Los nubarrones negros que presagiaban una tormenta no lograron disuadir al centenar de mujeres que acudieron a la Plaza de la Constitución, al mediodía el pasado miércoles, para expresar su repudio por el brutal asesinato de la joven argentina, Lucía Pérez.
En uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer, no es de extrañarse que tantas se hayan identificado con la consigna #NiUnaMenos. Con una mujer asesinada cada 12 horas, Guatemala es el país con la cuarta tasa de femicidios más alta del mundo, después de El Salvador, Honduras y Sudáfrica y es el país donde se registra el mayor número de femicidios cometidos con arma de fuego, según el informe "Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo Cuenta", elaborado y publicado por dos organizaciones no gubernamentales europeas con el apoyo de Naciones Unidas. En lo que va del año, la organización no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, reporta 565 femicidios.
"La muerte nos convoca pero es la vida tras la que vamos" y "por una vida sin violencia para la mujer", se leía en algunas de las pancartas que portaban las manifestantes, vestidas de negro, además de #NiUnaMenos, consigna que se mantuvo como el trending topic del día en las redes sociales.
Mientras organizaciones feministas coreaban "¡Vivas nos queremos!" en la Plaza de la Constitución, a unas cinco cuadras, en la 17 avenida y 3era calle de la zona 1, yacía en plena calle el cadáver de una nueva víctima, que todavía no ha sido identificada. Un solo medio de comunicación reportó la noticia como nota breve.
Esta víctima anónima y otras cuyos nombres sí se conocen, entre ellas Mindy Rodas, Cristina Siekavizza y Claudina Velásquez figuran entre las miles de "Lucías" guatemaltecas. En julio de 2009, Rodas, de 21 años, fue hallada inconsciente en un río, con los labios, nariz, barbilla y frente cercenados, luego de que su esposo, Eswin López, esposo de Rodas, de 21 años de edad, la golpeara en la cabeza con una piedra, le desfigurara el rostro con un cuchillo y la dejara por muerta. Rodas sobrevivió al ataque, el cual ocurrió en el departamento oriental de Santa Rosa, e interpuso una demanda contra López por femicidio en grado de tentativa.
Mientras Rodas se recuperaba en el hospital, la policía detuvo a López, pero un juez lo liberó, días después, luego de que presentara un escrito falsificado en el cual Rodas desistía del caso. El 18 de diciembre de 2010 apareció torturada y ahorcada junto al cuerpo de otra mujer, en la zona 1 de la ciudad capital.
En julio de 2011, la desparición de Siekavizza, de 34 años, una mujer de clase acomodada, nuera de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León, acaparó los titulares de la prensa nacional. Cuando Roberto Barreda, esposo de Siekavizza, se convirtió en el principal sospechoso en la investigación, desaparició con sus dos hijos pequeños: Roberto, de siete años, y María Mercedes, de cuatro. En noviembre de 2013, fue detenido en la ciudad de Mérida, en el estado sureño de Yucatán, México, donde vivía bajo una identidad falsa. Actualmente, enfrenta juicio por los delitos de femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato a menores.
Los padres de Claudina Isabel Velásquez, de 19 años, una estudiante que nunca regresó a su casa después de asistir a una fiesta con su novio la noche del 12 de agosto de 2005, acusan al Estado de Guatemala de no haber protegido la vida y la integridad física de la joven ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un día después de su desaparición, el cuerpo de Velásquez apareció en la morgue. Había sido golpeada, violada y había recibido un disparo en la cabeza. Desde el inicio, la investigación del caso estuvo plagada de ineficiencias, ya que pasaron 40 días antes de que los investigadores entrevistaran a los padres de la jóven y a testigos claves, y la ropa de la jóven no fue guardada como evidencia.
Los padres de Velásquez aducen que las autoridades no se tomaron en serio la investigación porque el cuerpo de la estudiante fue hallado en un barrio pobre y llevaba sandalias y un piercing en el ombligo, por lo cual asumieron que era una trabajadora sexual.
La CIDH dictaminó que al no investigar el asesinato de Velásquez adecuadamente el estado guatemalteco había violado los tratados y convenciones internacionales que había ratificado, como la Convención de Belém do Pará, la cual establece que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia y que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
La comisión ordenó que las autoridades concluyeran la investigación para que los responsables por la violación y asesinato de Velásquez pudieran ser llevados ante la justicia. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha sucedido ya que se perdió la evidencia al inicio de la investigación. Como la CIDH concluyó que Guatemala no había cumplido con sus recomendaciones, en 2014, el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desnudez empoderada
Mandy Joha, poeta y artista del performance, utilizó la expresión artística para transmitir un poderoso mensaje en contra de la violencia. Desnuda, de cara al Palacio Nacional, y con los brazos extendidos en una postura que simulaba la crucifixión, tenía las manos y el pecho salpicados de una pintura roja que simbolizaba la violación, la tortura y el asesinato. "Diosas crucificadas por el patriarcado", se leía en una de sus pancartas. De su entrepierna también chorreaba la pintura hasta llegar a sus pies, pero esa sangre no era la sangre de un acto violento, sino del ciclo menstrual del cual brota la vida.
"Para mí el arte es una herramienta de cambio social. La imagen simbolizaba a las mujeres y niñas que ya no están y a las mujeres que siguen oprimidas", dijo Joha, de 32 años, después de la manifestación.
En un país fuertemente conservador, la imagen de Joha, desnuda y salpicada de pintura roja, generó polémica en las redes sociales. Hubo quienes aplaudieron su valor pero también no faltaron las críticas y los comentarios morbosos.
"Es desagradable que salgan con las tetas de fuera y se pongan a hacer relajo así y simular sangre menstrual en los calzones. Sin contar que niños pasan por ahí y hacer esas cosas frente a ellos también es falta de respeto y moral. Lo peor es que dicen querer defender la dignidad de la mujer y hacen estas cosas…", escribió José Letona en Facebook.
"¿Hubo mujeres desnudas?" preguntó un usuario que se identificó como Charly Charly. "Afirma, y no eran las putas gordas feminazis lesbianas", respondió otro usuario que se identificó como Marco VM.
Para la ciberactivista Elizabeth Rojas, lo que generó polémica no fue el hecho de mostrar un cuerpo desnudo en sí, sino el trasfondo ideológico de una acción que utiliza el desnudo femenino como herramienta política. "Lo que agredió al conservadurismo no fue el desnudo en sí porque el anuncio de cualquier producto muestra a una mujer desnuda y las chicas del clima en la televisión salen casi desnudas. Lo que agredió y conmocionó fue ver mujeres desnudas con cuerpos empoderados. En esta sociedad hemos normalizado el cuerpo como herramienta mercadológica pero no como territorio soberano", dijo Rojas.
En la sexta avenida de la zona 1, a unas cuadras del lugar donde Joha mostraba su cuerpo desnudo como arma de protesta, una joven fue acosada verbalmente y manoseada por el asistente de ventas de un comercio. Testigos reportaron que los transeúntes se solidarizaron con el agresor y no con la víctima y comenzaron a gritarle: "Sólo la tocó, no le hizo nada más". "Este tipo de hechos son un ultraje, como una respuesta machista por lo que están haciendo las mujeres", dijo la Procuradora Adjunta de los Derechos Humanos, Hilda Morales.
A las seis de la tarde, se fue convocada una segunda manifestación en la Plaza de la Constitución, más nutrida que la del mediodía. La concentración nocturna se realizó al son de una batucada y las artistas Georgia Arévalo y Paula Orellana, realizaron otro performance en el cual mostraron sus cuerpos como parte de un mensaje de protesta.
"Este cuerpo es mío" y "en la plaza y en la casa vivas y sin miedo" fueron algunas de las consignas coreadas por las manifestantes.
En la ciudad colonial de Antigua Guatemala, a 45 kilómetros al suroeste de la capital, y en la ciudad altiplánica de Quetzaltenango, también se convocaron manifestaciones de repudio contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.
"En Quetzaltenango nunca se había llevado a cabo una protesta contra la violencia de género que le exigiera medidas concretas al estado. Fue algo que se organizó de un día para otro, de manera espontánea, por Facebook", dijo la comunicadora social Pilar Bagur, quien asistió a la manifestación convocada en esa ciudad.
El asesinato de la exreina de belleza indígena de Quetzaltenango, Irma Elizabeth García Gómez, de 27 años, quien fue atacada a balazos por hombres desconocidos en octubre de 2015, es uno de los femicidios que ha estremecido a esta ciudad de población predominantemente maya.
Tribunales especializados en violencia de género
Uno de los mayores logros del movimiento guatemalteco de mujeres, el cual aglutina a una variedad de colectivos, desde grupos urbanos feministas hasta asociaciones de mujeres indígenas rurales, ha sido la aprobación, en 2008, de una Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, con la cual Guatemala ajustó su legislación a dos tratados internacionales que reafirman la obligación del estado de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Con la entrada en vigencia de esta ley, Guatemala se convirtió en el primer país del mundo en contar con tribunales y juzgados especializados en violencia de género con jueces capacitados en esta temática, y que cuentan, además, con psicólogas y guarderías, para que las víctimas no abandonen los procesos legales debido a la imposibilidad de encontrar quien cuide a sus hijos mientras acuden a las audiencias.
Estos tribunales también registran el origen étnico de la víctima, su edad y relación con el agresor, datos utilizados con fines de investigación.
Once de los 22 departamentos del país cuentan con estos tribunales especializados, donde el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas contra los agresores supera el 30% mientras que la tasa de resolución en los juzgados ordinarios es inferior al 10%. A pesar de los avances, Morales resalta que "el número de casos sobrepasa la capacidad de estos juzgados especializados y no tienen el impacto necesario para desincentivar a los agresores".
De hecho, según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), la tasa de femicidios sigue aumentando año con año. En 2012 se reportaron 708 casos, cifra que aumentó a 766 en 2015. "Hay avances en el sentido de tener las leyes y los tribunales especializados, pero todo esto no necesariamente ha impactado porque seguimos teniendo un alto número de femicidios. Lo que se necesita es un cambio social porque la violencia sigue estando naturalizada", afirma Morán.
LEA MÁS:
México, el país que no amaba a las mujeres: 1.643 agresiones sexuales por día