La defensa chilena continuó por segundo día mostrando ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya que la demanda marítima boliviana "no tiene sustento jurídico" y que emerge más de una "obligación interna" plantada en la nueva Constitución de 2009 que de una actitud chilena.
La Constitución de Bolivia promulgada por el actual presidente Evo Morales estableció "el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico". Sin embargo, los juristas que representan a Chile señalaron este viernes que las "aspiraciones no constituyen obligaciones".
El abogado británico Sam Wordsworth, que defiende a Chile, abordó la declaración conjunta de Charaña suscrita en 1975 por los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Bánzer que canjeaba territorio por mar y proponía un corredor en el norte chileno. El profesional mostró citas de Banzer en las que confirma que la compensación territorial era la base para cualquier negociación y que el mencionado acuerdo "no incluye compromiso de Chile de entregar una salida soberana al mar".
Acotó el profesional que "como Bolivia sabe, la declaración conjunta de Charaña ni se ratificó ni se trató por Chile como un tratado internacional, ni hay evidencia de que se haya tratado así por Bolivia tampoco". Además, dejó de manifiesto que "Bolivia pasa por alto la compensación que Chile ha considerado esencial" y que le da amplio acceso para el uso de los puertos.
La abogada argentina Mónica Pinto se centró su intervención en demostrar que "las resoluciones de la Asamblea General de la OEA no han creado obligación alguna de negociar y que no podrían haberlo hecho de forma vinculante". Precisó que "ninguna de las resoluciones citadas por Bolivia, ninguna, se refiere a una obligación de negociar, ninguna confirma la existencia de la obligación de negociar".
Según la agencia de noticias ANSA, trascendió que la defensa chilena, como no podía presentar pruebas nuevas, decidió ampliar los documentos en que se basaba la parte demandante para demostrar que eran incompletos y relevar las omisiones de La Paz.
Tras una breve pausa de 15 minutos, el jurista Ben Juratowitch defendió que "no hay ninguna obligación que perdure desde el pasado" y que "Chile ha dicho muy claramente que no transferirá soberanía". Recordó que Chile ha ofrecido negociaciones a Bolivia en los últimos años, pero siempre excluyendo el acceso soberano al mar y que la agenda de 13 puntos acordada en 2007 "no manifiesta intención de crear alguna obligación jurídica".
Harold Koh, el abogado estadounidense que cerró los alegatos chilenos, sostuvo que "la transformación constante del caso de Bolivia nos muestra que no es capaz de identificar una base jurídica clara para la supuesta obligación de Chile a negociar".
"Bolivia se basa en una teoría sin arraigo en el derecho" y aunque admitió que "en la diplomacia de alto nivel las palabras sí tienen importancia, las palabras importan cuando el territorio soberano es lo que está en juego".
Llamó la atención que si los diálogos bilaterales no prosperaron fue por el país vecino que los desahuciaba rompiendo relaciones con Chile. Mencionó que de los últimos 56 años, sólo en tres (1975-1978) ha habido vínculos a nivel de embajadores.
Al término de los alegatos, el agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé aseguró que "Chile se equivoca en los textos y el contexto" y que "sigue anclado en el siglo pasado". Añadió que "Chile no ha superado el rechazo que hizo la Corte a su objeción preliminar", el año pasado, y que en su opinión reafirmó la causa boliviana y dejó a un lado el Tratado de 1904.
El agente boliviano destacó, no obstante, que ambos países "hemos sido capaz de debatir ideas, argumentos y lo hacemos en paz. Podemos tener soluciones sin víctimas, sin vencedores ni vencidos".
Por último, invitó a celebrar en "aires de paz" el Día del Mar "a los vecinos peruanos y chilenos que nos vimos enfrentados primero a una invasión y luego a una guerra (1879) que nunca debió ser".
Bolivia realizará el próximo lunes sus descargos finales para concluir Chile, el miércoles. La Moneda ha destacado que los alegatos tanto de Chile como Bolivia han sido transmitidos en forma íntegra por la televisión local, no así en el país vecino, donde sólo se dio cobertura a los propios.