Lima, 27 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Perú decidirá antes de 20 días si el juicio oral por lavado de activos contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori permanece anulado o si, por el contrario, puede reanudarse y seguir adelante, al resolver un recurso evaluado este jueves en una audiencia virtual.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial analizó este jueves la apelación presentada por el fiscal José Domingo Pérez contra la resolución del Tercer Juzgado Penal Colegiado, que el pasado 13 de enero decidió declarar la nulidad del juicio oral del llamado caso 'cócteles'.
Fujimori y otras 32 personas vinculadas a su partido, Fuerza Popular, son procesadas por los presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Entre los supuestos aportantes está la constructora brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cócteles de simpatizantes durante las campañas electorales.
El fiscal Pérez se opuso a la decisión del Tercer Juzgado Penal al explicar que no se podía extender a todos los investigados una resolución del Tribunal Constitucional, emitida a favor del exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper, también investigado por lavado de activos.
Sin embargo, una de las magistradas de esa sala, Mercedes Caballero, sostuvo que había un grave vicio procesal dado que la Fiscalía presentó supuestamente una "acusación sorpresiva" porque uno de los imputados (Chlimper) desconocía los motivos de su acusación.
Por su parte, otra de las juezas de la sala, Nayko Coronado, dijo que no había justificación legal para detener un juicio oral ya iniciado y que, devolverlo a una etapa anterior, vulneraba el principio de legalidad.
La Fiscalía ha pedido que la hija mayor y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció en noviembre pasado, sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión por haber recibido presuntos aportes ilícitos para sus campañas.
El fiscal Pérez ha pedido también la disolución del partido Fuerza Popular por haber sido presuntamente móvil para la comisión de un delito de organización criminal.
De igual forma, un pedido ciudadano recibido por la fiscal general, Delia Espinoza, busca declarar la ilegalidad del movimiento fujimorista por la supuesta conducta antidemocrática de su fundadora Keiko Fujimori.
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