Luego de la victoria conseguida por el gobierno de Michel Temer en la comisión del Senado que analizó su denuncia, donde consiguió una recomendación en contra del proceso, el Poder Ejecutivo fue acusado de gastar casi USD 5 mil millones para comprar apoyos en el grupo legislativo, a través de la entrega acelerada de recursos, hecho que el gobierno deslindó de motivaciones políticas y calificó como un procedimiento constitucional.
El gobierno brasileño negó este domingo haber utilizado recursos públicos para obtener el apoyo de los legisladores que analizan la denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer.
El periódico O Globo publicó en su tapa dominical que "Temer usó 15.000 millones de reales (unos 4.700 millones de dólares) para obtener victoria" en una comisión parlamentaria que el jueves pasado recomendó archivar el proceso contra él. Horas después, el gobierno negó las acusaciones.
Según el diario, que encabezó la noticia con la frase "el precio de la fidelidad", la distribución de los recursos fue anunciada a lo largo de las dos últimas semanas, en forma de nuevos programas y liberación acelerada de partidas presupuestales para que los diputados realicen obras específicas en sus estados de origen, a cambio de un resultado favorable a Temer en la comisión.
Varios de los diputados derrotados en la votación habían denunciado estas supuestas maniobras el mismo jueves.
"La liberación de recursos para municipios es un procedimiento absolutamente normal", dentro del marco de la Constitución, retrucó el Ministerio de Planificación y Presupuesto en un comunicado este domingo.
Todos los recursos son ejecutados con criterio y se destinan a "la realización de obras esenciales, como proyectos de saneamiento, movilidad urbana, iluminación pública, etc.", añade la nota oficial.
Temer fue acusado de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor al que la policía fotografió recibiendo una maleta con ese dinero antes de detenerlo. La Fiscalía afirma que ese monto estaba destinado a Temer, quien lo ha negado categóricamente.
Pese a que la comisión parlamentaria recomendó -por 40 votos contra 25- archivar la denuncia, será el pleno de 513 diputados el que decida si enviarla o no al Supremo Tribunal Federal (STF).
Esa votación clave en Diputados -en la que la oposición necesita una mayoría especial de 342 votos para que el proceso continúe- está prevista para el 2 de agosto.
Si la causa llegara al STF y los 11 jueces de esa instancia dieran continuidad al proceso, Temer sería suspendido por hasta 180 días.
Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, asumiría el cargo provisoriamente, abriendo un nuevo capítulo de la crisis que golpea al país tras la destitución de Dilma Rousseff (2010-2016) 14 meses atrás.
En caso de que Temer fuera declarado culpable, perdería su cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia. La Fiscalía estudia además presentar otras denuncias contra Temer por obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
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