San Salvador, 22 ene (EFE).- La diputada salvadoreña Claudia Ortiz, del partido minoritario de oposición VAMOS, dijo este miércoles que la caída en la aprobación del presidente Nayib Bukele, revelada en un reciente sondeo, se debe a la falta de escucha a las necesidades de la población.
Los salvadoreños aprueban la gestión del presidente Bukele con una nota de 7,73 (en una escala de 0 a 10), pero esta es la evaluación más baja que recibe el mandatario desde que llegó al poder Ejecutivo en 2019.
De acuerdo con los datos presentados por expertos del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la privada Universidad Francisco Gavidia (UFG), la nota otorgada a Bukele es inferior en 0,7 puntos al 8,43 registrado en octubre de 2024.
"La gente no va a estar aplaudiendo cinco años más, la gente quiere que las realidades se atiendan y quiere que se les escuche, y es evidente que no hay (una) escucha de la población", dijo Ortiz a periodistas.
Dijo que los temas "prioritarios para garantizar una vida digna" son agua, educación, salud y empleo, pero -apuntó- "la prioridad de los esfuerzos de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo está en la minería".
"La gente dice que eso no lo desea (la minería), que es un peligro importante para la vida, la salud y (para) el medioambiente", sostuvo la legisladora.
La encuesta de la UFG apunta que el 48,73 % de los salvadoreños no apoya la iniciativa de Bukele de impulsar la minería metálica, que llevó a la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), a revertir una prohibición a esta práctica aprobada en 2017.
Por su parte, el 23,51 % de los ciudadanos consultados manifestaron su apoyo a la medida, el 19,92 % dijo tener dudas y el 7,84 % no respondió.
La Asamblea Legislativa aprobó en diciembre la Ley General de Minería Metálica y derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.
El aval de la normativa, propuesta por Bukele, se dio a pesar del rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, la Iglesia católica y universidades por el impacto en las comunidades rurales y al medioambiente.
Organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integran los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután, Chalatenango, y La Unión.EFE
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