Dos abogados peruanos presentaron este lunes en el Poder Judicial una demanda de amparo para paralizar el proceso de destitución emprendido por el Congreso contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por, supuestamente, haber ocultados vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, informaron medios locales.
Los letrados Francisco Dios y Juan Sánchez Chiang, que no representan oficialmente a Kuczynski, solicitaron que un juez ordene la paralización del proceso de destitución, cuya votación en el pleno del Parlamento está prevista para que se celebre este jueves.
En su demanda, los abogados alegaron la vulneración de diversos derechos fundamentales por la celeridad con la que el Congreso pretende realizar este procedimiento de carácter extraordinario.
La moción para destituir a Kuczynski se acoge a la "incapacidad moral permanente", al considerar que "faltó a la verdad" cuando en repetidas ocasiones negó haber tenido relación con Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.
Sin embargo, la empresa brasileña develó la pasada semana que pagó más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, por asesorías entre 2004 y 2007, época en la que el mandatario peruano era ministro del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Tanto Kuczynski como Odebrecht han defendido la legalidad de los contratos, que fueron gestionados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba Westfield Capital mientras el actual presidente de Perú estaba ocupado en el sector público.
Para destituir a Kuczynski, el Congreso, que domina el fujimorismo con mayoría absoluta, requiere al menos 87 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo peruano, algo factible si se tiene en cuenta que la moción fue admitida con 93 votos a favor.
La incapacidad moral permanente es una figura contemplada en la Constitución peruana y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en 2000, cuando Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.
El caso Odebrecht afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados por la constructora entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.
Fruto de las investigaciones, los predecesores de Kuczynski también están inmersos en sospechas, como Toledo, con orden de captura por, supuestamente, recibir 20 millones de dólares en sobornos; Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima, y Ollanta Humala, en la cárcel, por presunta financiación irregular de sus campañas.
(Con información de EFE)
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