Tras "la Casa Blanca" y el #TesisGate de Enrique Peña Nieto, los mexicanos piden ayuda internacional para luchar contra la corrupción

Un incidente que a los ojos de muchos pasó desapercibido, para otros significa el único remedio que existe en México para terminar con la corrupción y la impunidad: el 14 de agosto, mexicanos radicados en Nueva York se unieron a una campaña para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) integre una Comisión Internacional de Justicia y Verdad en su país de origen, similar a la que ya opera en Guatemala, que logró el encarcelamiento del ex presidente, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Rossana Baldetti Elías, acusados de corrupción.

Y es que agosto no ha sido el mejor de los meses para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto: apenas el 18 de julio había pedido públicamente perdón a los ciudadanos por la compra de la llamada "casa blanca" por más de 7 millones de dólares por parte de su esposa en 2014, a un contratista del gobierno, cuando semanas después surgieron nuevas acusaciones de conflicto de interés en Los Pinos, la residencia oficial.

El diario británico The Guardian publicó que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, había aceptado que un "potencial" contratista del gobierno y hermano de una ex contratista y ex funcionario de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), le pagará 30.000 dólares por los impuestos de un departamento de su propiedad en una exclusiva zona de Miami, lo cual Peña calificó en una entrevista como "un favor entre amigos" y aseguró que el dinero ya había sido pagado al empresario.

El gobierno de Peña aún no se reponía de lo que se conoció en la prensa como "la otra Casa Blanca", cuando surgió una tercera revelación que golpeó directamente las puertas de su oficina: una investigación del equipo de la periodista mexicana Carmen Aristegui reveló que el presidente había plagiado textos de más de 10 autores en su tesis para obtener el título universitario de abogado, hace 25 años.

El hecho pareció ser minimizado por Los Pinos, que de manera oficial sólo respondió que se trataba de "errores de estilo", sin embargo, no pasó lo mismo con los ciudadanos, quienes iniciaron en redes sociales toda una movilización para que se le quitara al presidente el grado de licenciado en Derecho.

Para algunos ciudadanos, retirar el título universitario al Presidente no es suficiente, ya que una nueva petición en la misma plataforma electrónica pide también retirarle el grado de Maestría en Administración de Empresas, que obtuvo en 1995 en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una de las más exclusivas del país.

"Como Instituto de primer mundo, creemos que es necesario poner el justo ejemplo que otros países como Hungría y Alemania han retirado hasta doctorados a funcionarios públicos y ministros, que de igual manera han cometido graves delitos en materia de autoría intelectual durante la culminación de su preparación profesional, obligándolos a dimitir de sus cargos públicos", señala la petición.

La acción ciudadana pasó de las redes sociales a los hechos y revivió un movimiento que inició en mayo pasado para que en México los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial permitan que en el país opere una Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad (CIJUVEM), que investigue los casos de corrupción, impunidad, abuso de autoridad y desapariciones forzadas registrados en los últimos 48 años.

La CIJUVEM tendría bajo su mandato la investigación desde la "guerra sucia", que inició en 1968 con la matanza de cientos de estudiantes que se manifestaban contra el gobierno, hasta los casos de presunta corrupción y desapariciones forzadas registrados en el actual sexenio.

Para los ciudadanos, ni el gobierno ni la justicia mexicana son ya capaces de investigar y castigar a todos los responsables de delitos que han convertido al país "en un árbol que está podrido de raíz, un árbol al que tienes que tumbar el árbol, arrancar las raíces y sembrar uno nuevo".

El promotor de esta petición, Sergio Saldaña Zorrilla, líder del Frente Refundación, afirma que en casi tres meses, la iniciativa ha logrado 50.000 firmas, tanto al interior del país como de mexicanos radicados en el extranjero. La meta es llegar a 100,000 firmas que serían entregadas al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

Con la corrupción al cuello

Esta semana, otra iniciativa ciudadana, "Opciona", presentó el primero de sus ejercicios sobre percepción de la corrupción en el país al que llamó "#Corruptómetro", en el cual el 72% de los participantes en una encuesta dijo percibir a Peña Nieto como una figura corrupta.

Para el reconocido activista mexicano, Daniel Hershenson, todo en su conjunto confirma la urgencia de que un organismo independiente similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) intervenga en México.

"La luz del sol es el mejor desinfectante y por eso están pasando las cosas, se le está juntando a Peña Nieto una tormenta perfecta o imperfecta… siguen sin entender el tamaño del tsunami que se los puede venir encima, necesitan –el gobierno- plantearse cambios de fondo", expresa.

Hershenson considera que el actual gobierno mexicano dejó pasar el tiempo, desde el momento en que no hubo ningún tipo de sanción por el tema "Casa Blanca" y a 18 meses del escándalo, las disculpas del presidente ya perdieron valor, lo único que podría suceder es que "nos lleve a todos entre las patas y eso tampoco estaría bien".

A menos de una semana de su Cuarto Informe de Gobierno –de un total de seis- la popularidad de Peña Nieto tampoco está en su mejor momento. La encuesta más reciente del influyente diario Reforma, publicada el 11 de agosto, ubica al mandatario con una aprobación ciudadana de solamente 23%, lo que lo convierte en el presidente peor evaluado desde 1995, el año del efecto tequila que contagió al resto de las economías del mundo.

No solamente siete de cada 10 ciudadanos desaprueban su gobierno sino que el 55% percibe que la corrupción aumentó en el último año.

Una de estas personas es Víctor Suárez (45 años), un habitante del estado de Zacatecas, en el centro-norte del país, quien hace más de dos semanas inició en la plataforma Change.org, una petición para que la Fiscalía Anticorrupción investigue a la primera dama por el caso de el pago de los impuestos de su departamento en Miami. En unos cuantos días, la solicitud recibió más de 100,000 firmas.

"Son muchas cosas, y sin temor a equivocarme, es lo que sentimos muchas personas en el país porque nunca se había visto corrupción a tal grado. Ya son muchos los casos que exhiben a la clase política… me da coraje, me da impotencia porque al final de cuentas quien debería de estar trabajando para nosotros lo está haciendo para sí mismo", responde Víctor cuando se le cuestiona sobre los motivos para abrir la petición.

Como ciudadano, agrega, con esta segunda "Casa Blanca" no quiere que pase lo mismo que con la primera: que no haya ningún responsable y que la explicación vuelva a ser que la primera dama suspendió la compra.

Como algunas analistas lo han estado comentado después de las disculpas de EPN –las siglas que identifican al presidente- Hershenson afirma que "tuvo la oportunidad histórica de abordar el tema de la 'Casa Blanca', de darle una solución determinante y se ha dedicado a esconder el tema y fingir que somos todos una bola de idiotas morales y eso se traduce en sus número rojos, tanto él como sus asesores, su esposa, se han ganado a pulso este escarnio que seguramente cuando salga de la presidencia le va a cobrar factura porque esto ya no se lo puede sacudir haciendo ajustes o cambiando funcionarios".

Al pronunciar estas palabras, el activista afirma no sentirse sorprendido porque la corrupción es algo "que está en el ADN de la clase política mexicana", y, a su juicio, el que casi una semana después no haya mayores sanciones por el tema de la tesis universitaria de Peña Nieto "confirma los excesos de todos, aunque haya salido la universidad a decir que va a investigar, lo más seguro es que como ha pasado en otros casos, le vayan a apostar al olvido. El PRI –el gobernante Partido Revolucionario Institucional– nos ha llevado a la impunidad en límites insospechados que ubican a nuestro país como la república bananera más poblada del mundo".

Desde su punto de vista, las autoridades del país deben asumir que el aparato de gobierno está rebasado y aprovechar la experiencia internacional que ya existe en materia de comisiones de la verdad para permitir su funcionamiento.

La gran pregunta

La CICIG inició sus trabajos en 2006 en Guatemala, respaldada por la ONU, para apoyar a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y grupos que cometen actos contrarios a la ley y que afectan el gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la población guatemalteca y tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales.

Para Sergio Saldaña, el promotor de la CIJUVEM, un organismo similar no es solamente una de las pocas esperanzas que le quedan a México sino que presentar a los presuntos responsables de delitos llevaría mucho menos tiempo de lo que le costó a la CICIG, ya que el país cuenta con un aparato de justicia más estructurado, los recursos, y "muchos presuntos responsables".

Uno de los casos emblemáticos que estaría sobre el escritorio de la CIJUVEM es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero –en la zona pacífico sur-, hace casi ya dos años. El gobierno exhibe la detención de más de cien personas relacionadas, pero hasta ahora no se sabe qué pasó con los jóvenes y tampoco aparecen sus restos.

"(En esta comisión) entra el tema de impunidad y corrupción; ambos están presentes con el tema Ayotzinapa, que fue el shock de algo que ya estaba y teníamos que voltear a ver: México está sentado sobre una tremenda montaña de cadáveres, de personas inocentes, y si no nos levantábamos, los siguientes podríamos ser nosotros o gente nuestra. El más básico instituto de supervivencia animal nos llevó a organizarnos para pasar de la protesta a la propuesta y de ahí a la acción", dice Saldaña Zorilla, un doctor en Economía por la Universidad de Viena, Austria, y ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

En la medida que los ojos de la comunidad internacional se fijaron en el caso Ayotzinapa, el gobierno se vio obligado a permitir la operación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tuvo que abandonar el país el pasado mes de abril, ante la negativa del gobierno central para que continuara con las investigaciones.

El mandato del GIEI duró 425 días y la falta de condiciones para ampliar su estancia en México dejó muchas dudas sobre los 43 estudiantes. Sin embargo, los activistas consideran que al menos probó la necesidad de que organismos internacionales independientes trabajen con el gobierno en casos en los que no tiene una respuesta.

"Es una vergüenza nacional lo que esté sucediendo, que los mexicanos estemos maniatados para hacer que los responsables paguen, es penoso, porque ya es ridículo apelar a la Fiscalía –la Procuraduría General de la República- porque ellos no son independientes, tienen conflicto de interés, hacen infructuosos los intentos de los ciudadanos de pedirle que se haga de justicia", opina Saldaña.

Después de una década de guerra contra los cárteles de la droga, Saldaña Zorrilla, considera que la sociedad mexicana ya está "psiquiátricamente enferma" por estar expuesta no sólo a incontables actos y escenas de violencia sino también por los excesos de la clase política. Por ello, la presión debe venir del extranjero y de organismos internacionales como la misma ONU y la CIDH.

"Tan importante es esclarecer y hacer que cumplan sentencia los responsables de crímenes, de actos de corrupción, como importante es que no se nos vuelvan a acumular jamás tantos casos de crímenes sin resolver y eso lo puedes lograr por medio de la construcción de una máquina bien aceitada de procuración de justicia y seguridad pública", expresa.

A la CIJUVEM le esperan ya los expedientes de los 150.000 muertos y los más de 27.000 desaparecidos de la guerra contra las drogas, de los casos de corrupción aún no se tienen cifras concretas ni responsables, pero como señalan los activistas si existen miles de "presuntos responsables".

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