El difícil avance de las investigaciones por corrupción en Ecuador y la protección judicial a Rafael Correa

Hace un año, el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, prófugo de la justicia, acusado de sobreprecios, delincuencia organizada y de integrar una red de corrupción, puso a temblar y provocó la iracunda reacción de varios funcionarios del gobierno del entonces Presidente Rafael Correa por la difusión de una serie de videos pastilla en los que, entre otras cosas, aseguraba que en la estatal Petroecuador "no se hacía absolutamente nada que no haya tenido el visto bueno del vicepresidente Jorge Glas", y que él no podía tomar ninguna decisión sin la aprobación de Glas.

Un año después de esas denuncias, el avispero de la corrupción en Ecuador se vuelve a revolver, en un país en que los más altos funcionarios del Gobierno de Correa son investigados, están presos o prófugos de la justicia por distintos casos de corrupción, entre ellos el ex vicepresidente, ex ministros, el ex contralor de la Nación, y donde muchos piensan que los procesos llegarán al propio ex Presidente.

En días pasados, Pareja Yannuzzelli volvió a escandalizar al país, pero esta vez por la decisión de la fiscal Elba Garzón, quien se abstuvo de acusarlo a él y al ex gerente de refinación de la estatal Petroecuador, Diego Tapia, en una investigación por peculado relativa a trabajos en la refinería Esmeraldas, según dijo porque "se habían desvanecido los elementos de convicción"

La jueza Paola Campaña, mientras tanto, por pedido de la Fiscal, revocó la orden de prisión preventiva contra Capaya, Tapia y el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, también preso por corrupción.

La decisión de la Fiscal Garzón no los libera de la prisión pues al momento los ex funcionarios cumplen otras condenas por delitos de asociación ilícita y cohecho.

El caso tiene que ver con la contratación de manejo de condensados en el proyecto de repotenciación de la refinería estatal de Esmeraldas, la más grande e importante del país, y que de acuerdo con la Contraloría de la Nación habría generado un perjuicio de $5 millones. Un informe de Contraloría responsabilizó a Pareja Yannuzzelli, Tapia y Bravo.

Si bien es un monto pequeño el que está en juego, el manejo de condensados es apenas un hilo en el gran ovillo de corrupción en la estatal Petroecuador. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que incluyó varias etapas y varios trabajos, considerada por Correa como una de las obras estrella de su gobierno, terminó costando alrededor de $2.000 millones frente a los $187 millones proyectados originalmente.

Hay varios análisis que hablan de sobreprecios de hasta 700% en la Refinería, entrega de contratos a compañías piratas, entre otra serie de anomalías, en obras contratadas sin licitación bajo la figura de contratación directa, amparada en declaratorias de emergencia.

Al menos 24 informes de Contraloría establecen responsabilidades penales a raíz de las denuncias del activista y periodista Fernando Villavicencio, quien destapó la mayoría de los casos de corrupción en el país y fue uno de los perseguidos del gobierno anterior.

Pareja Yanuzelli, conocido como Capaya, quien se entregó a la justicia ecuatoriana el año pasado, enfrenta 17 casos penales en la Fiscalía, en dos de los cuales ya ha sido sentenciado por los cargos de delincuencia organizada y cohecho.

Un tercero bajo responsabilidad del Fiscal General se encuentra en etapa de juicio; tiene además 12 investigaciones por peculado y 1 por tráfico de influencias.

¿Hay protección a ex alto funcionarios?

¿Con la abstención de la Fiscalía en el caso de la refinería se buscó proteger a alguien? "No solo a los procesados sino a quienes autorizaron la firma del contrato, es decir el directorio de Petroecuador, dirigido por Jorge Glas, en representación de Rafael Correa, a delegados de la Semplades, al ministro de Hidrocarburos de ese entonces y al gerente de Petroecuador (…) mientras tanto la corrupción se protege, la impunidad se privilegia, si se procesa a alguno de los jerarcas del correísmo se lo hace por delitos menores, como pasó ya con Glas a quien se lo condenó a seis años, pena que correspondería a quien se roba digamos un borrego", asegura Ramiro García Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Según García Falconí, Pareja podía haberse acogido a la figura de cooperación necesaria, con la que podría obtener rebaja de hasta 90% de la pena a cambio de delatar a los jefes de la organización delictiva.

"La estrategia de la Fiscalía es clara: "Te absuelvo, a lo mucho te acuso de delitos menores, pero no abras la boca y no digas lo que sabes. Sobre todo, no involucres a Correa y Glas", dijo recientemente el abogado en su cuenta de twitter.

Villavicencio asegura tener informes que Pareja Yannuzelli enviaba cada semana a Correa sobre el avance en los trabajos de la refinería, "por lo que Correa no puede sacar el cuerpo de los manejos en esos contratos".

La decisión de la Fiscalía en el caso de la Refinería Esmeraldas provocó una inmediata e iracunda reacción de diversos sectores sociales, levantó exigencias para que se apresure el nombramiento del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) -encargado de nombrar a las autoridades de control- para "descorreizar a la justicia" y cumplir con el ofrecimiento del Presidente Lenín Moreno de realizar "una cirugía mayor a la corrupción".

El rechazo fue tal que el Fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, tomó distancia, expresando su "desacuerdo y preocupación" y aclarando que "no es un expediente que haya estado bajo mi responsabilidad".

Pero las dudas y suspicacias se volvieron a levantar pues tras las declaraciones de Baca, la fiscal subrogante Thania Moreno, que debe analizar el expediente, dijo que la Fiscal Garzón está bajo el mando directo del fiscal general y que fue designada por él, hecho negado por el Fiscal General.

La situación es más complicada de lo que parece pues la Fiscal Moreno investiga a Baca, quien se desempeñó como presidente de la Comisión 30-S, instancia designada por Correa para investigar la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 de la cual Correa aseguró que fue un intento de golpe de Estado. Moreno investiga si Baca Mancheno, cuyo cargo en la comisión era ad honoren, recibió $5.500 mensuales de la Secretaría de Inteligencia mientras integraba dicha comisión. El fin de semana el ex Contralor prófugo Carlos Pólit en sendas entrevistas desde Estados Unidos aseguró que el informe de Baca Mancheno condenó a inocentes; las declaraciones de Pólit fueron desestimadas por el Fiscal.

Mientras el escenario en torno a la corrupción en Ecuador se llena de intrigas, dimes y diretes, la pregunta que se hacen los ecuatorianos es si se llegará a castigar a los corruptos y por qué ha resultado tan difícil juzgar a los ex funcionarios de Correa.

Marina Ramos, maestra jubilada, dice que la respuesta es simple. "todos tienen rabo de paja y se tapan los unos a los otros; cuando se pelan dicen algo para afectar al otro, pero todo es un círculo para proteger al ex jefe Correa".

El ex asambleísta César Montúfar, el único acusador particular de Glas dentro de la investigación por asociación ilícita ligada a la corrupción de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, presentó el año pasado una denuncia en contra de Correa dentro de una investigación abierta por el Fiscal por peculado como derivación del juicio por asociación ilícita contra Glas.

"La sentencia de primera instancia contra Glas señala un camino lógico: Glas no hubiera cometido los delitos que cometió sin el conocimiento de Correa, que hizo una serie de cambios legales e institucionales para permitir la asociación ilícita y sin el poder que Correa le dio para que operara en los sectores estratégicos. Es absurdo e inconcebible pensar que el Presidente no estaba enterado", dice Montúfar.

Según Montúfar, "Hay suficientes elementos para investigar y procesar al ex presidente Rafael Correa, en al menos dos casos. Si en Ecuador hubiera una Fiscalía dispuesta a combatir la corrupción , al menos en esos dos casos se debería ya iniciar las investigaciones al ex presidente, sin perjuicio de otros casos que pueden seguir surgiendo".

Pero la situación se complicó aún más el lunes último pues según denunció Montúfar, el Fiscal negó su denuncia contra Correa en el proceso de cohecho abierto contra Glas. "¿Pretende así evitar mi acusación particular contra el ex presidente?", preguntó Montúfar al Fiscal.

Un fiscal cuestionado

Baca Mancheno ha sido cuestionado desde que fue designado Fiscal General por sus orígenes políticos: fue asesor del Presidente Correa, fue militante de Alianza País, cuando esta agrupación política era liderada por Correa, pero el Fiscal ha dicho sinnúmero de veces que actúa de manera técnica e independiente de acuerdo con sus funciones.

"Es un personaje marcado por un sello ideológico y una profunda amistad y colaboración durante 10 años con el ex presidente Correa", sostiene Fernando Villavicencio. "La Fiscalía dela Nación, actúa sobre la base de acuerdos políticos ; no hay independencia de la principal autoridad penal, y lo que es peor la actuación de la Fiscalía y Contraloría está signada a encubrir y proteger a los altos funcionarios del directorio de Petroecuador y al propio ex presidente Correa".

Villavicencio no es el único en poner en duda la actitud del Fiscal Baca. La dirigente indígena y ex asambleísta Lourdes Tibán asegura que "en Ecuador no hay quien juzgue. Correa dejó asegurando a los jueces, a los fiscales y el propio Fiscal general es parte del Correísmo. El presidente Moreno está sentado en una estructura que es 90% del Correísmo y van a buscar que no se destape todo lo que hicieron en 10 años".

Según Montúfar, la corrupción y la manera en que ésta es tratada en Ecuador es el resultado de 10 años en que el control y fiscalización fueron controlados por el gobierno de Rafael Correa. "Es claro que el gobierno de Correa tenía en la corrupción a una de sus columnas vertebrales. El Correísmo era también producto de la captación de poder para beneficiarse económicamente".

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