San Salvador, 19 mar (EFE).- La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, denunció el miércoles en redes sociales un "extraño proceder" de agentes de la Policía en su casa en El Salvador.
Escobar relató que dos policías llegaron a su vivienda "en un extraño proceder", quienes pidieron a una persona que le apoya en labores domesticas que saliera para responder preguntas.
Escobar indicó que los agentes "se sorprendieron" al ver su presencia y cambiaron de tema para preguntarle por una dirección.
"Lo que me parece extraño es que, habiendo más de 300 casas en ese sector y siendo la mía la última del pasaje, fueron hasta mi casa a hacer esas preguntas, ¿qué querían preguntarle a la señora que me ayuda?", indicó en un video publicado en X.
Dijo que "en un contexto donde se está criminalizando a los defensores de derechos humanos tengo que denunciar esto, y tengo evidencia, tengo fotos y videos".
"Responsabilizo al Estado, a la Policía Nacional Civil en caso de una captura arbitraria en las próximas horas, porque no tengo ningún delito", subrayó Escobar.
Representantes de una decena de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil denunciaron la semana pasada un "aumento" de la persecución y criminalización de defensores en El Salvador.
El caso más reciente es el de Fidel Zavala, portavoz de la organización humanitaria Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
Zavala estuvo detenido por 13 meses bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales, y tras su liberación denunció situaciones de tortura en las prisiones y de muertes de reos.
UNIDEHC es una de las organizaciones humanitarias que apoya al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), que aglutina a personas que denuncian la detención arbitraria de sus familiares en el marco del régimen de excepción.
También, el martes se conoció que la periodista Alba Amaya, que trabajó por varios años para el medio alemán Deutsche Welle (DW), abandonó el país junto a su familia a finales de 2024 por temor por su seguridad.
En un comunicado, Amaya indicó que denunció ante la DW y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entre 2020 y 2024 "crecientes ataques por su trabajo escrito y audiovisual lo que incluyó acoso digital, intimidación, vigilancia, seguimientos, declaraciones estigmatizantes, difamación y censura".
Detalló que una de las acciones que más llamó su atención fue el ingreso de un grupo de militares en varias ocasiones y en un corto periodo de tiempo a su casa bajo la excusa de fumigar contra el dengue. EFE
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