Sarkozy pretende que el tribunal que lo juzga por corrupción se declare incompetente

Sarkozy y su abogado argumentan que el caso de corrupción debe ser juzgado por el Tribunal de Justicia de la República debido a su función como exmandatario y posible pacto con Gadafi

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París, 6 ene (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy intentó este lunes que el Tribunal Correccional de París que ha empezado a juzgarlo por haber supuestamente establecido desde 2005 un "pacto de corrupción" con el régimen del líder libio Muamar Gadafi se declare incompetente.

El abogado de Sarkozy, Jean-Michel Darrois, se esforzó en subrayar, durante la primera audiencia de este proceso, que las alegaciones contra Sarkozy las tendría que examinar el Tribunal de Justicia de la República, competente para juzgar a los miembros de Gobierno por hechos relativos al ejercicio de sus cargos.

Darrois señaló que la acusación de corrupción pasiva que pesa sobre su cliente sólo se puede contemplar porque era capaz de dar una contraprestación al régimen de Gadafi a cambio del dinero que supuestamente le dio para la campaña presidencial de 2007 gracias al cargo público que tenía.

Es decir, que en caso de haber cometido ese delito (algo que niega) eso ocurrió en relación con las que eran sus funciones oficiales. Si se aceptara su recurso, eso justificaría la anulación de este juicio, que en principio debe prolongarse hasta el 10 de abril y que podría conducir si es declarado culpable a una pena de hasta 10 años de cárcel.

El cargo de acusación pasiva, que es uno por los cuatro por los que está encausado Sarkozy, deriva en primer lugar de la visita que hizo a Libia el 6 de octubre de 2005, cuando era ministro del Interior, durante la que fue recibido por Gadafi.

Según la Fiscalía, en ese encuentro hubo un "pacto de corrupción" con el dictador libio -derrocado en 2011-, que prometió financiar la campaña de Sarkozy a las presidenciales de 2007, cuando accedió al Elíseo.

A cambio de eso, el presidente francés debía supuestamente devolverle el favor una vez que llegara a la jefatura del Estado actuando para sacar el régimen libio del aislamiento internacional en el que había estado por su implicación en acciones terroristas y también con contratos de armas o de sistemas de seguridad que podían contribuir a la represión interior de toda oposición.

Uno de los representantes del Ministerio Público recordó que un dictamen judicial ya había excluido la competencia del Tribunal de Justicia de la República e insistió en que con el "pacto de corrupción" que se está juzgando "el interés personal sustituyó al interés general" propio del ejercicio de un cargo público.

Además, puso el acento en que si se demuestra el delito de corrupción pasiva, lo que hubo fue un desvío de la función pública que tenía Sarkozy.

El que fuera jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 hizo repetidos gestos de desaprobación con la cabeza durante la intervención del representante de la Fiscalía, en particular cuando éste utilizó la expresión de "pacto de corrupción" con Gadafi, e incluso se quejó de palabra, lo que dio lugar a la intervención de la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino.

También solicitó que el Tribunal Correccional de París se declare incompetente otro de los 13 encausados, el exministro Brice Hortefeux, con argumentos muy similares.

Los cuatro jueces deberían decidir más adelante sobre éste y otros recursos de procedimiento que se están examinando en esta primera parte del juicio y que en realidad tienen pocas posibilidades de prosperar.

El expresidente conservador ha sido condenado ya en dos ocasiones y una de ellas tiene carácter definitivo, después del dictamen hace un mes del Tribunal Supremo, con una pena firme de un año de cárcel por otro caso de corrupción y tráfico de influencias, que podrá cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico.

Además, Sarkozy ha sido sentenciado en primera instancia por la financiación irregular de su fallida campaña electoral presidencial de 2012 (perdió frente al socialista François Hollande), a una pena de un año de cárcel, la mitad exenta de cumplimiento y la otra mitad en arresto domiciliario.

El juicio en apelación ya ha tenido lugar y la decisión se conocerá durante este año. EFE

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