Marco Antonio, 14 años, desaparecido: el juicio que abre la puerta a la página más negra de Guatemala

La fecha 6 de octubre de 1981 quedaría grabada con tinta indeleble en la mente de Ana Lucrecia Molina Theissen como "el día de su primera muerte". Era mediodía cuando su hermano Marco Antonio, de 14 años, su madre, Emma Guadalupe Theissen Álvarez y Marta, la empleada doméstica, escucharon que tocaban a la puerta.

Llegaron tres hombres en un pickup. Uno permaneció en el vehículo. Otro se subió a la marquesina de la vivienda para vigilar los movimientos de quienes se encontraban en su interior e impedir su fuga. El tercero ingresó, empujó a Marco Antonio, lo engrilletó, le selló la boca con cinta adhesiva y lo dejó en el sofá. Luego, agarró a Doña Emma, le puso el arma en la sien y, utilizándola como escudo humano, procedió a inspeccionar la vivienda.

En una de las habitaciones halló un álbum con fotografías de Emma Guadalupe Molina Theissen, una de las hermanas mayores de Marco Antonio, quien había sido detenida un mes antes, el 27 de septiembre durante un retén militar, pero logró escapar de la base militar de Quetzaltenango después de ser interrogada, torturada con descargas eléctricas y repetidamente violada por soldados. La joven pertenecía a la Juventud Patriótica del Trabajo, la división estudiantil del izquierdista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y los soldados que la detuvieron hallaron panfletos de la organización entre sus pertenencias.

El hombre arrancó algunas fotos y las guardó. Cuando terminó de registrar la casa, empujó a Doña Emma a una de las habitaciones y se llevó a Marco Antonio. Doña Emma salió a la calle y alcanzó a ver el pickup que arrancaba con el niño acostado en la palangana y se dirigía hacia la Calzada San Juan, sujetado por un hombre obeso. Memorizó la matrícula del vehículo: O-17675. Jamás volvió a ver a Marco Antonio ni supo a dónde se lo llevaron.

Ana Lucrecia se enteraría de lo sucedido horas después. Como la familia no tenía teléfono en la casa, Doña Emma acudió a la oficina de su esposo para contarle lo sucedido. Él llamó a una de sus hermanas y así fue como se enteró una de las primas de las hermanas Molina Theissen, quien había quedado con Ana Lucrecia, ese día. "Ella me había ayudado a buscar a Emma en los hospitales y en las morgues donde habían aparecido cuerpos de mujeres cuya descripción correspondía con la suya. Quedé con ella para contarle que Emma estaba libre. Mi reacción cuando me enteré (de que se habían llevado a Marco Antonio) fue gritar en la calle pero ella me hizo reaccionar y me callé", recuerda Ana Lucrecia.

Sueños truncados
Marco Antonio era el hermano menor y el único varón en una familia de cinco hermanos: Sonia, la mayor, quien falleció en el 2000, Ana Lucrecia, Maria Eugenia, y Emma Guadalupe, con quien mantenía una relación muy estrecha. "Para una niña de once años, un bebé era como un muñeco de carne y hueso", recuerda Ana Lucrecia.

Su hermana mayor lo recuerda como "un muchacho grandote", tranquilo e inteligente, un buen estudiante que mostraba aptitud para el dibujo y soñaba con ser ingeniero. En el retrato, en blanco y negro, que siempre portan sus hermanas, aparece sonriente.

En el cortometraje "Marco Antonio, el niño que aún escribe en el aire", producido por el medio alternativo Prensa Comunitaria, Ana Lucrecia narra cómo Marco Antonio trazaba palabras en el aire, letra por letra, con el dedo, a la edad de tres años. "Todavía se chupaba el dedo cuando aprendió a leer y a escribir", recuerda Ana Lucrecia.

"Era un niño muy estimulado. En la casa siempre hubo libros y él estaba muy familiarizado con la lectura, le gustaba aprender y estaba muy dedicado a sus clases, tanto que se iba en bicicleta desde la colonia La Florida, donde vivíamos, hasta la Universidad de San Carlos (Usac), para hacer sus tareas en la biblioteca de la universidad, a escondidas de mi papá, quien temía por su seguridad", relata Ana Lucrecia.

Marco Antonio aprendió a dibujar con los ejercicios de un método de auto-aprendizaje por correo que ella compró pero nunca tuvo tiempo de hacer. Sus hermanas todavía conservan su cuaderno de dibujo. "Su ilusión era hacerle a mi mamá una casa linda. Mi mamá cuenta que un día pasaron por una casa bien bonita y él le preguntó: "Mamá, ¿le gusta esa casa?" y ella respondió "Si, mijo, es muy bonita" y él le dijo: "Cuando sea grande voy a ser ingeniero y le voy a hacer una casa linda". De hecho, después del terremoto (de 1976) él hizo el boceto de la casa de donde se lo llevaron. Mi mamá le fue diciendo "Quiero que tenga esto y esto" y él lo fue dibujando para que el maestro de obras pudiera hacer un plan. Marco Antonio dibujó la casa que se convirtió en una trampa mortal", cuenta Ana Lucrecia.

La desaparición como represalia

La segunda de las hermanas Molina Theissen afirma que el conflicto armado "fue una época en la que uno nacía de un lado o de otro" y en la familia, la militancia política y los ideales revolucionarios corrían en las venas. Su abuela paterna, una costurera proveniente del municipio de Asunción Mita, en el departamento oriental de Jutiapa, "envió a sus hijos a pelear" en la Revolución de Octubre, como se conoce al movimiento de militares, estudiantes, y trabajadores que derrocó al gobierno de facto del general Federico Ponce Vaides, lo cual dio lugar a las primeras elecciones libres en el país y a diez años de gobiernos democráticos que modernizaron el estado e implementaron medidas a favor de la clase trabajadora, período conocido como la "primavera democrática" de Guatemala.

"Cuando mi abuela escuchó los cañonazos del 20 de octubre, sacó de la cama a mis tíos y a mi papá y les dijo: 'Si son hombres, vayan a pelear'. Como mi papá era el menor y apenas había cumplido 15 años lo pusieron a servir café y eso le dio mucha cólera", recuerda Ana Lucrecia.

La familia pagó un alto precio por su militancia. El padre de las hermanas Molina Theissen fue detenido y torturado en varias ocasiones entre 1955 y 1960 y un tío fue desaparecido en el departamento oriental de Zacapa durante la década de los 60.

En marzo de 1980, siete meses antes del secuestro de Marco Antonio, Julio César del Valle y otros dos estudiantes de la Usac, Iván Alfonso Bravo y Marco Tulio Pereira, fueron abatidos a tiros por el grupo paramilitar Ejército Secreto Anticomunista (ESA) como represalia por el asesinato del coronel Máximo Zepeda, hecho por el cual tomó responsabilidad el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

"Él fue de los primeros en ser asesinados cuando comenzó la ola que arrasó con la Usac. Julio era como un miembro más de la familia; llegaba todos los días a la casa. Era muy amigo de Marco Antonio y él sufrió con nosotras su asesinato", afirma Ana Lucrecia.

La Usac, una universidad estatal, era considerada como el semillero de subversión en Guatemala, ya que esa casa de estudios salieron muchos líderes estudiantiles que militaron en partidos izquierdistas o participaron activamente en la guerrilla.

Le pregunto hasta qué punto el jóven Marco Antonio entendía las complejidades de la guerra en la cual perdió la vida. Tras reflexionar durante unos segundos, afirma: "Marco Antonio sabía lo que estaba pasando en Guatemala. Escuchaba las discusiones críticas y veía cómo se esparcía el gas lacrimógeno en el aire, cuando regresábamos a la casa después de las manifestaciones. Estaba muy identificado con nosotras y con nuestro involucramiento (en la lucha revolucionaria); era un simpatizante".

Marco Antonio sabía donde Emma permanecía escondida después de su fuga del cuartel militar pero jamás la delató, asegura Ana Lucrecia. "Eso me hace pensar que mi hermanito era capaz, a esa edad, de un acto de heroísmo a costa de él mismo".

Ana Lucrecia asegura que la inteligencia militar había estudiado el perfil de la familia y ordenó el secuestro de Marco Antonio porque sabía muy bien el impacto que tendría sobre la familia. Fue una represalia por la fuga de Emma Guadalupe del cuartel militar donde fue torturada y violada y un mecanismo de presión con el cual pretendía quebrarla psicológicamente y obligarla a entregarse.

Los padres de las hermanas Molina Theissen: Carlos Augusto Molina Palma y Emma Guadalupe Theissen Álvarez lo sabían y temían que si Emma Guadalupe, quien permanecía en un escondite luego de su fuga, se entregaba al ejército, perderían a ambos hijos, por lo cual optaron por ocultarle la verdad.

Emma no se enteraría de lo sucedido hasta mediados de 1982 cuando se encontraba exiliada en México y su familia optó por decírselo por medio de otros integrantes del partido antes de que se publicara una lista de desaparecidos en la cual figuraba el nombre de Marco Antonio.

"Para ella fue devastador. Uno de los efectos de la desaparición forzada es la culpa. El régimen se encargaba de ahondar en esa culpa con el dicho de que 'en algo andaba metido o metida'. El ejército, las iglesias, la prensa, todos manejaban discursos que culpaban a los desaparecidos por su suerte. Es parte de una guerra psicológica", afirma Ana Lucrecia.

En busca de justicia
En el 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada de Marco Antonio y cuatro años después ordenó que se investigara el caso y que sus restos fueran ubicados. Hasta la fecha se desconoce qué le sucedió luego de que se lo llevaran esposado y amordazado en la palangana del pickup. No se sabe dónde fue recluido, si fue torturado ni donde fueron arrojados sus restos.

Por órden de la CIDH, la familia recibió USD 698 mil como resarcimiento por los gastos legales en los que incurrieron durante los procesos judiciales, para recibir atención psicológica especializada y por daños materiales como la pérdida de su vivienda en la colonia La Florida, la cual tuvieron que abandonar para exiliarse en Costa Rica.

La corte también ordenó que un escuela pública en el municipio de Villa Nueva llevara el nombre de Marco Antonio Molina Theissen, un gesto con un fuerte valor simbólico ya que tanto Doña Emma como Ana Lucrecia son maestras.

Para la familia Molina Theissen fue difícil aceptar un resarcimiento monetario por la desaparición de un hermano y el tema también las convertiría en el blanco de insultos y ataques por parte de simpatizantes del ejército que las acusan de haber lucrado con el secuestro del niño.

El 6 de enero de este año, 35 años después de que Doña Emma viera como se llevaban a su hijo, engrilletado, en la palangana de un pickup, cinco militares retirados fueron conducidos por la policía, con las manos engrilletadas, a la Torre de Tribunales. Después de varias audiencias preliminares en las cuales el Ministerio Público (MP) presentó la evidencia en su contra, el pasado 25 de octubre, el juez Víctor Herrera Ríos, quien preside el juzgado de mayor riesgo C en la Ciudad de Guatemala, los imputó por la detención forzada y violación de Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano Marco Antonio. En el plazo de un mes, el MP deberá concluir la investigación y el juicio iniciará el 9 de diciembre.

Separados del público por una reja negra y custodiados por guardias del Sistema Penitenciario, se encontraban Benedicto Lucas García, ex jefe del estado mayor del ejército, Manuel Antonio Callejas y Callejas, director de la Sección de Inteligencia (G2), Francisco Luis Gordillo Martínez, ex comandante de la zona militar de Quetzaltenango en 1981, Edilberto Letona Linares, el segundo en comando militar de Quetzaltenango y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, jefe de inteligencia de la zona militar de Quetzaltenango. Los cinco acusados tienen entre 78 y 84 años de edad.

Manuel Benedicto Lucas García es hermano del fallecido ex dictador Fernando Romeo Lucas García, quien gobernó el país de julio de 1978 a marzo de 1982, cuando fue depuesto por un triunvirato militar liderado por el general Efraín Ríos Montt, quien enfrenta un segundo juicio por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. El segundo en la cadena de mando de los imputados, Callejas y Callejas es conocido como uno de los principales creadores de "La Cofradía", una fraternidad de oficiales de inteligencia militar. Tras retirarse del ejército en 1989, fungió como director general de Aduanas de 1990 a 1991, donde presuntamente creó una organización clandestina al interior del Ministerio de Finanzas Públicas, cuya función era detectar el tráfico de armas y municiones destinados a la guerrilla. Con los años, esta organización fue mutando y logró penetrar otras instituciones del estado para llevar a cabo operaciones de contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas, motivo por el cual el gobierno estadounidense le revocó la visa en 2002.

El MP citó sus presuntos vínculos con el crimen organizados, detallados en el informe "Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos" publicado en 2007 por el Washington Office on Latin America (WOLA), un centro de investigación con sede en Washington, como justificación para solicitar que guarde prisión preventiva durante el transcurso del proceso. El MP también afirma que varios testigos y peritos se han negado a declarar o lo han hecho bajo condiciones de anonimato por temor a represalias.
El coronel Gordillo Martínez, el tercero en la cadena de mando, integró, junto con Horacio Maldonado Schaad, el triunvirato liderado por Ríos Montt.

Lucas García y Callejas y Callejas también figuran entre los 14 militares que enfrentan un proceso penal por la desaparición forzada y tortura de 558 civiles no combatientes, incluyendo mujeres, niños y ancianos, cuyas osamentas fueron halladas en la Base Militar 21, en Cobán, Alta Verapaz, en 2012.

"La importancia histórica de este caso es que se está acreditando la existencia de una política contrainsurgente cuyo máximo representante era Benedicto Lucas García, quien gozó de impunidad durante mucho tiempo. Se está dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha dicho que hay impunidad estructural en Guatemala", afirma Alejandro Rodríguez, abogado de la familia Molina Theissen.

Un precedente para acabar con la impunidad

Imputar a cinco militares de alto rango por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen sienta un precedente para las organizaciones de derechos humanos que desde 2006 impulsan una iniciativa de ley que crearía una comisión de búsqueda que obligaría al estado a buscar a los 45.000 guatemaltecos que fueron desaparecidos durante el conflicto armado y establecer mecanismos de resarcimiento. La iniciativa ha recibido dictámenes favorables por parte de las comisiones técnicas relevantes pero no ha sido debatida en el pleno del Congreso por falta de voluntad política por parte de los legisladores.

"Este caso corrobora lo que dijo la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH, la comisión de verdad y reconciliación de Guatemala), que la desaparición comenzaba con la reubicación de la persona, el ingreso a la zona militar y su ejecución. En algunas bases militares, como es el caso de Cobán, había zonas de enterramiento colectivo", afirma Rodríguez.
Durante las audiencias preliminares se observó un ambiente de extrema tension, ya que un simpatizante del ejército se dedicó a proferir insultos contra la familia Molina Theissen, acusándola de lucrar con el proceso, debido al resarcimiento económico que recibieron. También han creado varias páginas en Facebook, entre ellas Hijas Militares, para acosar a la familia.

"El Coronel Gordillo siempre se distinguió por ser un caballero. Su familia es la prueba de la calidad de hombre que es él. Íntegro, honesto, honrado, un hombre de honor. Con una vida sobria y elegante en la solidez de un matrimonio y sin escándalos y vulgaridades. Su vida es todo lo contrario de la vida de quienes hoy lo acusan con calumnias. Mujeres, que ejerciendo la libertad sexual, nunca lograron formar una familia, sin hijos, sin un hombre que la samara, con una madre que nunca las supo educar. Las Molina Theissen deben sentirse como la basura que son ellas y su madre", reza una de las publicaciones en la página Hijas Militares.

Emma Guadalupe Molina Theissen no ha declarado durante la etapa preliminar del proceso, debido al fuerte impacto psicológico que revivir los hechos le ocasionaría, según los expertos forenses que la evaluaron.
Durante las audiencias, el MP narró, en detalle, la tortura a la cual fue sujeta, incluyendo descargas eléctricas y violaciones múltiples, por vía anal y vaginal. Después de los vejámenes a los cuales fue sujeta, Emma había perdido 20 libras y su extrema delgadez le permitió quitarse los grilletes y salir de la base, pasando frente a los vigilantes de la entrada, quienes la confundieron con una trabajadora sexual.

Según la CEH 1,465 mujeres fueron violadas durante el conflicto armado interno. Hasta 1979, la violación fue utilizada por el ejército, de manera selectiva, como método de tortura contra mujeres señaladas de integrar organizaciones guerrilleras, y durante la década de los 80, se convirtió en una práctica sistemática utilizada por el ejército para sembrar terror entre la población civil, predominantemente indígena.

En 2015, Esteelmer Reyes Girón, ex comandante de la base militar de Sepur Zarco, en el departamento de Alta Verapaz, y Heriberto Valdez Asij, el ex comisionado regional de la zona, fueron condenados por la esclavitud doméstica y sexual a la que fueron sometidas 11 mujeres de la etnia maya Q'eqchí en la base militar que tenían a su cargo, en 1982. El caso sentó un precedente en términos de visibilizar la violencia sexual ejercida contra no combatientes durante el conflicto armado que se refuerza en el proceso contra los cinco militares acusados de la violación de Emma Guadalupe Molina Theissen, que eran de mayor rango.

"Aunque se tiene el precedente de Sepur Zarco, esta es la primera vez que se va a enjuiciar al alto mando militar por violación sexual sistemática en una base militar. En varias bases militares, entre ellas Rabinal y Sepur Zarco, existió esta práctica y es necesario acreditar cómo la violación fue utilizada como arma de guerra y método de tortura", explica Rodríguez, quien agregó que casos como este empoderan a las víctimas para que más mujeres se atrevan a denunciar los vejámenes que sufrieron.

Los nombres de Lucas García, Callejas y Callejas, y Gordillo Martínez, figuran entre la larga lista de militares latinoamericanos que pasaron por la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, hasta 1984, donde recibieron entrenamiento en inteligencia militar, estrategias de combate y tácticas de tortura por parte del ejército estadounidense.

"La tortura fue impulsada directamente dentro de la Escuela de las Américas. No podemos afirmar que la violación sexual figuraba entre estos elementos pero la degradación humana sí. Los manuales de interrogatorio (de esa institución) señalan que desnudar a una persona y ponerla en una posición de indefensión son elementos centrales para desestructurarla, para que pierda el control de su ámbito temporal y espacial", explica Rodríguez.

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