Sangre en la cruz: por qué matan a los curas en México

Ya suman quince los sacerdotes católicos muertos durante 2016. El discurso combativo de los religiosos más jóvenes se enfrenta en soledad a la corrupción gubernamental, los grupos criminales y la jerarquía eclesiástica

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Quince sacerdotes asesinados en un país con 122 millones de habitantes, podría parecer un número que se pierde entre las cifras, pero esos dos dígitos son suficientes para colocar a México como el país que por séptimo año consecutivo ocupa el primer lugar de América Latina en crímenes de odio en contra de curas y laicos (seguido de Venezuela).

La estadística forman parte de un reporte parcial del Centro Católico Multimedia (CCM), un brazo de difusión de la Iglesia Católica, que también documenta la desaparición de dos presbíteros y 19 agresiones en contra de religiosos durante los casi cuatro años de la presidencia de Enrique Peña Nieto, es decir, cada año, desde finales de 2012 –año en el que asume el poder–, se han registrado nueve hechos violentos en contra de sacerdotes.

Durante la presidencia de su antecesor, Felipe Calderón, se registraron nueve asesinatos de sacerdotes durante los 6 años de su periodo, lo que indica que con Peña Nieto hubo un aumento del 67 por ciento.

"Estos grupos que atentan contra sacerdotes y religiosos buscan limitar las actividades del trabajo pastoral de la Iglesia en México, que tiene su acción en el campo sanitario y educativo así como en la acción asistencial -ayuda, refugio y consuelo-, a favor de los derechos humanos de migrantes que transitan por suelo mexicano", destaca el informe de CCM.

Entre el 13 y el 15 de septiembre fueron secuestrados y asesinados tres sacerdotes, dos en el estado de Veracruz (en la frontera con Guatemala) y uno en Michoacán (Occidente), ambos dominados por la operación del crimen organizado.

Así fueron hallados los dos
Así fueron hallados los dos sacerdotes asesinados en Veracruz (AFP)

Las agresiones a los sacerdotes tienen distintas hipótesis, pero una en la que coinciden académicos y religiosos es que el cambio de discurso impulsado por una nueva generación de curas afecta intereses de grupos criminales y políticos.

En el caso de los tres sacerdotes asesinados durante septiembre, sus cuerpos mostraban signos de tortura, sin embargo, los autoridades han descartado como principal móvil a los cárteles del narcotráfico y promovido la teoría del robo.

De los dos primeros, Alejo Nabor Jiménez Juárez y P. José Alfredo Juárez de la Cruz, la Fiscalía General de Veracruz señaló que antes de ser asesinados habían bebido con los homicidas, quienes pretendían robarlos.

Al tercero, José Alfredo López Guillén, se le intentó ligar con un caso de pederastia, al filtrarse a la prensa un video en el que presuntamente se le veía entrar a un hotel con un menor de edad, versión que fue desmentida por los familiares del menor y por las autoridades estatales.

En otro video, publicado el 22 de septiembre la página de la Arquidiócesis de Morelia, Michoacán, el Cardenal y arzobispo, Alfredo Suárez Inda, pidió que se respetara la vida de López Guillén, pero horas después apareció muerto, tirado en un camino y envuelto en una cobija.

Alejo Jiménez Juárez, uno de
Alejo Jiménez Juárez, uno de los sacerdotes asesinados en Veracruz

"El asesinato de sacerdotes es reflejo de la vulnerabilidad del país. Sabemos que México es el país en el que se mata más sacerdotes en América Latina, pero como parte de nuestra tarea tenemos que cumplir con la misión de denunciar lo que está en contra de los valores y esto tiene consecuencias", afirma Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, capital de Jalisco (en el Occidente), cabecera de la Arquidiócesis con el mayor número de sacerdotes católicos en México, con 1.250, y que tiene bajo su cargo 422 parroquias y más de 6 millones de feligreses.

Amenazas y extorsiones

Gutiérrez Montaño admite que desde hace tiempo existe un cambio de discurso entre los ministros católicos orientado principalmente a detener el pago de extorsiones que les exigen "ciertos grupos" para poder seguir con vida y ejercer su sacerdocio, pero en lugar de pagar han optado por aplicar protocolos de seguridad.

En este contexto se recuerda el caso del padre Gregorio López, en Michoacán, quien debía ofrecer misa con chaleco antibalas por las amenazas del los cárteles de la droga. Otro caso emblemático es el del padre Alejandro Solalinde Guerra, activista por los derechos de los migrantes, quien en 2012 abandonó temporalmente el país tras recibir amenazas de muerte.

El funeral del padre Alejo
El funeral del padre Alejo Jiménez Juárez

En Jalisco, considerado uno de los estados más fieles a la tradición católica, aún no se llega a esos extremos, pero sí a la implementación de códigos de seguridad para proteger la vida de los sacerdotes.

"Hemos llegado a tomar medidas extremas en zonas calientes –con altos niveles de violencia- los obispos nos han dicho que, como figuras públicas, no nos expongamos a situaciones que nos hagan más vulnerables, como no andar solos por la calle a altas horas, no ingerir bebidas alcohólicas, convivir solo con personas conocidas, no socializar con cualquier persona… todos debemos tener precauciones".

–¿Ha habido intentos de extorsión por parte del crimen organizado?

–Ha habido intentos de manipulación y extorsión.

-¿Por parte de quiénes?

-De gente de estos grupos que menciona, que se presentan como cualquier persona. En un solo caso se pagó cuota.

Entre la espada y el cambio de discurso

Para Josué Tinoco Amador, sociólogo experto en religión de la Universidad Autónomo Metropolitana (UAM), una de las principales instituciones públicas de México, los sacerdotes son el eslabón más débil de la cadena: por un lado enfrentan la creciente inseguridad que deben encarar todos los mexicanos y, por otro lado, no reciben de parte de la jerarquía católica ni del Estado la protección necesaria para su labores.

"Están entre la espada y la pared, principalmente los sacerdotes jóvenes, como los que mataron, que buscan una forma diferente de hacer culto y no se someten a la estructura de diálogo establecida por los sacerdotes… La jerarquía debe estar pendiente de cómo viven sus ministros de culto, principalmente aquellos que están en la sierra, en el campo, en zonas peligrosas, pero no lo hacen, y cuando estos jóvenes empiezan a ejercer se acercan a un monstruo de mil cabezas y la Iglesia se porta igual de indolente que el Estado", expresa.

José Alfredo López Guillén, el
José Alfredo López Guillén, el sacerdote asesinado la semana pasada en Michoacán

El catedrático, que ha estudiado desde más de una década el tema religioso, ve una división en el clero mexicano, ya que los nuevos sacerdotes son más sensibles que la jerarquía a temas como la pobreza –en un país donde 55,2 millones de los habitantes son pobres y, entre ellos, 44 millones no tiene para comer adecuadamente- y muchos se están inclinando hacia la teología de la liberación –basada en el evangelio como una forma de apoyo a los pobres- que en 1994 tuvo un papel importante en el alzamiento armado indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (Sureste).

"Pero lo que reciben estos sacerdotes de la jerarquía no es apoyo, sino la consigna de mantener tranquila a la gente; la jerarquía se mete en política y no en acciones comunitarias, y eso es lo que preocupa a muchos sacerdotes jóvenes, que por un lado chocan con sus superiores y por el otro se ven amenazados por la espada del crimen organizado", afirma el académico.

En medio de la polémica por el asesinato de tres sacerdotes en siete días, está semana llegó a México el nuevo nuncio apostólico, Franco Coppola, quien se encontró con reportes como el del CCM que acota:

"Los sacerdotes son más vulnerables a diversos ataques, como lo muestra la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado. Seguiremos haciendo un llamado enérgico a las autoridades del gobierno mexicano, a fin de que brinden las garantías al ejercicio del ministerio sacerdotal en las entidades donde ha repuntado la violencia".

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