La SIP pide investigar denuncias de presión judicial contra el medio mexicano Vanguardia

Miami (EE.UU.), 2 abr (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urgió este miércoles a las autoridades mexicanas a evaluar la demanda del diario mexicano Vanguardia sobre presiones judiciales debido a su cobertura crítica sobre el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.

Según denuncias del medio de comunicación, Vanguardia ha sido blanco desde 2016 de una campaña sistemática de hostigamiento legal y persecución personal, presuntamente impulsada por Moreira.

La ofensiva habría comenzado tras una publicación sobre su detención en España por presuntos delitos financieros y se intensificó en años recientes a través de litigios abusivos, amenazas, cateos injustificados y presiones a jueces y terceros, detalló la SIP en un comunicado.

En una carta a la opinión pública, firmada por su director general, Armando Castilla, el diario sostuvo que "en Coahuila, el Poder Judicial se ha convertido en una herramienta para silenciar a medios críticos, dictando sentencias por consigna, al margen de la ley y de los principios más elementales del Estado de derecho".

"Nos alarma que se utilice el aparato judicial como herramienta de venganza personal y silenciamiento de voces críticas", afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

"El caso de Vanguardia evidencia un patrón preocupante en la región: el uso de mecanismos legales para intimidar, desgastar y censurar a medios independientes", advirtió Dutriz.

Una de las acciones más graves descritas en la denuncia de Vanguardia es el intento de embargo de propiedades familiares del director del medio, en un proceso encabezado por un magistrado presuntamente vinculado al partido político del exgobernador.

"El uso de la Justicia para castigar el periodismo crítico constituye una de las amenazas más sutiles y efectivas contra la libertad de expresión en América Latina", agregó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Instó a las autoridades mexicanas a garantizar una revisión imparcial del caso y a detener "la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución".