El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó la sede del sindicato de los metalúrgicos en Sao Bernardo dos Campos sin dirigirse a la militancia y antes de la decisión del Supremo, que habilitó su detención tras la condena a 12 años de corrupción.
Lula, condenado en segunda instancia a 12 años de prisión, llegó al sindicato unas tres horas antes del inicio de la sesión de la Corte Suprema -que comenzó a las 14 hs (17.00 GMT) del miércoles- y pasó el día reunido a puerta cerrado con amigos y aliados políticos, entre ellos su sucesora en la Presidencia, Dilma Rousseff, destituida por el Congreso en 2016.
El ex mandatario (2003-2010) siguió la votación desde un área reservada, mientras unas trescientas personas, la mayoría del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MST), acompañaban la sesión en el auditorio del sindicato, del que Lula fue presidente entre finales de la década de los 70 y principios de los 80.
Los partidarios de Lula criticaron la decisiva votación de la magistrada Rosa Weber, quien negó el habeas corpus presentado por la defensa e inclinó la balanza a favor de la prisión del ex jefe de Estado.
"Ella en el fondo contribuyó para que pueda ser decretada la prisión de Lula, lo que es una fase más del golpe de Estado", dijo en declaraciones a Efe Eloi Pietá, miembro de la directiva regional del Partido de los Trabajadores (PT).
Poco después de la decisión de Weber, Lula, quien acostumbra a hablar públicamente con la militancia, anunció que no subiría al palco y horas más tarde abandonó el edificio por el garaje.
En la puerta de su casa, también en la localidad de Sao Bernardo dos Campos, alrededor de un centenar de personas se concentraron a medianoche para respaldar al ex mandatario, quien lidera todas las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones.
No obstante, a pesar de sus deseos de ser candidato del PT, su carrera electoral quedará frenada con la prisión, la cual podría ser decretada en los próximos días o semanas.
Lula, quien ha denunciado una "persecución política" en su contra, fue condenado a nueve años de cárcel por un juez de primera instancia, pero la pena fue ampliada a doce por el Tribunal Regional de Porto Alegre.
Los abogados de Lula entraron con un habeas corpus en la máxima corte para evitar que el ex gobernante sea preso antes de las apelaciones en instancias superiores, pero el recurso fue rechazado por el pleno del Supremo.
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