Odebrecht. La fiscalía pidió que se les dicte prisión preventiva al considerar que si continuaban libres podían poner en riesgo la investigación.

Según Barata, la constructora también financió las campañas de Fujimori (USD 1 millón 200 mil) y de los ex presidentes García (USD 200 mil), Pedro Pablo Kuczynski (USD 300 mil) y Alejandro Toledo (USD 700 mil). Todos los mencionados, quienes vienen siendo investigados por presunto lavado de dinero, han negado haber recibido aportes de la constructora.

Fuentes de la fiscalía peruana indicaron a Infobae que lo dispuesto por el TC va mucho más allá de la liberación de Humala y Heredia. Aunque no se trata de una sentencia vinculante, los fiscales advierten que se ha elevado el estándar para que puedan pedir una prisión preventiva a políticos vinculados a Odebrecht, haciéndola prácticamente imposible de solicitarla en el futuro.

"Se ha blindado a todos", dijo un fiscal que prefirió tener su nombre en reserva.

La magistrada Marianella Ledesma, integrante del TC que votó en contra de liberar a Humala, es una de las que comparte esta preocupación. "Se han fijado reglas que a futuro harán imposibles las prisiones provisionales para otros casos porque, según la lógica de esta sentencia, se debe privilegiar la libertad de los investigados", declaró a medios locales.

De acuerdo a la fiscalía, Humala y Heredia debían seguir presos porque, entre otras cosas, estaba demostrada su intención de obstruir las investigaciones y, de ser el caso, podían fugarse del país.

Como prueba, los fiscales presentaron unos audios del Caso Madre Mía, una matanza ocurrida a inicios de los noventa en la que Humala es sindicado de haber dirigido cuando era capitán de la base contraterrorista de Madre Mía, en el departamento de San Martín. En las grabaciones, hechas por agentes de inteligencia de la policía, se registró una comunicación entre personas cercanas a Humala coordinando la compra de testigos para que no incriminaran al ex presidente.

Esto, a consideración de la fiscalía, y pese a que es un audio de otro caso, demostraba hasta qué punto Humala era capaz de eludir a la justicia. Otro argumento expresado era la pertenencia a una organización criminal trasnacional, en este caso Odebrecht, lo que implicaría que el ex mandatario y su esposa, ante las evidencias de la recepción de dinero ilícito, podían fugar del país.

Además, se presentó un peritaje grafotécnico que indica que la ex primera dama intentó falsear su letra para que no la vincularan con sus agendas que tenían anotaciones sobre cuentas del partido de su esposo y aparecían nombres escritos como "Marcelo" al lado de montos de dinero.

Pero para el TC no son pruebas suficientes. Sobre los audios, los jueces dijeron que estos debieron debatirse en audiencia y la defensa debió tener oportunidad de cuestionar su validez.

"Con esta decisión, prácticamente se está pidiendo que se tiene que llamar primero al delincuente para preguntarle si es su voz la que aparece en el audio y luego se deberá someter a una pericia fonética", indicaron desde la fiscalía al advertir el precedente que ha fijado el TC.

El ex presidente Toledo, prófugo desde hace más de un año en EEUU, luego de ser acusado de recibir sobornos de Odebrecht, fue uno de los que celebró la decisión del tribunal. "TC defiende la presunción de inocencia y debido proceso. Su sentencia está escrita con tinta indeleble. Los derechos humanos son de todos los ciudadanos y debemos respetarlos", escribió en Twitter.

Kuczynski, quien renunció a la presidencia en marzo tras sus vínculos con Odebrecht, también se sumó a las felicitaciones por la sentencia. "¡Debido proceso! Buena noticia que haya debido proceso para el ex pdte Humala y su esposa", escribió el ex jefe de Estado en su red social.

Otra fuente de la fiscalía indicó que las celebraciones de los ex presidentes se deben a que con la sentencia se establecen criterios benignos para la delincuencia de cuello blanco.

Actualmente, los únicos "peces gordos" que cumplen prisión preventiva por el Caso Lava Jato son el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y el ex gobernador regional de Cusco, Jorge Acurio. También está el ex funcionario público Edwin Luyo y la pareja de Cuba, Jessica Tejada.

El penalista Carlos Caro remarca que el TC no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inocencia de los Humala-Heredia. Indicó que es una sentencia que ordena que enfrenten un futuro juicio en libertad, "en el que hay una alta probabilidad de que sean condenados a 15 años de cárcel".

"Esta sentencia es una herramienta para que se ponga freno al uso excepcional de las prisiones preventivas en el país. Este criterio se va a aplicar a los casos de Fujimori, García, Kuczynski, a todos los de presunto financiamiento ilegal de campañas políticas", remarcó Caro.

Pero también existen otras apreciaciones, como la del analista político Fernando Rospigliosi, quien sostiene que esta resolución tendrá un impacto negativo en la opinión pública, y más bien se trata "de un incentivo para la comisión de delitos a todo nivel".

"Hoy (a diferencia de Brasil) ningún pez gordo, ni político ni empresario está preso, y los procesos, como se ha dicho, tardarán años en empezar y mucho más años en concluir después de todas las demoras y apelaciones posibles", escribió en artículo en El Comercio.

Lo ocurrido con la ex pareja presidencial, se da en un contexto en el que Luiz Antonio Mameri, ex jefe de Odebrecht en América Latina, confirmó a la fiscalía peruana que la constructora le entregó USD 3 millones a Humala y USD 1 millón 200 mil para Fujimori en sus campañas del 2011.

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