El escándalo provocado por la constructora brasileña Odebrecht ha puesto en jaque a varios líderes latinoamericanos, pero el peruano Pedro Pablo Kuczynski podía convertirse en el primer presidente en ser destituido por esos vínculos. Algo que no llegó a ocurrir porque PPK decidió renunciar este miércoles antes de que el Congreso votara el cese de su gobierno.
El mandatario compareció el pasado 21 de diciembre ante el Congreso para defenderse luego de que la empresa brasileña develara la semana pasada que pagó casi cinco millones de dólares por asesoramiento a firmas vinculadas al mandatario entre 2004 y 2013. Del total, 782.000 dólares fueron a Westfield Capital, firma de Kuczynski, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Otros 4,05 millones fueron para First Capital, empresa de un ex socio.
Tanto Kuczynski como Odebrecht han defendido la legalidad de los contratos, que fueron gestionados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba Westfield Capital mientras el actual presidente de Perú estaba ocupado en el sector público. De hecho, Kuczynski no tiene un proceso judicial, abierto pero 93 de los 130 diputados del Parlamento peruano pidieron abrir el proceso de destitución y se necesitan 87 votos para echarlo por "incapacidad moral".
PPK rechazó vínculos con First Capital, aunque admitió que sí hizo una asesoría con ellos para un proyecto de Odebrecht, legalmente. Respecto a Westfield Capital, que es de su propiedad, dijo: "Nunca ha estado a cargo de la gestión ni administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público".
Su renuncia abrirá en Perú un período incierto, con la sombra de convocar elecciones e impactando de lleno en su crecimiento económico. El caso Odebrecht, que ha reconocido haber pagado multimillonarios sobornos para lograr licitaciones, ha sido particularmente significativo en su país.
El ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa están en prisión preventiva por recibir presuntamente 3 millones de dólares para su campaña, y sobre el ex mandatario Alejandro Toledo (2001-2006) hay una orden de captura y pedido de extradición desde los Estados Unidos por beneficiarse supuestamente de 20 millones.
La opositora Keiko Fujimori también está siendo investigada por lavado de activos durante la campaña presidencial de 2011.
Sin proceso judicial abierto, pero con muchas dudas, también está en la mira el ex presidente Alan García, cuyas iniciales "AG" aparecieron en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht. El empresario confirmó en su declaración que se trata del ex mandatario.
América Latina, en jaque por los sobornos de Odebrecht
Ecuador tampoco se ha salvado de este terremoto político. Su vicepresidente, Jorge Glas, fue sentenciado el miércoles pasado a seis años de prisión por asociación ilícita tras recibir 13,5 millones de dólares en sobornos.
Su condena "marca una ruptura con el ocultamiento de la corrupción que hubo durante el gobierno de Rafael Correa" (2007-2017), según el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
Brasil es el otro país donde Odebrecht ha dejado más víctimas, aunque es apenas un capítulo de la Operación Lava Jato que investiga los sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener licitaciones en Petrobras.
La empresa hasta tenía un departamento dedicado a la gestión y distribución de sobornos a políticos brasileños.
El ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) está con la soga al cuello por su presunta vinculación.
La Justicia investiga si Odebrecht le pagó un terreno para su instituto en San Pablo y si ofreció a su familia un apartamento en una localidad cercana.
En el marco de Lava Jato, Lula ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por recibir un lujoso tríplex en un balneario.
Si la segunda instancia judicial confirma la condena, puede ir a prisión y quedar fuera de las presidenciales de 2018.
En este sentido, el analista político Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), subraya que "la eventual caída del presidente peruano probablemente será usada en las elecciones brasileñas para criticar a los gobiernos del Partido de los Trabajadores", el de Lula y el de su sucesora, Dilma Rousseff, destituida en 2016.
El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, fue, por su lado, condenado a 20 años de cárcel por el caso, reducidos luego a diez. El 19 de diciembre pasó a prisión domiciliaria por colaborar con la Justicia, tras haber pasado dos años y medio en una cárcel de Curitiba (sur).
Sus delaciones permitieron investigar a ocho ministros del actual presidente, Michel Temer, un tercio del Senado y unos 40 diputados.
El mandato del propio Temer también peligró por las denuncias sobre la presunta aportación de Odebrecht a la candidatura presidencial que formó con Dilma Rousseff, su antecesora, aunque la Justicia electoral lo absolvió en junio de este año.
Las garras de la constructora brasileña también apuntaron a Venezuela, donde dijo haber desembolsado 98 millones de dólares.
El presidente Nicolás Maduro se vio envuelto en la polémica, pero la Justicia —adicta al régimen— frenó las acusaciones y descartó investigarlo.
Los tentáculos también alcanzaron a dos hijos del ex mandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a tres de sus ministros, todos imputados, y al ex director general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), único investigado en su país y acusado de aceptar al menos 10 millones de dólares.
(Con información de AFP y EFE)
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