La asamblea a cargo de redactar una nueva Constitución en Chile rechazó en la última jornada de votaciones un artículo de reformas importantes a la industria minera entre las que figuraba el fortalecimiento de la propiedad estatal en los yacimientos del mayor productor mundial de cobre.
El artículo 27, que originalmente otorgaba al Estado derechos mineros exclusivos sobre litio, metales raros e hidrocarburos y una participación mayoritaria en las minas de cobre, enfrentó fuerte oposición del sector minero y ya había sido rechazado la semana pasada.
La comisión de medio ambiente sometió a votación múltiples variaciones del artículo ante el pleno de la asamblea durante la tarde del sábado, pero también fueron rechazadas.
El plenario, sin embargo, autorizó enunciados sobre “acceso equitativo y no discriminatorio a la energía”, el estatus de las playas y la protección del territorio chileno antártico, entre otros.
“Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”, dice uno de los párrafos que recibió luz verde.
Los artículos aprobados serán los últimos en incluirse en el borrador de la nueva carta magna, que a partir de la próxima semana estará en manos de una comisión de armonización que revisará la redacción y coherencia del cuerpo normativo.
El borrador final debe presentarse a principios de julio y los ciudadanos votarán para aprobar o rechazar el texto el 4 de septiembre en un plebiscito de participación obligatoria.
La comisión ambiental logró que sólo una de sus 40 propuestas iniciales fuera aprobada en la primera votación ante el pleno a inicios de marzo. Desde entonces el grupo moderó sus planteamientos, pero aun así consiguió normas sobre derechos de la naturaleza, acceso al agua y sobre la responsabilidad del Estado en la lucha contra el cambio climático, entre otras.
Un catálogo de derechos sociales
La nueva Carta Fundamental de Chile, que el lunes despachará su primera versión, considera al país como un Estado social de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico, y consagra un “catálogo de derechos sociales” ausentes en la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
“El lema de la Constitución de 1980 es soluciones privadas para problemas públicos. Es hostil a la acción estatal en la economía y en la provisión de derechos sociales”, explicó a la AFP Javier Couso, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Diego Portales.
En la discusión, a veces áspera, entre los 154 convencionales constituyentes que comenzaron a trabajar el 4 de julio de 2021, quedaron afuera propuestas como la reelección presidencial, el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del Banco Central o la nacionalización de la minería.
La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de mayor justicia social en un país extremadamente desigual. Solo en 2021, el patrimonio de los chilenos más ricos representó el 16,1% del PIB, según estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
(Con información de Reuters y AFP)
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