El ex vicepresidente uruguayo Raúl Sendic podría ir preso por hacer 300 compras personales con una tarjeta de la petrolera estatal Ancap

Según el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, el ex mandatario pagó con ella en hoteles, joyerías, tiendas y comercios de electrónica sin justificación

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Raúl Sendic (EFE)
Raúl Sendic (EFE)

El fiscal de Crimen Organizado de Uruguay, Luis Pacheco, pidió el procesamiento por peculado y abuso de funciones para el ex vicepresidente Raúl Sendic (2015-2017), en el marco de la causa que estudia presuntas irregularidades en la gestión de la petrolera estatal Ancap.

El ex vicepresidente, que renunció en septiembre pasado luego de que trascendieran públicamente los presuntos gastos personales que realizó con una tarjeta corporativa de Ancap, habría incurrido en reiterados delitos de peculado, así como un delito de abuso de funciones, según explicó Pacheco en rueda de prensa.

De acuerdo a lo que publica el periódico uruguayo El País, Sendic podría ir preso por usar 300 veces las tarjetas de Ancap. Según la Fiscalía, hizo compras en hoteles, joyerías, tiendas y electrónica sin justificación.

El peculado refiere a delitos contra la administración pública, mientras que el abuso de funciones consiste en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a los deberes o atribuciones de un cargo.

Tabaré Vázquez y Raúl Sendic (Getty)
Tabaré Vázquez y Raúl Sendic (Getty)

Para Pacheco, a Sendic le cabe la figura de peculado por el uso que dio a la tarjeta corporativa de Ancap, empresa de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2009 y presidente entre 2010 y 2013.

Respecto al abuso de funciones, el fiscal aseguró que esta solicitud hace referencia a los contratos que firmó la petrolera uruguaya con Trafigura en el año 2010 y por el contrato con Exor para la cancelación de la deuda que mantenía Ancap con la venezolana Pdvsa.

El negocio entre Ancap y Trafigura se remonta al año 2010 e involucra también a PetroEcuador, a la que la empresa uruguaya compraba crudo para luego vendérselo refinado.

Como la petrolera uruguaya no tenía la capacidad en sus refinerías para procesar el crudo comprado a la ecuatoriana, decidió contratar a Trafigura para que lo hiciera, en un negocio superior a los 4.900 millones de dólares y que dejó ganancias para Trafigura de aproximadamente 200 millones de dólares, según se desprende de la sentencia de la Fiscalía.

En este caso, la presunta irregularidad radica en que Trafigura accedió al negocio sin una licitación previa, maniobra que se encuentra "por fuera de las normas de contabilidad y de administración financiera del Estado".

Sobre la cancelación de la deuda entre Ancap y Pdvsa por la adquisición de crudo, la Fiscalía encontró irregularidades en la contratación de Exor para diseñar una ingeniería financiera que permitiera anular la deuda.

Para esa operación, Ancap tampoco realizó una licitación, algo que fue observado por la Fiscalía en la sentencia, así como el hecho de que, cuando Pdvsa pidió que Exor se retirara del negocio, la empresa uruguaya no realizara "planteo alguno", sabiendo que ello podría generar -tal y como sucedió- un reclamo por parte de Exor, que inició una demanda millonaria.

Sendic tuvo que renunciar a raíz del escándalo
Sendic tuvo que renunciar a raíz del escándalo

Los casos de Trafigura y de Exor fueron "los dos grandes temas en los que la Fiscalía halló irregularidades", según aseguró Pacheco en rueda de prensa.

Por esa razón, explicó que solicitó el procesamiento por abuso de funciones de todos los directores que aprobaron las resoluciones vinculadas con esos dos negocios.

Es que además del pedido de procesamiento para Sendic, la Fiscalía solicitó esa misma imputación para otras ocho personas, que entre 2010 y 2015 fueron parte del Directorio de Ancap o que tuvieron relación con los negocios mencionados.

Con esta resolución de la Fiscalía de Crimen Organizado, la jueza Beatriz Larrieu deberá citar a declarar a todos los involucrados y resolver si hace lugar al pedido de Pacheco, para lo cual no existe un plazo establecido.

El caso Ancap partió de las denuncias que los tres principales partidos de la oposición en Uruguay, el Nacional (PN), el Colorado (PC) y el Independiente (PI), presentaron en abril de 2016 exponiendo argumentos sobre algunos hechos ocurridos entre 2010 y 2015 susceptibles de constituir algún delito.

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