El líder sirio llama a la paz y anuncia un comité para investigar la peor violencia en años

Damasco, 9 mar (EFE).- El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, apeló este domingo a la "paz civil" y anunció la formación de un comité "independiente" para investigar la matanza de más de 700 civiles -de acuerdo a una ONG- en la costa mediterránea siria, la peor violencia en años en el país, y remitir a la justicia a los responsables.

En un discurso ofrecido en una mezquita de Damasco esta madrugada, Al Sharaa llamó a la calma, dado que lo que está ocurriendo en el país ha sido un desafío "esperado".

"Tenemos que proteger la unidad nacional y la paz civil", afirmó después de que las fuerzas de seguridad de Damasco hayan sido acusadas de matar a más de 740 civiles en cuatro días de campaña militar, unos actos de venganza sectaria tras unos ataques lanzados el pasado jueves por grupos leales al derrocado presidente Bachar al Asad, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Al Sharaa anunció hoy la formación de un comité "independiente" para investigar las "violaciones contra civiles" y averiguar quiénes son los responsables de la "comisión de delitos" en lo sucedido el pasado 6 de marzo.

Este comité está formado por cinco jueces, un general de brigada y un abogado, informó la Presidencia siria en un comunicado firmado por Al Sharaa y donde identifica con nombre y apellidos a sus miembros.

Los siete van a tener treinta días para enviar el informe a Presidencia después de cumplir con las tareas encomendadas, que son, entre otras, "revelar las causas, circunstancias y condiciones que llevaron a que ocurrieran estos eventos", así como "investigar las violaciones contra los civiles e identificar a aquellos que son responsables".

En el cuarto punto se incide que se remitirá a la justicia "a quienes se compruebe que están implicados en la comisión de delitos y violaciones" durante estos actos.

Llamó a todos los organismo gubernamentales relevantes a que cooperen con el comité todo lo necesario para lograr que cumplan sus tareas encomendadas.

Este comité se suma al formado la víspera por el Ministerio de Defensa, que tiene como objetivo "mandar a juicio militar" a los infractores durante las operaciones en la costa mediterránea siria.

De acuerdo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos -ONG cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno-, al menos 745 civiles fueron ejecutados "a sangre fría" a manos de las fuerzas de Damasco desde el jueves, cuando grupos insurgentes leales al derrocado presidente atacaron a tropas de la nueva administración en la provincia de Latakia, feudo de la familia Al Asad y de mayoría alauita.

El ataque desencadenó enfrentamientos a gran escala, en los que se ha utilizado todo tipo de armas pesadas, y que se han extendido a otras provincias como Tartús, también en la costa, y las demarcaciones administrativas centrales de Hama y Homs, donde han muerto en total más de 1.018 personas.

Más de 270 han sido los combatientes fallecidos en la ola de violencia, que ha tenido como principal objetivo a la población civil de la minoría alauita, que según el Observatorio ha sido víctima de "actos de venganza" por parte de los efectivos gubernamentales.

Hasta el momento, el nuevo Gobierno sirio no ha reconocido estos actos ni ha desglosado una cifra de víctimas civiles ni bajas en sus filas.

El Ministerio de Defensa sirio afirmó que las fuerzas de seguridad han "restablecido la estabilidad" en las provincias costeras del oeste del país tras los cuatro días de violencia.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Hasán Abdulghani, aseguró en un comunicado que los combates han cesado en las provincias occidentales del país y que, ahora, las fuerzas de seguridad han iniciado una "segunda fase de las operaciones militares" para "perseguir a los remanentes y oficiales del régimen derrocado".

La agencia oficial de noticias siria SANA indicó que "los mercados y la vida normal han empezado a volver a la ciudad de Jableh (donde comenzaron los ataques), en las afueras de Latakia, después de que se limpiara de restos del antiguo régimen y se estableciera la seguridad en todos sus barrios".

El Cairo, 9 mar (EFE).- En cuatro días de violencia inaudita desde la caída del régimen de Bachar al Asad, más de mil personas han muerto en las regiones del oeste de Siria de mayoría alauita, entre ellas unos 740 civiles pertenecientes a esta minoría religiosa que han sido ejecutados y asesinados "a sangre fría", según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

 La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores en el terreno, reporta que al menos 1.018 personas han muerto desde el jueves en las provincias costeras de Latakia y Tartús -feudos de la comunidad alauita y de Al Asad-, así como en las demarcaciones centrales de Hama y Homs, escenario de unos de los acontecimientos más sangrientos de los últimos años.

La violencia estalló el jueves, cuando grupos leales a Al Asad emboscaron y mataron en Latakia a decenas de efectivos de seguridad de la nueva administración de Damasco, algo que derivó en intensos enfrentamientos y en una posterior campaña de represión contra la población alauita.

Desde la caída del anterior régimen, varios grupos de exmilitares leales a Al Asad han efectuado ataques esporádicos contra las nuevas autoridades, pero la emboscada de este jueves fue la primera operación a gran escala y la más sangrienta desde el pasado 8 de diciembre.

Cientos de personas salieron a las calles de varias provincias sirias el jueves y el viernes para expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad y denunciar los ataques de los remanentes del exrégimen.

Según medios de comunicación sirios y grupos de activistas, la insurgencia pro Al Asad está liderada por el comandante Ghiath Dalla, una de las figuras militares más prominentes del antiguo régimen y muy próximo al expresidente, que habría fundado un grupo llamado 'Consejo Militar para la Liberación de Siria'.

Su principal objetivo, según recoge la prensa local, es la "liberación total del territorio sirio de todas las fuerzas ocupantes y terroristas", en referencia a la alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), que derrocó a Al Asad en una fugaz ofensiva de apenas dos semanas.

Esa alianza, ya disuelta e integrada en las fuerzas de seguridad del nuevo Gobierno, es la heredera del Frente Al Nusra, la exfilial de la organización Al Qaeda en Siria, y está apoyada también por una serie de grupos islamistas proturcos acusados de cometer todo tipo de crímenes de guerra durante los 14 años de conflicto en Siria.

En reacción a los ataques del jueves, Damasco lanzó una campaña para aplacar los focos de insurrección, llevando refuerzos desde las provincias septentrionales de Idlib y Alepo, los baluartes de la oposición a Al Asad.

Parte de esos refuerzos son milicianos del grupo proturco Ejército Nacional Sirio (SNA), que está a su vez inmerso en solitario en una campaña contra las zonas del norte de Siria controladas por los kurdos.

Según el Observatorio, reconocido por su fehaciente seguimiento de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Al Asad, la llegada de los refuerzos fue el preludio de una serie de masacres, ejecuciones sumarias y torturas a la población civil, muchas de las cuales fueron grabadas en vídeos que la ONG pudo verificar.

Entre los asesinados se encuentran mujeres y niños, siempre según el Observatorio, que hizo un llamado a la comunidad internacional "para que adopte medidas urgentes y envíe equipos internacionales especializados de investigación para documentar las graves violaciones" que han cometido las fuerzas de seguridad y grupos aliados.

Damasco no ha reconocido explícitamente estos actos, aunque sí ha anunciado la creación de un comité que investigará y mandará a juicio a los responsables de "crímenes" cometidos durante las operaciones militares en la costa siria.

La comunidad alauita, a la que pertenece el clan de Al Asad y que dominó el Ejército durante el régimen anterior, supone aproximadamente el 10 % de la población siria y tiene su núcleo en Latakia y Tartús, donde las autoridades de Damasco realizan operaciones contra los remanentes del exrégimen desde hace semanas.

Varios altos cargos militares de Al Asad acusados de cometer crímenes de guerra y reprimir a la ciudadanía han sido arrestados en estas campañas.

Sin embargo, el Observatorio también ha documentado decenas de "actos de venganza" por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra estos individuos, algo que se ha generalizado en la campaña militar de esta semana en la costa.

"Existe una creciente preocupación de que la respuesta de mano dura de Damasco al ataque por parte de los remanentes del régimen arraigue las divisiones sectarias y alimente un nuevo ciclo de violencia", alertó el centro de investigación sirio ETANA.

El grupo chií libanés Hizbulá -uno de los principales aliados de Al Asad junto a Irán- se ha desvinculado de la ola de violencia, mientras que los patriarcas de las iglesias de Siria condenaron las "masacres contra civiles inocentes" y rechazaron "cualquier intento de división".

El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, intentó tranquilizar este domingo a la población y aseguró que la violencia es "un desafío esperado" en la fase de transición que atraviesa el país, al tiempo que urgió a "proteger la unidad nacional y la paz civil".

Carles Grau Sivera