México, zona roja: 2.700 extranjeros desaparecidos en la última década

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María Villar Galaz (39 años) era una ciudadana española que desde 2015 había empezado a trabajar para la compañía IBM en México. El 13 de septiembre por la noche, a través de las redes sociales, se dio a conocer su desaparición en Santa Fe, una exclusiva zona de la capital mexicana de donde fue secuestrada luego de tomar un taxi.

El cuerpo de Villar Galaz, sobrina del presidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar, fue encontrado una semana después en el vecino Estado de México (Centro). Sus familiares habían pagado un rescate de más de 3.000 dólares, pero ni aun así lograron volver a verla con vida.

La familia de María recuperó sus restos, pero su caso es uno de los que puede sucederle a algún ciudadano extranjero en México,donde uno de cada 10 desaparecidos es de otra nacionalidad, según los números del Índice de Paz 2016 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, un think tank independiente con oficinas en Estados Unidos, Bélgica y Australia.

En el país se contabilizan más de 27.000 desaparecidos desde el año 2006, de los cuáles aproximadamente 2.7000 son extranjeros, principalmente migrantes centroamericanos que en su viaje hacia Estados Unidos fueron vistos por última vez en México. En la lista también se encontrarían turistas que después de llegar a tierras aztecas ya no se supo más de ellos.

La mayoría de estas desapariciones se habrían registrado, según sospechas de organizaciones no gubernamentales, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde en 2010 aparecieron una serie de fosas clandestinas donde se encontraron 72 cuerpos de migrantes que habría sido asesinados por el cártel de Los Zetas.

Para los cárteles de la droga, el tráfico de personas es desde hace años un negocio lucrativo. En su paso por México, los migrantes pueden convertirse en víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, o simplemente ser asesinados por los grupos criminales, al no contar con el dinero suficiente para poder cruzar la frontera.

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Los migrantes de Centroamérica son forzados a pagar entre 3.500 y 5.000 dólares para ser protegidos por un guía de los cárteles y las fuerzas de seguridad. Para los migrantes de otros continentes, la cuota se eleva de 10.000 a 20.000 dólares. Existen también reportes de ciudadanos de Etiopía o Sudán; mientras que los cubanos, en una operación que se traza desde Miami, pagan entre 8.000 y 10.000 dólares.

Laura Carlsen, directora del Center for International Policy's America's Program, recuerda que los restos hallados en San Fernando eran de personas de nacionalidad ecuatoriana, salvadoreña, guatemalteca y brasileña, principalmente.

Un extranjero que busca a sus familiares, afirma, tiene que enfrentarse a una serie de irregularidades que hacen más difícil su pérdida, entre ellas, el ocultamiento de información, esperar por semanas resultados de pruebas de ADN y constantes violaciones a los protocolos que se deben aplicar para la búsqueda de desaparecidos.

Pero también se enfrenta al riesgo de recibir los restos equivocados, como ya ha sucedido en el pasado.

Solos y sin apoyo

Antes de 2007, el flujo de migrantes centroamericanos era de entre 400.000 y 420.000 al año. Hoy es de 200.000 a 220.000, pues las autoridades han endurecido el paso y el narco mantiene el control de corredores fronterizos.

En México, los migrantes tienen un precio: la ruta más peligrosa es la del Golfo, donde operan Los Zetas y lo que queda del Cártel del Golfo, que han hecho del negocio migrante un mercado alterno al tráfico de drogas.

Las mujeres que cumplen con el estereotipo que buscan dueños de bares y antros son vendidas como mercancía. Las hondureñas son las más cotizadas: pagan hasta 5.000 dólares por ellas; una guatemalteca tiene un precio de 300 dólares. Otras son obligadas a trabajar en el campo. "No hay escapatoria: deben pagar deudas interminables con su cuerpo", revelan datos recopilados por Javier Urbano, coordinador de la maestría en Estudios sobre Migración en la Universidad Iberoamericana, una de las más importantes de México.

Ante esta situación, fue hace un par de años cuando distintas organizaciones de familiares de desaparecidos, primero en México y luego en Centroamérica, decidieron emprender por su cuenta la búsqueda de sus parientes, equipados con palas y, en el mejor de los casos, drones que ayudan a localizar superficies de terrenos aparentemente levantadas o removidas en las que puede ser posible que se encuentre una fosa clandestina con restos humanos.

"A través de la Caravana por al Paz con Justicia y Dignidad –una de las organizaciones que integran el Movimiento Migrante Mesoamericano- hemos conformado una red informal de personas en Centroamérica y en México para hacer eso, y nos comunicamos con mensajes como 'tenemos una niña de La Garífuna, en Honduras, entre la lista de desaparecidos que tienes empiezas a buscar quién pueda ser y si encuentras a la familia en esa lista empiezan los trámites para la repatriación de las personas encontradas", explica.

Agrega que todo este movimiento para encontrar a los desaparecidos sucede ajeno a las instituciones oficiales "por la razón de que no han respondido y no existe la confianza para asistir a las instituciones gubernamentales por el alto nivel de corrupción e impunidad que existe. En la mayor parte de los casos hay participación de agentes del Estado en la desaparición".

La participación de los distintos niveles de la policía consiste generalmente en que son quienes entregan a los migrantes a los grupos criminales, lamenta.

Desde hace una década, la Caravana de Madres Centroamericanas busca a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos. La caravana, que reúne a alrededor de 60 mujeres de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, realizan el recorrido migrante de sus familiares por Centroamérica, México y hasta EEUU con la esperanza de encontrar a sus hijos y familiares desaparecidos. A lo largo de su travesía hacen un llamado de solidaridad y justicia a la sociedad y al Estado mexicanos ante la desaparición de sus hijos y familiares que salieron en busca del "sueño americano".

(EFE)

Esta caravana, recorre zonas consideradas "foco rojo", donde los migrantes son frecuentemente secuestrados, asesinados y extorsionados.

Se trata no sólo de denunciar, sino de posibilitar encuentros, como el que ocurrió el 5 de diciembre de 2013, en San Luis Potosí (Centro), cuando luego de 27 años de no verse, María de los Santos Ávila, originaria de Tegucigalpa, localizó a su hijo José Armando Salgado Ávila.

La historia de Hester

El caso de la holandesa Hester van Nierop se ha convertido en un caso emblemático sobre los peligros que pueden enfrentar en México no sólo migrantes sino también turistas.

La joven de 28 años fue secuestrada y asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua (Norte) en septiembre de 1998.

Hester, arquitecta de profesión, llegó al país vía Ciudad Juárez para encontrarse con Melisse, su hermana, quien participaba en un proyecto para proteger tortugas en las costas del pacífico.

Su cuerpo apareció en la habitación de un hotel donde fue asesinada y abusada sexualmente; su asesino, Roberto Flores, fue detenido 16 años después y condenado a 35 años de cárcel.

Su madre, Arsène Van Nierop y su esposo, Roeland, ejercieron una intensa presión para esclarecer la muerte, pero se toparon con la inoperancia del sistema de justicia. Descubrieron que como su historia había decenas y aprovecharon los foros internacionales para hacer visible la situación. Amnistía Internacional (AI) y el Parlamento Europeo hicieron ecos de sus reclamos y se sumaron al exhorto de justicia.

La historia quedó plasmada en un libro llamado Un grito de socorro desde Juárez, y también en un documental llamado "Flor en el desierto", que relata el caso de Hester y de su madre.

El gobierno niega todo

Ante el revuelo que levantó el caso de María Villar Galaz, el gobierno de México intentó calmar las críticas y salió a expresar que el país no es peligroso para los extranjeros. El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Salas Chávez, afirmó que la integridad física de ciudadanos de otras nacionalidades no está en peligro. Y aseguró que tampoco existe registro de actividad delictiva expresa contra extranjeros que se encuentren en México.