San José, 23 feb (EFE).- Los indígenas miskitos nicaragüenses podrán llenar las solicitudes de refugio en Costa Rica en su propio idioma, informaron este domingo organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las minorías étnicas.
La Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica entregará formularios de solicitud de refugio traducidos al idiomo miskito a partir de este lunes, indicaron la Asociación Voces Diversas de Sacuanjoche (Avodis), la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) y People in Need (PIN) en una declaración conjunta.
Las organizaciones explicaron que este lunes celebrarán un acto protocolario en la sede de la Unidad de Refugio, en San José, en donde se hará la entrega de los formularios de solicitud de refugio traducidos al idioma indígena miskito.
El miskito es el idioma de las comunidades indígenas de la etnia miskita del Caribe de Nicaragua, "siendo estos un grupo poblacional vulnerable, que tienen dificultades con la comunicación", indicaron las organizaciones defensoras.
Los indígenas miskitos "ahora podrán tener mayores facilidades de acceso a los derechos humanos, gracias a la gestión de nuestras organizaciones y la receptividad y buena voluntad de la Unidad de Refugio, que, con este documento, se espera ayudar a miles de personas indígenas miskitas a formalizar su solicitud de refugio", destacaron.
Organizaciones defensoras de derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua han denunciado la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu del Caribe Norte nicaragüense, que se ha intensificado desde 2018 por un proceso de "colonización" que, sumado a la crisis sociopolítica que atraviesa ese país, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”.
Esa denuncia fue interpuesta en una audiencia durante el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La exiliada nicaragüense Tininiska Rivera, hija del líder político indígena miskito encarcelado Brooklyn Rivera, dijo en esa audiencia que el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del Gobierno de Daniel Ortega de autoridades indígenas paralelas y afines.
El objetivo, indicó Rivera, es anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal.
Aseguró además que el Ejecutivo sandinista no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), lo que deja a unas 304 comunidades vulnerables a invasiones.
A su vez, la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Camila Ormar, sostuvo entonces que el recrudecimiento de la violencia en contra de estos indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección.
El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras, afirmó Ormar, y denunció que en los primeros seis meses de 2024 se dieron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión.
Asimismo, según la denuncia, el Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas.
Las autoridades nicaragüenses también ilegalizaron el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), y mantienen en prisión a los tres dirigentes indígenas más visibles: los exdiputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, ambos miskitos, y Steadman Fagot. EFE
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