
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado este viernes "en los términos más enérgicos" el ataque a principios de marzo contra dos helicópteros de la misión de la ONU de Sudán del Sur en la localidad de Nasir, situada en el noreste del país.
"Los miembros del Consejo de Seguridad reiteran que los ataques contra las fuerzas de paz pueden constituir crímenes de guerra y recuerdan a todas las partes sus obligaciones en virtud del Derecho Humanitario. Exigen que los responsables de los ataques rindan cuentas", ha indicado el organismo en un comunicado.
Asimismo, los miembros del Consejo han instado a las partes a que se abstengan de "nuevos actos de violencia, a entablar un diálogo nacional" y a "reducir de inmediato" las tensiones, ya que las negociaciones son "la única vía para resolver las diferencias" de forma pacífica.
Finalmente, han reiterado su pleno apoyo a la misión de la ONU y han recordado la importancia de que cuente con las "capacidades necesarias", así como con el "apoyo", "para cumplir su mandato sin interferencias ni obstrucciones" de conformidad con la resolución 2729 del Consejo de Seguridad.
El pasado 7 de marzo murió el general Majurdak, comandante de brigada del Ejército sursudanés, junto a varios militares que le acompañaban, durante una operación de evacuación de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS).
El presidente sursudanés, Salva Kiir, cesó el jueves al gobernador del estado de Alto Nilo, James Odhok Oyay --nombrado para el cargo en febrero de 2023 como miembro del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO)-- tras semanas de enfrentamientos en la zona entre el Ejército y una milicia local.
La decisión ha sido denunciada como una violación del acuerdo de paz de 2018 debido a que ha sido sustituido por un miembro de su partido en lugar de un integrante de la formación del antiguo líder rebelde y ahora vicepresidente primero, Riek Machar.
La crisis tiene lugar después de que el presidente de Sudán del Sur promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.
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