Madrid, 16 abril (EFE).- El escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, que estalló en 2015, involucra a doce países de Latinoamérica y a varios de sus expresidentes en una trama de pago de sobornos por la compañía para facilitar contratos con las administraciones públicas.
El departamento de Justicia de Estados Unidos cifró en 788 millones de dólares los pagos ilícitos por parte de la compañía, en un caso de corrupción institucional directamente relacionado con la macrotrama de la petrolera brasileña Petrobras.
El acontecimiento más reciente en relación con este caso es la condena a Ollanta Humala, presidente de Perú entre 2011 y 2016, a 15 de años de prisión por lavado de activos agravado, al considerar la Justicia probado que recibió aportaciones ilícitas del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente.
Su esposa, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales, pero se refugió en la embajada de Brasil, país que le ha concedido el asilo junto a su hijo Samir Humala.
Pero, además de Humala, otros tres expresidentes peruanos han estado relacionados con el caso Odebrecht: Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de Alan García, que se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por recibir presuntamente sobornos de Odebrecht durante su segundo mandato (2006-2011) en relación con contratos del Metro de Lima.
Toledo cumple condena de 20 años y seis meses tras ser extraditado en 2023 desde Estados Unidos por recibir sobornos relacionados con la adjudicación de varios tramos de la carretera interoceánica, mientras que Kuczynski permanece en arresto domiciliario desde 2019 por recibir pagos de la constructora; la Fiscalía solicita para él 35 años de prisión.
El principal político encausado por el caso Odebrecht fue el actual presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero durante su primera etapa en la presidencia (2003-2011) en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.
Lula fue condenado en segunda instancia a nueve años y medio de cárcel en julio de 2017 por corrupción y lavado de activos, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras. La pena fue aumentada a 12 años en enero de 2018.
En Panamá se investiga la presunta financiación ilegal de los dos partidos mayoritarios, con más de 30 acusados de blanqueo, incluidos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) -ya condenado por otra causa- y Juan Carlos Varela (2014-2019).
Por su parte la investigación de la trama en Colombia acabó con la detención de varios senadores y uno de ellos, Antonio Guerra, fue condenado a primeros de abril a 11 años de prisión por recibir sobornos de Odebretch que, en total, la fiscalía del país cifra en casi 20 millones de dólares.
La Justicia ya ha condenado o investiga a otros destacados políticos latinoamericanos por este caso como el expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014); el vicepresidente de Ecuador Jorge Glas; el antiguo ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Juan Temístocles Montás Domínguez; o el exministro y candidato a la presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, entre otros. EFE
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