San Salvador, 5 ene (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el domingo la trigésima cuarta ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 83.600 detenciones.
La ampliación de la medida, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados, por lo que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.
El decreto aprobado señala que "el fenómeno criminal persiste en el país", a pesar de que las principales autoridades de seguridad aseguran que han desbaratado a las pandillas.
"Se han detectado cambios en las tácticas utilizadas por las estructuras delictivas, que ahora emplean nuevas modalidades de actuación, como el uso de herramientas tecnológicas", reza el documento.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado. EFE
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