
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado este viernes por la noche el proyecto de ley de 'ficha limpia' que veta la concurrencia a las urnas de cualquier persona condenada --entre otros-- por delitos de fraude registrados el año anterior a los comicios, lo que impendería a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner volver a presentarse como candidata en unas futuras elecciones presidenciales.
"El presidente de la Nación ha firmado hace instantes el proyecto de ley denominado 'ficha limpia'. El verdadero 'pacto' es con todos los que quieren un país libre y próspero", ha anunciado el portavoz de Mile, Manuel Adorni, en una publicación en su cuenta en la red social X en la que ha compartido el texto integro del proyecto.
En concreto, la iniciativa --que se incluiría como inciso de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos-- incluye los delitos de "fraude en perjuicio de la Administración Pública", cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", enriquecimiento ilícito, encubrimiento y "todo otro delito doloso contra la Administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Nacional".
Resulta condición indispensable para la aplicación de cualquiera de estos supuestos que la condena en cuestión "hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral", reafirmando "la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia".
Subraya además el texto que las personas "inelegibles" en virtud de esta modificación de la ley de partidos no podrán tampoco ostentar cargos como los jefe de gabinete de ministros, ministro, secretario, subsecretario, u otras "autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social". Del mismo modo, quedarían excluidas de cuerpos colegiados y del cuerpos diplomático, así como de puestos en las juntas directivas de empresas o entidades "de cualquier tipo" participadas por el Estado.
Así, Cristina Fernández quedaría apartada de la posibilidad de volver al frente de la Casa Rosada, tras ser ratificada en noviembre de 2024 la condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada a finales de 2022, ante la que solo le quedaba entonces la opción de presentar un último recurso en el Supremo.
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