Roma, 30 dic (EFE).- La Corte de Casación de Italia emitió hoy una ordenanza interlocutoria -no definitiva- en la que aseguró que la designación de países considerados como seguros es una competencia ministerial, en medio de la disputa del Gobierno italiano con la Justicia por su polémico plan de envío de migrantes a Albania.
Este tribunal, el de mayor rango judicial en el país, se pronunció así de forma provisoria a un recurso presentado por el Ejecutivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También dijo que queda a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legitimidad o no de los centros de retención de migrantes en el país balcánico, un asunto aún pendiente de resolverse.
"La Corte de Casación participa en el diálogo entre jurisdicciones ofreciendo, en un espíritu de leal cooperación su hipótesis de trabajo, sin traducirla ni en una decisión sobre el recurso ni en un principio de derecho capaz de guiar" la cuestión, expresó el órgano en un documento de 35 páginas citado por prensa local italiana.
Con todo, en su ordenanza argumenta que la competencia sobre la definición de países seguros depende del ministro de Exteriores y otros ministros que participen en el proceso, y asegura que los jueces solo tienen potestad para examinar casos individuales.
Esto se produce tras meses de fricción por las trabas impuestas por cortes italianas al traslado de migrantes desde el Mediterráneo central a centros cerrados gestionados por Italia en Albania, unas retenciones que fueron invalidadas por la propia Justicia italiana y que abrieron un choque con la coalición gubernamental de Meloni.
En las dos ocasiones este 2024 que el Gobierno italiano envió a migrantes de Bangladesh y Egipto a Albania, sus retenciones fueron rechazadas y tribunales italianos ordenaron su traslado a Italia.
La Justicia argumentó que Egipto y Bangladesh no podían ser considerados como países de origen seguros, de acuerdo con una sentencia previa del TJUE que aseguró que suponía un precedente judicial.
Ante ello, el Ejecutivo de Meloni intentó blindar la designación de su lista de países seguros con un decreto ministerial, lo que se interpretó como una forma de intentar sortear los poderes judiciales y llevar adelante su plan de externalización fronteriza en Albania.
Sin embargo, esto no desatascó la cuestión y el asunto continúa pendiente de resolverse.
La ordenanza de este lunes fue celebrada por partidos como el ultraderechista Hermanos de Italia, liderado por Meloni.
"El Tribunal de Casación se expresó claramente: la designación de países seguros es responsabilidad exclusiva del ministro de Asuntos Exteriores y de los demás Ministros que intervienen concertadamente. Los aficionados a la acogida indiscriminada descansan en paz", dijo la formación a través de su cuenta oficial en la red social X.
Para diputados de la oposición como Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, la Justicia afirmó hoy "lo que siempre ha estado claro", ya que "nadie ha querido privar nunca al poder político de la de elaborar la lista de países seguros".
Según Magi, la ordenanza también "reitera la primacía del derecho de la UE", así como que "la detención del migrante no es aplicable si el juez evaluara que existen motivos fundados para creer que el país de origen no es seguro para el solicitante de asilo". EFE