Londres, 26 mar (EFE).- Más de un centenar de personas se manifestaron en Londres a las puertas de Downing Street, la residencia del primer ministro británico, contra los cambios y recortes en el Estado de Bienestar anunciados este miércoles por el Gobierno laborista de Keir Starmer.
Bajo el lema 'Welfare not warfare' (Bienestar, no guerra), manifestantes con diferentes grados de discapacidad, cuidadores y simpatizantes, se agolparon en las inmediaciones de Downing Street para protestar contra los planes de reorganización de la partida en el Estado de Bienestar
Los asistentes, algunos con movilidad reducida y con ayuda de sillas motorizadas, denunciaron el recorte en bienestar en beneficio del presupuesto en Defensa lanzando de forma simbólica balones de juguetes a la verja de seguridad que separa la residencia oficial de la vía pública.
La reorganización, anunciada la semana pasada por la ministra británica de Trabajo, Liz Kendall, y refrendada esta mañana ante el Parlamento en la declaración de primavera de la titular de Economía, Rachel Reeves, busca la incorporación en el mundo laboral de personas con discapacidades, problemas de salud física y mental, si pueden hacerlo.
“El Partido Laborista es el partido del trabajo. Creemos que si puedes trabajar, debes trabajar, pero si no puedes, debes recibir el apoyo adecuado”, afirmó en su comparecencia Reeves.
Según datos oficiales, el Reino Unido cuenta con más de 9 millones de personas "económicamente inactivas" (que no están empleadas ni buscando trabajo), con un récord de 2,8 millones por enfermedades de larga duración, un número que creció durante la crisis sanitaria.
Esta medida supondría el ahorro al Estado de unos 5.000 millones de libras (casi 6.000 millones de euros), para 2030, según proyecciones gubernamentales.
El número de personas que cobra el 'pago de independencia personal' (PIP), dedicado a quienes presentan discapacidades, aumentó un 12 % en el último año, hasta 3,66 millones, en Inglaterra y Gales.
La privación de la subvención eliminaría deducciones en diferentes gastos, como también afectaría al cuidador no remunerado, que perdería la prestación por cuidado y por consecuente dos fuentes de ingresos en dicho hogar.
La medida pondría a más de 700.000 hogares en riesgo de pobreza, según organizaciones del colectivo de personas con discapacidad, que ya trasladó sus inquietudes al Gobierno británico en una carta abierta. EFE
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