
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la adaptación de las pruebas de acceso a la función pública para las personas con dislexia u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
La iniciativa, recogida por Europa Press, insta al Gobierno a garantizar la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad, implementando de forma consensuada y unificada las medidas necesarias de adaptación específicas en los procesos selectivos de la función pública para las personas con dislexia u otras Dificultades Específicas de Aprendizaje.
La dislexia, según recoge la proposición no de ley, es una Dificultad Específica de Aprendizaje de origen neurobiológico que afecta aproximadamente al 10% de la población mundial.
Se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas, así como por déficits en las habilidades de decodificación lectora y deletreo.
Estas dificultades, aunque surgen en la infancia, persisten en la edad adulta e "interfieren significativamente en diversos ámbitos, incluido el acceso a la función pública".
En el ámbito educativo, las personas con dislexia cuentan con adaptaciones que les permiten mitigar los efectos de su condición tanto en el aprendizaje como en los exámenes.
Sin embargo, los populares advierten de que, al acceder a los procesos selectivos para la función pública, "estas adaptaciones no están debidamente contempladas, generando una situación de desigualdad frente al resto de aspirantes, algo que contribuye a perpetuar la discriminación de este colectivo de personas".
"Al no implementarse las adaptaciones necesarias en los procesos selectivos, se les priva de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones", asegura el Grupo Parlamentario Popular.
Para el PP, estos ajustes "no buscan favorecer a un grupo específico, sino eliminar las barreras que impiden la igualdad real de oportunidades, alineándose con los principios de mérito y capacidad exigidos por la Constitución".
"Es imprescindible que se establezcan regulaciones nacionales consensuadas y unificadas para garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos de la función pública para las personas con dislexia, algo que no supone un menoscabo en la adquisición del nivel de conocimiento exigido para la superación de los distintos procesos selectivos, sino que representa una medida de accesibilidad jurídicamente exigible", reclama la formación.
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