Valladolid (España), 17 mar (EFE).- La jueza que lleva el caso de las monjas españolas excomulgadas por enfrentarse a la jerarquía de la Iglesia católica fijó el 10 de junio como fecha en la que tendrán que abandonar su monasterio de Belgorado, después de que el arzobispo de la archidiócesis a la que pertenecen interpusiera una demanda de desahucio contra ellas.
Las religiosas de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara rompieron con el Vaticano después de que la Iglesia les impidiera vender un monasterio para comprar otro.
Este desencuentro hizo que decidieran situarse bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un católico excomulgado en julio de 2019 y fundador de la secta Pía Unión de San Pablo Apóstol.
La decisión originó el cisma y el enfrentamiento subió de tono cuando recibieron la notificación de desahucio del monasterio.
Según se hizo público este lunes, la juez fijó el 10 de junio como fecha para el desahucio y citó a todas las partes a una vista previa para el 13 de mayo, justo un año después de que este grupo de religiosas anunciasen su salida de la Iglesia Católica.
Sin embargo, el abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, no cree "de ninguna manera" que el desahucio, en caso de que así lo resuelva la jueza tras la vista oral, vaya a producirse el 10 de junio, entre otras consideraciones legales, porque la defensa de las monjas lo recurriría, según explicó a EFE.
La decisión que vaya a tomar la jueza tras la vista previa del 13 de mayo afectará a ocho de las monjas que fueron excomulgadas el pasado mes de junio ya que desde entonces dos de ellas han abandonado el convento.
De las ocho exclarisas restantes, tres se trasladaron a Asturias (norte de España), donde las exreligiosas abrieron un restaurante para incrementar sus ingresos.
Problemas de índole económico, derivados entre otras cuestiones de la caída de la actividad del obrador de repostería tras la pandemia de la covid-19, unidos a una trama inmobiliaria vinculada a la venta de un convento, están detrás de la decisión de las monjas de separarse de la Iglesia católica, que comunicaron en mayo del pasado año mediante una carta y un manifiesto.
El abogado de las exreligiosas, Florentino Aláez, no descarta pedir la suspensión de la demanda por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran siete de las ocho exreligiosas, declarada así por los servicios sociales del Gobierno provincial de Burgos, donde se encuentra el monasterio. EFE
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