Jesús Lozano
Madrid, 31 dic (EFE).- España comienza 2025 con los presupuestos del Estado prorrogados por segundo año consecutivo en un ambiente de gran tensión y de incertidumbre políticas, una mayoría parlamentaria inestable y supuestos casos de corrupción que salpican al poder, aunque los grandes datos económicos favorecen al gobierno del socialista Pedro Sánchez.
La debilidad del Ejecutivo, una coalición progresista que gobierna en minoría, lo obliga a negociar constantemente cualquier propuesta legislativa para lograr el apoyo de pequeños partidos parlamentarios de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes de ideología diversa.
No siempre lo consigue por la resistencia y las altas exigencias de sus socios parlamentarios habituales o, al menos, en los plazos deseados, como ocurre con los presupuestos del Estado. Los que el Parlamento aprobó para 2023 tuvieron que prorrogarse para 2024 y ahora para 2025.
De hecho, el Gobierno, formado por el Partido Socialista y el movimiento izquierdista Sumar, ha perdido varias votaciones esta legislatura en el Congreso, aunque también ha sacado adelante algunas leyes.
A veces, fuerzas minoritarias como los nacionalistas vascos del PNV y los soberanistas catalanes de Junts (centroderecha) prefirieron apoyar propuestas de la oposición conservadora del Partido Popular (PP) como la reciente derogación del impuesto extraordinario y temporal a las empresas energéticas, en contra del criterio del Ejecutivo.
Aun así, Sánchez se afana en repetir que la legislatura durará los cuatro años previstos, sin elecciones anticipadas, y que habrá presupuestos del Estado en 2025. Y lo hace apoyado en los buenos resultados macroeconómicos del país.
El Banco de España prevé que el Producto Interior Bruto termine este año con una subida del 3,1 %, aunque los daños materiales multimillonarios causados por las lluvias torrenciales en la provincia mediterránea de Valencia restarán algo al crecimiento, según algunos estudios.
Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea auguran un aumento de la economía española del 2,3 % en 2025.
Con una inflación del 2,8 % anual en diciembre, se revierten desde este miércoles la bajada temporal del impuesto del valor añadido para la energía eléctrica y alimentos cuyo precio se disparó tras comenzar la guerra de Ucrania (febrero de 2022).
El jefe del Ejecutivo español, que gobierna desde mediados de 2018, fue reelegido por el Congreso después de los comicios generales de julio de 2023.
Fueron ganados por los conservadores, pero no pudieron acceder al poder por carecer de mayoría suficiente, ni siquiera con el apoyo de la extrema derecha.
Por el contrario, Sánchez pudo pactar con los pequeños partidos citados para salir elegido a cambio de compromisos políticos diversos y controvertidos, que la derecha y extrema derecha denuncian como "cesiones vergonzantes".
La tensión y la polémica mayores se deben, sin duda, a la ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de la región autónoma de Cataluña de 2017.
Aprobada a últimos de mayo pasado, esa ley fue una exigencia de los soberanistas catalanes, sobre todo del líder de Junts y expresidente catalán Carles Puigdemont. Permanece huido en Bélgica después de que la justicia española rechazara aplicarle la amnistía por malversación de caudales públicos.
Puigdemont ha demandado recientemente a Sánchez que se someta a una moción de confianza parlamentaria para aclarar los apoyos políticos con que cuenta en estos momentos; y este se ha mostrado dispuesto a reunirse con el político independentista catalán, como ya hicieron antes otros dirigentes socialistas de menor rango.
Aparte de las cuestiones puramente políticas, tanto Sánchez como la oposición seguirán muy atentos el año nuevo a cómo evolucionan las investigaciones judiciales por sospechas de corrupción que afectan a familiares del presidente del Gobierno y a un importante exministro socialista.
El Ejecutivo y los conservadores con la extrema derecha se han enzarzado en agrias acusaciones y reproches cruzados de enfangar la política y minar la legitimidad institucional de unos y otros a propósito de esos casos.
Entre otros, Begoña Gómez, mujer de Sánchez, es investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía; y por apropiación indebida e intrusismo por la contratación de un software para un máster.
El juez encargado la investiga a raíz de una denuncia del autodenominado 'sindicato' Manos Limpias, que la Fiscalía solicitaba archivar.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos (2020-2021), que fue estrecho colaborador de Sánchez, es investigado por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en una trama de supuesto pago de comisiones ilegales por la venta de mascarillas a administraciones públicas. EFE
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód. 22486172, 22486169 y otros)