Bruselas, 10 abr (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio este jueves la razón a la Audiencia Nacional española Europea al dictaminar que un Estado miembro en el que reside una persona buscada no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea emitida con la finalidad de asegurar la presencia de esa persona en un proceso penal que aún está tramitándose.
La ejecución tampoco puede denegarse si los hechos que constituyen el delito cometido por la persona buscada no son competencia de ese Estado miembro según su propio Derecho penal, sentenció la corte con sede en Luxemburgo.
El caso analizado se remonta a 2022, cuando la Audiencia Nacional condenó a un nacional español, residente en Rumanía, como coautor de un fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la venta de hidrocarburos por importe de más de cien millones de euros. Se le impusieron diversas penas de prisión e importantes multas.
Tras anunciar el acusado que interpondría recurso de casación contra la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo, se le denegó autorización para desplazarse a su país de residencia.
A pesar de esa prohibición, el acusado fue localizado en la frontera croata en dirección a Rumanía y la Audiencia Nacional dictó una orden de detención europea en la que se decretaba su busca y captura e ingreso en prisión.
En abril de 2023, un tribunal rumano denegó la ejecución de dicha orden de detención debido a que el acusado había acreditado una residencia continua y legal en territorio rumano y no deseaba ser entregado a las autoridades judiciales españolas. Por otra parte, alegó que el delito había prescrito con arreglo a la legislación rumana.
No conforme con la decisión de la justicia rumana, la Audiencia Nacional solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que la interpretara en el marco de la orden de detención europea.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia confirma la postura de la Audiencia Nacional, ya que la orden de detención se emitió para asegurar la presencia del acusado en el proceso penal que aún está tramitándose ante los tribunales españoles.
Y, además, todos los hechos investigados se habían cometido en España y constituían defraudaciones fiscales que afectaron a los intereses económicos de este Estado miembro.
En consecuencia, la justicia rumana carece de motivos para denegar a España la orden de detención emitida contra el ciudadano español residente en Rumanía, según el TJUE. EFE
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