Organizaciones de Ecuador rechazan disculpas de ministro a familias de niños asesinados

Guayaquil (Ecuador), 7 ene (EFE).- Organizaciones sociales de Ecuador rechazaron este martes las disculpas públicas que el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dio el lunes a las familias de los cuatro menores asesinados, quienes desaparecieron el 8 de diciembre tras ser aprehendidos por una patulla militar en la ciudad costera de Guayaquil.

Lo hicieron por medio de una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes los representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que defiende legalmente a las familias.

"Sentimos altamente preocupantes las declaraciones del ministro de Defensa presentadas ayer, en las que nuevamente insistió en ataques a los denunciantes", dijo Billy Navarrete, director del CDH.

En un video emitido en cadena nacional, el ministro Loffredo pidió disculpas a las familias de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), en cumplimiento con una sentencia de hábeas corpus en la que una jueza aceptó, el 24 de diciembre, que la desaparición de los menores sea investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado".

Sin embargo, en su intervención, el ministro rechazó que la justicia haya calificado este caso como una "desaparición forzada" y negó cualquier participación de su cartera y de las Fuerzas Armadas.

Además, señaló que llegarían "hasta las últimas consecuencias" para que "se sancione" la actuación de la jueza, ya que la misma, dijo, "ha dado paso a una persecución política". Y agregó que "se deberá investigar" el uso de "la narrativa de los derechos humanos" en esta "persecución".

Loffredo también criticó que en el proceso se hayan presentado testimonios de "amigos del juez", como la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Viviana Veloz, algo que fue rechazado por la institución, que tildó de "maliciosa" su declaración.

"En su rol como primer poder del Estado, actuó en conjunto con otra instituciones públicas y privadas, como una voz contra la ineficacia, la desidia y la complicidad en este grave suceso que conmocionó al pueblo ecuatoriano", señaló el Parlamento en un comunicado.

El director de la CDH dijo que el ministro Loffredo "hace mal" en "resistirse" y en "amenazar a la juzgadora" y a las organizaciones que acompañan a las familias, y lamentó que "el Gobierno esté politizando el caso" al señalar que las denuncias se realizan con influencia de "poderes políticos partidistas".

Durante la rueda de prensa, las organizaciones también rechazaron la apelación a la sentencia de hábeas corpus que hizo la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien señaló que el fallo representa una "actuación política de persecución" en contra del Gobierno y pidió que se declare "la nulidad de lo actuado".

Para Palencia, existe una desnaturalización de la figura del hábeas corpus y una violación al debido proceso. También indicó que el fallo debió emitirse excluyendo a la Policía y al Ministerio del Interior, pues "no hubo ni una sola evidencia de que ni en la detención ni en el trabajo de búsqueda" hubiesen existido "acciones ilegítimas o ilegales o arbitrarias" por parte del Ministerio que representa ni por parte de la Policía.

Palencia solicitó que en segunda instancia "se califique el dolo en la actuación de la justicia constitucional" a cargo de la jueza que emitió la sentencia, y advirtió que se reservaba el derecho "a la indemnización por daños y perjuicios que la conducta judicial cause o haya causado", ya que considera que es "terrible" el daño a la imagen y al trabajo del Ministerio que ha causado este fallo.

La apelación de Palencia se unió a otras que habían hecho antes el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Además del hábeas corpus, por ese caso se abrió una investigación por el delito de desaparición forzada en el que están procesados 16 militares, y los abogados de las familias esperan que se abra otra por ejecución extrajudicial, después de que se confirmó que unos restos calcinados hallados en una zona pantanosa, a unos 30 kilómetros de Guayaquil y donde opera una base de la Fuerza Aérea, eran de los menores. EFE

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