Gobierno de Ortega desterró a nueve nicaragüenses en noviembre de 2024, incluido un obispo

San José, 29 dic (EFE).- Al menos nueve nicaragüenses, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y una familia con un menor de edad, fueron desterrados de su país en noviembre pasado por el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, denunció este domingo la organización Monitoreo Azul y Blanco.

"En total, nueve personas fueron desterradas durante noviembre, consolidando esta práctica como una herramienta del régimen para silenciar y expulsar a opositores y críticos del país", señaló esa organización que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.

Para ese organismo, la expulsión de nicaragüenses de su propio país "reflejan un deterioro continuo de los derechos humanos en Nicaragua, con tácticas represivas que afectan a diversos sectores de la sociedad, desde lideres religiosos y comunitarios hasta periodistas y comunidades indígenas".

Entre los desterrados se encuentra el presidente del Episcopado nicaragüense y obispo de la diócesis de Jinotega (norte), Carlos Enrique Herrera, quien fue detenido el pasado 13 de noviembre tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno.

Herrera, de 75 años, fue enviado a Guatemala y se convirtió en el tercer obispo nicaragüense en ser expulsado de su país en el último año. Los otros son los obispos excarcelados Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna (Caribe).

Las autoridades también enviaron el pasado 29 de noviembre a España al sacerdote Asdrúbal Zeledón Ruiz, rector del Santuario de Nuestro Señor de Esquípulas en la diócesis de Jinotega.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua atraviesan momentos de gran animadversión: el papa Francisco llegó a denunciar el "desequilibrio" de Ortega y a su régimen de "dictadura grosera". Este, a su vez, acusó al Vaticano de formar parte del "conglomerado del fascismo" y ha disuelto y expropiado a la Compañía de Jesús - conocidos como los jesuitas-, orden a la que pertenece el sumo pontífice.

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al menos 136 sacerdotes de las diferentes diócesis nicaragüenses han sido expulsados del país o han sido obligados al exilio, según la V entrega del estudio 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?', de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.

De ellos, 19 religiosos nicaragüenses, entre estos los obispos Álvarez y Báez, y otros 14 sacerdotes, han sido declarados "traidores a la patria" y despojados de su nacionalidad.

Según dicho monitoreo, los otros siete desterrados en noviembre fueron los músicos nicaragüenses Nieves Martínez, Dagoberto Fuentes Palacios y Juan Pablo Rosales; así como la familia del periodista, empresario y opositor nicaragüense Henry Briceño, compuesta por cuatro personas, incluido un menor de edad.

Briceño y su familia fueron desterrados a Costa Rica y las autoridades les intervinieron además cuatro propiedades que poseen, entre ellos un hostal, un motel y un vivero.

El organismo advirtió que en noviembre pasado "Nicaragua experimentó un incremento significativo en las violaciones a los derechos humanos, caracterizado por detenciones arbitrarias, hostigamiento a líderes religiosos y comunitarios, y agresiones contra comunidades indígenas".

De momento ni el Gobierno sandinista ni la Policía Nacional, ni el Ejército de Nicaragua, ni Migración, se han referido a esas denuncias, y generalmente no lo hacen.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria». EFE