El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, convocó este miércoles por decreto a una consulta popular con la que pretende suprimir la reelección indefinida aprobada por su antecesor Rafael Correa, convertido en su enemigo político.
"Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular", dijo Moreno a través de su cuenta de Twitter.
Porque es el derecho del pueblo, y porque me ampara el Art. 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he enviado al CNE los Decretos Ejecutivos 229 y 230 convocando a la consulta popular. ¡Vamos por un SÍ rotundo! #LaConsultaEsDeTodos
— Lenín Moreno (@Lenin) November 29, 2017
Y agregó que "¡Vamos por un sí rotundo!" y que la "consulta es de todos". Los decretos fueron entregados por la secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesántez, al secretario del CNE Fausto Holguin.
Los decretos presidenciales responden a que ha expirado el plazo para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su legalidad, lo que presuntamente da vía libre al Gobierno para convocarla mediante decreto. Los aspectos legales iban a ser explicados por el CNE en una rueda de prensa que se celebraría el miércoles mismo.
La propuesta de Moreno es considerada por Correa como una maniobra para desmontar su legado e inhabilitarle como candidato. Antes aliados, el ex presidente y su sucesor mantienen una disputa por el control del partido Alianza País (AP) y se han lanzado duras críticas.
En 2015, el Congreso controlado por el oficialismo aprobó enmiendas constitucionales impulsadas por Correa, dando luz verde a la reelección indefinida a partir de las elecciones de 2021.
La consulta popular propone también cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control y electorales.
Otras preguntas plantean la eliminación de la ley que imponía impuestos a la especulación inmobiliaria, reducir el área de explotación petrolera en la reserva amazónica protegida del Yasuní o restringir la minería en áreas protegidas.
Con información de EFE y AFP
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