La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, llamó el miércoles a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador José Valencia, tras los cuestionamientos emitidos acerca de la consulta popular celebrada el domingo.
El organismo impugnó uno de los puntos del referéndum que implica la destitución de funcionarios de control aprobada en un referendo el domingo.
En un comunicado, la Cancillería detalla que Valencia deberá regresar hoy mismo al país.
La decisión se adoptó luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la OEA, pidiera el martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que adopte medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador (CPCCS), afectados por el resultado de una pregunta de la consulta popular del domingo.
La Cancillería apunta que la "convocatoria urgente" se produce ante el "accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales" de la CIDH, al solicitar a la CorteIDH las mencionadas medidas provisionales.
"El Gobierno de Ecuador reitera la plena legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular, así como el rechazo a la actuación desde la CIDH. Ecuador defenderá ante la CorteIDH la plena legalidad y legitimidad del proceso de consulta al pueblo", insistió.
El llamado a consultas ocurrió poco después de que el jefe de Estado, Lenín Moreno, convocara a los poderes del Estado para expresar "unidad" y defender la consulta popular del domingo, ante los organismos internacionales, que la han cuestionado.
"He convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad de país, ante los organismos internacionales, nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional", escribió Moreno en Twitter.
En su pronunciamiento, Moreno no hizo mención a ningún organismo internacional en particular.
En la pregunta 3 -de siete- del proceso del domingo, el Gobierno de Moreno propuso una reestructuración del CPCCS, encargada de elegir a las autoridades de control del país andino.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,84 % escrutado, los ecuatorianos apoyaron con un 63,08 % de votos favorables la propuesta de Moreno en la pregunta 3.
"De implementarse el resultado del referendo (…) se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir", apuntó en un comunicado la CIDH.
Por ello, pidió a la CorteIDH unas medidas provisionales con las que "ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del CPCCS y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho".
"Incluyendo -añadió- los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos".
La Comisión consideró que la consulta del domingo "no contó con control constitucional previo" y apuntó que solo el Parlamento a través de un "enjuiciamiento político" puede cesar a los actuales miembros del CPCCS, cuyo periodo va hasta 2020.
Tras esperar varios días el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las preguntas de la consulta y referéndum, Moreno convocó en noviembre pasado al proceso por decreto.
El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, ex aliado de Moreno y ahora en la oposición, no acepta la interpretación legal que le dio su sucesor al silencio de la Corte Constitucional.
La ley establece que si la Corte no se pronuncia tras 20 días, se entiende "que ha emitido un dictamen favorable", argumentó Moreno al emitir el decreto, 58 días después, para que se convocara la consulta y referéndum, que finalmente se realizó el domingo.
Con información de EFE y AFP
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