Brasilia, 21 mar (EFE).- La Corte Suprema de Brasil declaró este viernes inconstitucional una norma que facilitaba el comercio de oro ilegal, extraído principalmente de la Amazonía, al no exigir que los compradores de este metal se cerciorasen de su origen lícito.
Los magistrados del máximo tribunal consideraron por unanimidad que la "presunción de legalidad y de buena fe" para la compra de oro viola el deber de protección del medio ambiente establecido en la Constitución.
Además, dio 90 días al Gobierno federal para adoptar un nuevo marco normativo para la fiscalización del comercio de este metal, así como otras medidas que impidan su extracción en áreas naturales protegidas y en tierras indígenas.
La decisión responde a dos recursos de inconstitucionalidad presentados por partidos políticos de izquierda o ecologistas contra esta norma de 2013, que apenas exigía del vendedor de oro una declaración en la que afirmara que el origen era lícito.
El instructor del caso, el magistrado Gilmar Mendes, aseguró que "la simplificación del proceso de la compra de oro permitió la expansión del comercio ilegal y fortaleció las actividades de minería ilegal".
Mendes citó en su decisión un informe de la Policía Federal en el que se afirma que las informaciones de origen del metal presentadas por los vendedores son falsas "en muchas ocasiones" y que, en ese contexto, "poco o nada" puede ser hecho para descubrir la verdad sin una investigación profunda por parte de las fuerzas de seguridad.
La minería ilegal, conocida como "garimpo" en Brasil, es una de las principales causas de contaminación de los ríos amazónicos, ya que esta actividad usa mercurio para separar el oro de los otros sedimentos.
Greenpeace denunció en febrero el "descontrol" existente en el río Madeira, un importante afluente del Amazonas y donde la ONG detectó con base en imágenes satelitales 130 balsas utilizadas para extraer el mineral del lecho del río.
Este gran número de balsas fue registrado pese a que pocos meses antes la Policía Federal había lanzado una gran operación contra esta actividad durante la cual fueron destruidas 450 embarcaciones.
En las tierras de la etnia Yanomami, en la frontera con Venezuela, la contaminación de los ríos y la llegada de miles de mineros desembocó en 2023 en una grave crisis de salud pública entre los miembros de la tribu.EFE
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