Justicia acepta como desaparición forzada la de cuatro niños detenidos por militares en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 24 dic (EFE).- Una jueza de Ecuador aceptó la noche de este viernes que la desaparición de cuatro niños, detenidos el 8 de diciembre por militares en el sur de la ciudad costera de Guayaquil, sea investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado".

La jueza Tanya Loor aceptó el recurso de hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia de este miércoles se han presentado elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la detención de los niños "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".

Loor ordenó la activación de protocolos de búsqueda de los menores en todo el país y la creación de una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial.

Además, ordenó que la Defensoría del Pueblo capacite a los soldados sobre protección de derechos humanos, especialmente enfocada en niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, "con el objeto de que las Fuerzas Armadas nunca más cometan una situación como la que se ha señalado en este caso".

Esta decisión se une a la que había tomado horas antes la Fiscalía de formular cargos contra 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.

La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

En videos, que circulan en redes sociales, se observa a hombres vestidos de militares detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta de uso castrense, donde los golpean y tienden en el piso.

Los uniformados, según las primeras versiones, trasladan a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y donde se pierde totalmente el rastro de los menores.

En la audiencia judicial de este miércoles participaron los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, quienes pidieron a la jueza Loor que no dé paso al hábeas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, según ellos, "no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas".

"Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, (pero) no existen indicios con los se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar", dijo el capitán Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa.

"Los niños fueron liberados por parte del personal militar", agregó.

Además, señalaron que la aprehensión de los menores se dio porque la patrulla militar fue alertada de que, "aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley".

Sin embargo, el fiscal Christian Fárez señaló que en el proceso judicial que él investiga no existe ningún elemento que indique algún "acto ilícito que hayan cometido los niños".

"No existe un parte policial que justifique, no existe un testigo ni una versión de nadie que el día de los hechos haya realizado ningún acto presuntamente ilícito. Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga mediática se pretenda desviar la atención presentándolos como presuntos delincuentes", agregó Fárez.

Señaló que los militares debieron haber avisado al sistema Ecu 911 del hecho y haber puesto a los niños en manos de la unidad especial de la Policía. Ese "procedimiento es obligatorio", mencionó.

En la diligencia también participaron una decena de abogados y de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes dieron sus puntos de vista sobre cómo debería tratarse este caso.

Por la mañana, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya había pedido al Estado ecuatoriano que establezca "de forma urgente" una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores.

Quito, 24 dic (EFE).- La Fiscalía General de Ecuador anunció este martes que formulará cargos contra 16 militares implicados en la detención y posterior desaparición de cuatro niños, el pasado 8 de diciembre en el sur de la ciudad portuaria de Guayaquil, en un caso que ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana.

La Fiscalía, en un mensaje por la red X, indicó que en el denominado "caso Malvinas", que investiga la desaparición de los cuatro menores, el Ministerio Público solicitará que la justicia fije "fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación" en el delito.

La acción fiscal estará a cargo de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, añadió la fuente.

De su lado, el Ministerio de Defensa informó este martes de que, por disposición del titular de la Cartera, Gian Carlo Loffredo, se ha puesto "bajo custodia militar a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea investigados por la justicia" en este caso.

Agregó que la custodia de los sospechosos "estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga".

También se ha dispuesto que, "en caso de ser requerido por el sistema judicial", las Fuerzas Armadas movilizarán "inmediatamente a los investigados para ponerlos en manos de la justicia" civil.

El Ministerio de Defensa, en su comunicado, reiteró su compromiso de colaborar con la justicia y remarcó que, bajo ese principio, "nada ni nadie estará por encima de la ley".

Este caso ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, sobre todo luego que circularan videos y las autoridades confirmaran que los cuatro menores fueron detenidos en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, por una patrulla de militares.

Grupos de derechos humanos y activistas sociales han efectuado manifestaciones para exigir que se investigue el caso y que el Estado garantice que los menores vuelvan con sus familias.

El Gobierno, por su parte, ha recalado en que la patrulla militar habría liberado a los menores tras un tiempo detenidos, en la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una base de la Fuerza Aérea.

Incluso el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, a solicitud de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, ha pedido este mismo martes al Estado ecuatoriano que formule una estrategia integral y urgente para la búsqueda inmediata de los cuatro niños desaparecidos: Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).

Guayaquil (Ecuador), 24 dic (EFE).- El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) emitió este martes una serie de medidas urgentes para el Estado ecuatoriano en el marco del proceso de búsqueda y localización de cuatro menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre, en Guayaquil, tras ser aprehendidos por una patrulla militar.

El Comité pide a Ecuador establecer "de forma urgente" una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), según un documento proporcionado a EFE por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que asesora a las familias de los menores.

También exige que esa estrategia cumpla con los requisitos de la debida diligencia en cada una de las etapas del proceso de búsqueda y que se realice con un enfoque diferencial, tomando en cuenta el interés superior del niño, así como su pertenencia al pueblo afrodescendiente.

Además, pide que ese proceso explore todas las hipótesis investigativas existentes en el caso, "incluso la posibilidad de que los hechos en referencia constituyan una desaparición forzada debido al alegado involucramiento de agentes estatales".

La desaparición de los cuatro menores ocurrió la noche del domingo 8, después de que salieran a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

Hombres vestidos de militares detuvieron a los menores cuando, después de la práctica deportiva, caminaban cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Videos de cámaras de seguridad han mostrado en redes sociales cuando varios militares llegan hasta el sitio en el que estaban los menores, los suben a una camioneta y se los llevan.

El Comité de la ONU hizo énfasis en que esos videos son necesarios para las investigaciones.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el lunes que los menores fueron aprehendidos por la patrulla militar en un sitio donde presuntamente una mujer era víctima de un robo, pero que los uniformados después los dejaron en libertad.

El Comité pidió también que se implementen mecanismos "oficiales y claros" a través de los cuales se informe a las familias sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación.

Además de las recomendaciones que, según el CDH, son de obligatorio cumplimiento para Ecuador, el Comité de la ONU emitió medidas cautelares a favor de los padres y madres de los niños, ya que, según la información que poseen, "enfrentarían un alto riesgo de represión, intimidación o represalias por la denuncia por las alegadas desapariciones de sus hijos menores de edad".

También solicitó a Ecuador que preserve la vida e integridad de los parientes, que les brinde protección con agentes especializados, y que se protejan los partes, informes o bitácoras realizadas por las Fuerzas Armadas durante esa noche, que podrían estar "en riesgo por destrucción o mal uso".

El Estado ecuatoriano debe "informar sin demora" sobre las medidas adoptadas en este caso a más tardar el 7 de enero de 2025.

Los familiares de los menores desaparecidos también se reunieron el lunes con el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, quien se comprometió a dialogar con las autoridades ecuatorianas "para un rápido avance de la investigación".

Además, les aseguró que daría seguimiento a este caso para garantizar que las acciones estatales estén alineadas con las normas internacionales de derechos humanos.