
Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a un total 19 personas pertenecientes a una organización criminal que se dedicaba a la apropiación fraudulenta de viviendas mediante los delitos de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.
De los detenidos, dos han ingresado en prisión. La operación se ha completado con la incautación de documentación falsificada, dispositivos informáticos y 40,77 kilos de hachís, según ha indicado el cuerpo de seguridad en un comunicado.
La investigación se inició tras la denuncia de varias víctimas que alertaban de la ocupación fraudulenta de sus viviendas. Los presuntos autores cambiaban las cerraduras y presentaban documentación falsa en notarías para simular la compraventa de inmuebles, registrándolos a su nombre y vendiéndolos a terceros de buena fe.
La organización identificaba propiedades en estado de abandono o cuyos dueños eran personas mayores, fallecidas o residentes en otras localidades.
Así, a través de intermediarios, con experiencia en el sector inmobiliario, acudían a notarías donde simulaban operaciones de compraventa con contratos falsificados generando una cadena de transmisiones que dificultaba la detección del fraude.
MODUS OPERANDI
Para dar apariencia de legalidad, la organización utilizaba personas en situación de vulnerabilidad como supuestos vendedores o compradores, quienes afirmaban ante notario haber pagado la vivienda en efectivo, sin presentar justificantes.
Con estos documentos, lograban inscribir la propiedad en el Registro de la Propiedad y proceder a su venta.
Se ha constatado que la organización criminal se apropió ilegalmente de 18 propiedades en Tenerife, incluyendo un chalet en una zona exclusiva de la capital. En este caso, la organización intentó registrar la compraventa de la vivienda por 120.000 euros, cuando su valor catastral ascendía a 1.378.001,48 euros, falsificando un contrato a nombre de una persona fallecida hace 40 años. El valor del fraude asciende a 2.875.178 euros.
En febrero se procedió a desplegar un operativo policial que incluyó 8 registros simultáneos en diferentes localidades: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arico, Granadilla de Abona y Güimar.
Durante los registros se incautó documentación relevante para la investigación, dispositivos electrónicos, 40,77 kilos de hachís empaquetados para su distribución, además de una báscula de precisión utilizada para el pesaje de la droga.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó prisión para dos de ellos.
En la investigación ha colaborado la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.
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