Washington, 15 abr (EFE).- La jueza que está al frente del caso sobre la deportación del migrante salvadoreño enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador pese a tener un estatus legal en EE.UU. reprochó este martes al Gobierno estadounidense no haber "hecho nada" para facilitar su vuelta y ordenó una investigación exhaustiva sobre sus acciones.
Así lo señaló la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia donde apuntó que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán testificar los funcionarios involucrados, según recogieron medios presentes en el juzgado.
"A fecha de hoy (...) no se ha hecho nada", indicó la jueza. "He pedido informes a individuos con conocimiento directo y he recibido muy poca información que valga la pena".
El salvadoreño Kilmar Ábrego García es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como "desaparición forzada".
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando una orden de Xinis que instruye al Gobierno a "facilitar" el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado a hacerlo.
Durante una visita a la Casa Blanca este lunes, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se negó a liberar a Ábrego García, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que llevarlo de vuelta a EE.UU. sería ilegal.
Por su parte, el Gobierno de Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego García al tribunal alegando que el acuerdo entre San Salvador y Washington es "clasificado" y limitándose a informar de que el hombre de 29 años está vivo.
En la vista de este martes Xinis instruyó al Gobierno a responder a interrogatorios sobre el caso y a entregar documentos pertinentes, citando inicialmente a los funcionarios que han presentado testimonios jurados en el caso.
"No voy a tolerar juegos. (..) Cancelen vacaciones u otras citas que tengan" indicó a los abogados del Ejecutivo.
El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias tras una parada de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Residía en el estado de Maryland tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El Gobierno de EE.UU. ha llegado a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario. EFE
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