El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución de condena de los "atroces abusos de los Derechos Humanos" por parte del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, en el marco de su ofensiva en el este de República Democrática del Congo (RDC), y ha reclamado la retirada de las tropas ruandesas del territorio del país africano.
La resolución aprobada pide al Gobierno de Ruanda que retire a sus tropas de RDC y que reduzca su cooperación con el M23, al tiempo que pide un alto el fuego inmediato en la zona, sacudida por un deterioro de la seguridad a causa de la ofensiva de los rebeldes y el repunte de los ataques por parte de las ADF, que juraron lealtad al grupo yihadista Estado Islámico.
En lo relativo a la ofensiva del M23, la resolución recalca la necesidad de que la Unión Europea (UE) suspenda su memorando de entendimiento con Ruanda y de que la Comisión Europea valore si los proyectos del bloque en el país africano contribuyen a violaciones de los Derechos Humanos en esta región del continente. Además, pide una aplicación más estricta de las regulaciones de la UE sobre minerales para evitar la financiación de grupos armados.
Por otra parte, condena los ataques por parte de las ADF --surgidas en los años noventa en Uganda y vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico-- contra cristianos en el este del país y exige a la UE que contribuya con los esfuerzos internacionales para alterar las redes de financiación del grupo yihadista a través de la explotación ilegal de materias primas en el país africano.
Las ADF son especialmente activas en el este de RDC, donde han asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.
Los europarlamentarios han subrayado por ello que las violaciones de los Derechos Humanos por parte del M23, las ADF y otros grupos armados que operan en la zona suponen crímenes contra la humanidad y han pedido que sean enviados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), al tiempo que han defendido la creación de un tribunal especial para juzgar las atrocidades en el este de RDC.
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