Las FARC después de las armas: el peligroso tránsito de la guerra a la política

"Hoy, las FARC, la guerrilla más poderosa y más antigua de América Latina, dejan de existir", aseguró este viernes el presidente Juan Manuel Santos ante una sala colmada de empresarios en París, donde se encuentra de visita oficial. El argumento del Nobel de la Paz para hacer semejante aseveración es que las Naciones Unidas iban a declarar "que las FARC entregaron el 100% de sus armas". Lamentablemente para él, y para toda Colombia, la ONU tuvo que contradecirlo: aún no se puede decir que el desarme sea completo, ni mucho menos que la guerrilla haya desaparecido.

Hasta el vicepresidente, Óscar Naranjo, se vio obligado a corregir al mandatario. Según su versión, "la dejación definitiva de las armas se producirá en las próximas 72 horas", que se cumplen el lunes. Pero ni siquiera entonces estará concluido el proceso. Las FARC reconocieron tener 950 caletas (depósitos) con armamento de distinto tipo, escondidas en diferentes puntos del país. La búsqueda y destrucción de ese material se puede extender al menos hasta septiembre. Todo esto, sin mencionar que hay subgrupos minoritarios que han decidido mantenerse al margen de la rendición y continuarán en la ilegalidad.

"No hay completa seguridad de que la desmovilización sea plena. ¿Están participando todos o hay una capa de integrantes de las FARC que se están quedando por fuera? Puede haber un proyecto militar de fondo, o trampas que en todos los procesos de esta naturaleza suele haber", afirmó Vicente Torrijos, profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, en diálogo con Infobae.

Éstas son algunas de las dudas que tiene buena parte de la sociedad colombiana, que en el plebiscito no vinculante del año pasado votó en contra de lo pactado en La Habana, porque mira con recelo todo el proceso de paz y no confía en las intenciones de la guerrilla. Al mismo tiempo, hay muchos que siguen esperanzados y ven que una paz posible está cada vez más cerca.

"Es la primera vez que se cumple el estándar internacional de dejación de armas que se ha construido y consolidado en la ONU. Se han registrado como en ningún otro proceso de entrega, a un arma por combatiente como mínimo. De ahí que ya hay 8 mil reunidas", dijo a Infobae Miguel Suárez, asesor de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final con las FARC (CSIVI).

Los alcances de la rendición y el desarme

La entrega de armas se realizó en 26 puntos de concentración especialmente destinados para que los guerrilleros puedan estar en un lugar que consideren seguro durante el tiempo que dure la transición hacia la vida civil. La ONU estima que hay unos 7.000 combatientes en estas áreas. Originalmente, el pacto establecía que no deberían pasar más de seis meses allí, pero no hay certeza de que ese plazo se vaya a cumplir.

Las diversas fuentes que se pueden consultar difieren en el énfasis, pero coinciden en el cuadro general: la mayor parte del Ejército de las FARC se desmovilizó y abandonó la lucha armada. Las divergencias aparecen cuando se indaga sobre los sectores minoritarios que continúan agazapados. Algunos observadores dicen que están desorganizados y que son insignificantes, pero otros creen que pueden ser una amenaza.

"Hay dos tipos de disidencias. Una está conformada por frentes que actuaban en el sur del país, por donde pasan la rutas del narcotráfico y donde hay explotaciones mineras ilegales. Son los que tienen menos incentivos para sumarse, porque obtienen dividendos enormes de esas actividades. Esos frentes nunca formaron parte del proceso. Si bien no hay un cálculo preciso de cuántas personas son, se dice que representan entre un 10 y un 13% del total. Quedarían clasificados como grupos criminales organizados, y ya no como guerrillas", explicó Sandra Borda Guzmán, profesora de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad de los Andes, consultada por Infobae.

El segundo tipo de disidencia no está tan estructurado, ya que no son frentes enteros. Son conjuntos de miembros que tienen reparos con el proceso y quieren ver cómo se implementa. Uno de los mayores temores que tienen es convertirse en blancos fáciles de grupos armados rivales que aún operan algunas zonas del país, y que podrían aprovechar para vengarse una vez que dejen las armas.

"Hay organizaciones paramilitares de derecha, como el Cartel del Golfo, que se han fortalecido, avanzando sobre territorios y negocios anteriormente controlados por las FARC. Ésa es una amenaza de seguridad enorme, no sólo para los guerrilleros, sino para todo el país. Ya hubo dos desmovilizados asesinados esta semana. Las FARC quieren evitar que se repita lo que ocurrió entre 1989 y 1993, cuando muchos de los 3.000 miembros que se desmovilizaron y se unieron a la Unión Patriótica (UP) fueron masacrados", dijo a Infobae el politólogo Jim Rochlin, investigador de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, especializado en política y seguridad latinoamericana.

La solución que le dio el estado a la cúpula de la organización para convencerla de dejar a un lado esas preocupaciones es, por lo menos, problemática. Se les ofreció el servicio de fuerzas de seguridad especialmente abocadas a proteger a los ex combatientes en las zonas especiales, pero con el agregado de que algunos guerrilleros podrán sumarse a esos cuerpos. Para tranquilidad de sus compañeros, y para preocupación del resto de la sociedad.

Torrijos sospecha que la estrategia de las FARC no es puramente defensiva. "Están muy interesadas en conversar influencia territorial mediante esa fuerza física de la que disponen", dijo. Los líderes de la guerrilla tienen en mente las elecciones de 2018, en las que no sería descabellado un triunfo la oposición uribista, que podría frenar la puesta en práctica del proceso de paz.

El desafío de insertarse en la vida civil y democrática

El pasaje a esta nueva etapa posterior a la lucha armada —suponiendo que ésta se abandone definitivamente— será muy diferente para los combatientes y para la jerarquía de las FARC. Los soldados rasos, acostumbrados a vivir en medio de la selva, abocados a la guerra y al narcotráfico, tendrán que adaptarse a llevar vidas "normales". Los jefes, en cambio, seguirán dirigiendo una lucha por el poder, sólo que por otros medios.

"Los militantes comenzarán un proceso de reinserción social y económica —dijo Borda—. En algunos casos harán militancia partidaria, pero no en todos. Ahí hay un desafío muy importante, sobre todo por las limitaciones presupuestarias del estado colombiano".

Para ayudarlos en esta fase de readaptación, los ex guerrilleros recibirán durante dos años un subsidio equivalente a un 90% del salario mínimo. "El gran reto es que puedan encontrar trabajo en la economía formal. No será fácil por lo débil que es el crecimiento económico del país. Y necesitarán entrenamiento, ya que sus únicas aptitudes son como combatientes. Finalmente, como grupo que sólo conoce la guerra, tendrán que modificar su mentalidad para insertarse a la sociedad", dijo Rochlin.

Otra es la historia para Timochenko y el resto de los jefes de la organización. Su apuesta ahora está centrada en hallar la manera de tener la mayor incidencia posible sobre la política colombiana. Aún no está claro qué camino seguirán. A principios de agosto realizarán un congreso y se espera que allí formen un nuevo partido político. "Veremos qué capacidad tienen para convertir sus estructuras militares en una estructura legal —dijo Suárez—. Seguramente tendrá algún nivel influencia en las elecciones regionales, pero no creo que lleguen a tener el lugar de la UP, el partido que fue producto de los diálogos de 1984".

También genera incertidumbre el contenido programático de su propuesta política. "Hay dudas por el tipo de plataforma que van a adoptar, si van a seguir con el discurso que tuvieron toda la vida desde la insurgencia o si van a transitar hacia uno más flexible, propio de una izquierda más contemporánea y menos dogmática", dijo Borda.

Pero lo más importante que aún está por develarse es si piensan consolidar un espacio propio o ir hacia una alianza más amplia con otros partidos de izquierda. Para Torrijos no hay dudas. "Las FARC son perfectamente conscientes de que en este momento no tienen suficiente apoyo, aunque pasen a llamarse de otra manera y desarollen campañas publicitarias. Lo cierto es que no tienen la capacidad para sostener una candidatura propia y se arriesgan a hacer el ridículo. Ellos mismos han hablado de ser parte de una coalición, buscando que confluyan todas las fuerzas de izquierda, o por lo menos del oficialismo santista, que está interesado en que el acuerdo sobreviva en el tiempo. Podría darse en primera o en segunda vuelta".

Todo eso está por verse. La única certeza es que contarán con dos recursos importantes para participar del debate político en el primer nivel. Por un lado, tendrán cinco representantes en la Cámara de Diputados y otros cinco en el Senado durante un período parlamentario. Se los concedieron con el argumento de que en estos años se sancionarán leyes relativas al proceso de paz.

Además, podrán aumentar su peso específico a través de 16 nuevas bancas que se crearán para dar representación a comunidades de zonas muy afectadas por la guerra interna, que en el pasado no podían votar. Si bien los candidatos serán miembros de movimientos sociales que actúan en esas áreas, el peso de las FARC es tan grande en ellas que se descuenta que tendrán una influencia muy importante sobre esos diputados.

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