La mayoría de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, se pronunció contra la posibilidad de que una persona procesada por la Justicia pueda ejercer alguno de los cargos en la línea de sucesión de la Presidencia de la República.
Pese a que seis de los once miembros de la máxima corte rechazaron este jueves la posibilidad de que procesados puedan llegar a ocupar la Presidencia indirectamente, el juicio sobre el asunto fue aplazado por petición de uno de los magistrados, que pidió más tiempo para analizar el caso.
Como uno de los magistrados se abstuvo alegando motivos personales, el veto a los procesados se da como un hecho debido a que tan sólo faltan cuatro jueces por pronunciarse y difícilmente los seis que ya lo hicieron cambiarán su voto.
La prohibición se extiende al vicepresidente de la República, primero en la línea de sucesión, y a los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado y del propio Supremo Tribunal Federal, que son los tres que en esa orden ejercerían como jefe de Estado en caso de ausencia del titular.
La denuncia presentada ante la Corte Suprema por el partido Red de Sustentabilidad busca impedir que algún político procesado penalmente, aunque no haya sido condenado, pueda ejercer alguno de los cargos mencionados.
El Supremo comenzó a analizar el caso en mayo pasado, cuando la Justicia aceptó una denuncia penal contra el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, primero en la línea de sucesión en medio del proceso destituyente contra la ya ex presidente Dilma Rousseff.
Durante el juicio político a Rousseff, el entonces vicepresidente, Michel Temer, asumió como jefe de Estado y el primero en su línea sucesoria era Cunha, un diputado procesado por la Justicia y con múltiples denuncias por corrupción.
En agosto pasado Temer asumió la Presidencia con plenas funciones tras la destitución definitiva de Rousseff y Cunha fue despojado del mandato por la propia Cámara de Diputados, cuyo Consejo de Ética lo sometió a un juicio y lo condenó por violar el código de ética de los parlamentarios.
Con Temer como presidente, el primero en la línea de sucesión es el actual titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien no enfrenta denuncias, pero el segundo es el presidente del Senado, Renán Calheiros, quien aún no es procesado formalmente pero puede serlo en caso de que la Justicia acepte alguna de las casi diez denuncias por corrupción que existen en su contra.
El magistrado que pidió el aplazamiento del juicio, José Antonio Dias Toffoli, alegó que el caso ya no era una urgencia para la Corte Suprema porque no hay impedimentos legales para que el primero en la sucesión asuma el cargo en caso de ausencia del titular.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, también manifestó su apoyo al veto en el informe que le solicitó el Tribunal Supremo.
"El Legislativo tiene que ser presidido por un ciudadano que esté plenamente apto para ejercer todas las funciones propias de esa magna función. La actividad política es muy noble y tiene que ser preservada de personas involucradas en actos ilícitos", dijo el procurador.
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