Argentina le hace la ley del hielo a fondos a los que debe US$16.100 millones

(Bloomberg) -- En el papel, fue una de las victorias más lucrativas de la historia en el ámbito de la financiación de litigios. Burford Capital Ltd., una empresa de nicho, ganó el premio gordo junto con otros acreedores cuando una jueza dictó una indemnización de US$16.100 millones por la causa que adquirió contra el gobierno argentino por menos de US$17 millones.

Entonces Javier Milei, un candidato proempresarial, ganó las elecciones presidenciales de Argentina, lo que ofrecía la esperanza de que Burford pudiera llegar a un acuerdo rápido con un gobierno motivado por dejar atrás el pasado.

Pero cualquier vestigio de optimismo sobre un acuerdo se disipó, a más de un año desde que Milei asumió el cargo. En sus primeros comentarios públicos, la persona contratada por Burford para facilitar las conversaciones con el gobierno dijo que no había tenido ni una sola reunión con funcionarios argentinos.

“No hay negociaciones con el gobierno por el momento”, dijo Gerardo Mato en una entrevista realizada el jueves en las oficinas de Bloomberg en Buenos Aires. Declinó a especular sobre el motivo. “Nosotros hemos contactado a las autoridades del Ministerio de Economía y a las autoridades legales, pero aún no se ha establecido ningún tipo de negociación”.

El fallo, una saga que se deriva de la nacionalización por parte de Argentina de la empresa energética YPF SA hace más de una década, presenta el riesgo de obstaculizar los esfuerzos de Milei para volver a los mercados de capitales y atraer inversión extranjera. Y Mato sostiene que, sin un acuerdo, Argentina solo está profundizando su agujero financiero y amenazando el progreso que el presidente libertario ha logrado al establecer un rumbo para la recuperación económica. Cada día, se añaden US$2 millones en intereses a la deuda total de Argentina, que ahora supera los US$17.000 millones, señaló Mato.

El Ministerio de Economía de Argentina no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Mato.

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El experimentado banquero de Wall Street, de 61 años, ha trabajado durante años en operaciones de bonos latinoamericanos, incluida la resolución de 2016 de la prolongada batalla de Argentina con Paul Singer, un multimillonario de los fondos de cobertura, por deuda impaga. En la entrevista, Mato hizo hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes, diciendo que Burford no quiere el tipo de conversaciones hostiles en las que Singer se involucró.

Milei ha cortejado a Wall Street desde que llegó al poder hace 15 meses en una cruzada para retirar los fuertes controles a la economía argentina y poner fin a una crisis de décadas. Pero el presidente libertario ha dicho poco sobre la sentencia, emitida en septiembre de 2023 por la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Nueva York. Poco después de asumir el cargo, señaló a una cadena de televisión local que Argentina estaría dispuesta a emitir un bono para pagarle a Burford —que se le otorgó el derecho sobre US$6.200 millones del total de la sentencia—, pero no ha habido avances desde entonces. Argentina apeló el fallo de Preska.

A pesar de la insistencia de Mato en que llegar a un acuerdo ayudaría a la campaña de Milei para mejorar la percepción de Argentina entre los inversores mundiales, el gobierno sigue luchando con uñas y dientes por el caso.

“Lo más importante para insertar a Argentina en el primer mundo es respetar la rule of law”, afirmó Mato, argentino con residencia en Estados Unidos. “Cualquier negociación que haga el gobierno va a ser extremadamente valorada. Es un riesgo reputacional ante la comunidad internacional”.

Pero el silencio del ministro de Economía, Luis Caputo, parece sugerir que el gobierno de Milei no comparte esa opinión. Argentina ya está atrayendo grandes planes de inversión en energía y minería a través de un programa que ofrece amplios incentivos fiscales y vacíos legales. Y Caputo también está explorando el regreso de la deuda soberana de Argentina a los mercados mundiales.

“La demanda de Burford contra Argentina podría impedir el acceso de la nación a los mercados internacionales de capital”, dijo Jared Lou, gestor de cartera del equipo de deuda de mercados emergentes de William Blair, antes de la entrevista con Mato. “Es posible que Burford pueda hacer valer el fallo contra Argentina cuando los ingresos de un nuevo bono se encuentren en una institución financiera”.

Mato dijo que incluso si Argentina sigue adelante con la venta de bonos sin un acuerdo en el caso, podría haber problemas. Si Argentina no logra revocar la decisión en la apelación, podría ser ingeniosa con su estructura de deuda para evitar un embargo de cuentas, un tecnicismo legal que probablemente ahuyentaría a algunos inversores.

“Si estamos en una situación donde en la instancia final es favorable para Burford, yo creo que a Argentina se le complica la salida a los mercados financieros internacionales”, dijo Mato. Una vez que Argentina acuda a los mercados de bonos, advirtió que “si no se puede hacer una estructura plain vainilla, cada pequeño detalle tendrá un costo”.

Sin embargo, la decisión final en los tribunales puede tardar años. El siguiente paso en el caso, que ahora se encuentra en un tribunal de apelaciones de EE.UU., sería una audiencia sobre tecnicismos antes de que los jueces tomen una decisión. Si los jueces del tribunal de apelaciones ratifican el fallo de Preska, la única opción legal de Argentina sería apelar ante la Corte Suprema de EE.UU.

Se requiere paciencia

Por ahora, señaló Mato, Burford no tiene previsto perseguir agresivamente otros activos de Argentina. Añadió que Burford podría aceptar un bono u otros valores con estructura de mercado, como forma de pago.

“La mejor herramienta que tenemos nosotros es la paciencia. La herramienta es la herramienta judicial”, aseveró Mato. “Nosotros estamos esperando la resolución final. Burford no tiene ningún apuro en este tema. Si lo hace, si negociamos antes, el gobierno se va a beneficiar, porque va a tener un descuento sobre la deuda. Si lo hace después, van a tener que pagar la totalidad del juicio”.

Burford es quizás el más conocido de un grupo de fondos de inversión que se especializan en financiar demandas. Lanzado en 2009 con el respaldo de Neil Woodford y su exfondo Invesco Ltd., Burford causó sensación de inmediato con las prestigiosas credenciales de sus fundadores.

El director ejecutivo, Christopher Bogart, fue anteriormente asesor jurídico de Time Warner Inc. y litigante en el bufete de abogados de élite Cravath, Swaine & Moore. El cofundador Jonathan Molot fue secretario de la Corte Suprema de EE.UU., asesor del Departamento del Tesoro, y profesor de derecho en la Universidad de Georgetown.

El objetivo de empresas como Burford es identificar demandas legales infravaloradas, pagar a abogados para que las litiguen con éxito y luego quedarse con un porcentaje de la indemnización.

En este caso, que se interpone contra Argentina por la nacionalización de YPF en 2012, Burford adquirió las demandas de los accionistas originales por poco menos de US$17 millones en 2015. En el momento de la sentencia de Preska en septiembre de 2023, la empresa dijo que había pagado alrededor de US$50 millones en honorarios legales. También había vendido más de un tercio de su participación a otros inversores, principalmente grandes fondos de cobertura, por US$236 millones.

Pero la financiación de litigios ha funcionado a menudo mejor en la teoría que en la práctica.

Muchos de los competidores iniciales de Burford desaparecieron. La propia Burford, que cotiza tanto en Nueva York como en Londres, fue blanco de ataques en 2019 por parte del vendedor en corto Carson Block, cuyas críticas a sus prácticas empresariales hicieron caer casi dos tercios el precio de sus acciones en ese momento. Burford realizó posteriormente cambios en su estructura corporativa para responder a las preocupaciones de los inversores. Las acciones se dispararon hasta US$16,42 tras la sentencia de Preska en el caso YPF. Antes de la sentencia, valían cerca de US$7. Las acciones cerraron el jueves justo por encima de US$14.

La sentencia de Preska dictaminó que la toma de control de YPF por parte del gobierno violaba los estatutos de la empresa, que exigían realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas a un precio predeterminado. En ese momento, el viceministro de Economía que encabezó la expropiación argumentó que los estatutos eran “la trampa del oso”, comentarios frecuentemente citados por Burford en el caso.

El punto muerto de Argentina con Burford llega en un momento crucial para Milei. Sus negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional están siendo observadas de cerca por los inversores, al tiempo que trata de mantener a los votantes de su lado mediante la reducción de la inflación antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de finales de este año.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Burford Met With Silence From Milei Over $16 Billion Judgment

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--Con la colaboración de Anthony Lin.

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